Una jueza respalda la autoridad de Trump para deportar a miembros del Tren de Aragua bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

Una jueza federal respaldó con un fallo de 43 páginas la autoridad de la Administración Trump para deportar a los miembros de la peligrosa banda venezolana Tren de Aragua en virtud de la Ley de Extranjeros Enemigos.

Si bien el fallo de la jueza Stephanie L. Haines abre la puerta para que el Gobierno federal reinicie las deportaciones de inmigrantes venezolanos con récords criminales en EEUU, también exige que la Administración Trump cumpla con el debido proceso de los acusados, instruyendo a las autoridades que informen al sospechoso sobre las acusaciones en su idioma nativo, concediéndole 21 días para presentar objeciones y ofrecerle una “oportunidad de ser escuchado” ante un tribunal.

La Administración Trump ha sido criticada por organizaciones defensoras de los inmigrantes por presuntamente enviar a venezolanos de forma errónea a El Salvador bajo acusaciones de que pertenecen al Tren de Aragua.

Las organizaciones y los familiares de diversos deportados afirman que el Gobierno federal no cumplió con el debido proceso en las deportaciones. La Administración Trump, por su parte, ha negado vehemente las acusaciones.

La decisión de la jueza Haines, a pesar de que exige al Gobierno federal de que cumpla los estándares legales para llevar adelantes las deportaciones, representa una victoria para Trump y su plan de deportaciones de inmigrantes con antecedentes en el país. De hecho, el fallo que contradice otras decisiones anteriores que prohíben a la Administración llevar adelante deportaciones basándose en la Ley de Extranjeros Enemigos, que es una legislación pensada para expulsar enemigos de EEUU en tiempos de guerra.

Por ejemplo, a principios de mes, otro juez federal sostuvo que no impediría que la Administración deportara a personas que se encuentran ilegalmente en el país, pero concluyó que la Ley de Extranjeros Enemigos no aplica como base legal para expulsar a presuntos miembros de pandillas como el Tren de Aragua.

A pesar de que Haines dio la razón en parte al Gobierno federal, su decisión solo aplica a detenidos en el oeste de Pensilvania, en su distrito, que incluye Pittsburgh y el centro de detención de inmigración Moshannon Valley.