La Administración Trump demanda a Colorado y Denver por limitar la cooperación con las autoridades migratorias

La Administración del presidente Donald Trump intensificó su ofensiva contra las llamadas ‘ciudades santuario’ al presentar una demanda el viernes contra el estado de Colorado y la ciudad de Denver. 

La acción legal, interpuesta en un tribunal federal de Colorado, acusa al estado, a la ciudad y a sus líderes —el gobernador Jared Polis y el alcalde Mike Johnston— de obstaculizar las operaciones federales de inmigración mediante leyes y políticas locales que limitan la cooperación con las autoridades migratorias. 

Detalles de la demanda

La demanda cuestiona varias leyes estatales y municipales de Colorado que restringen la colaboración con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). 

Entre las normativas impugnadas se encuentra una ley estatal que prohíbe a los agentes detener a una persona únicamente por una orden de detención migratoria civil, una solicitud federal para retener a un detenido. 

Además, otras leyes estatales limitan el intercambio de información entre funcionarios locales y federales, y prohíben que las cárceles locales alberguen a personas detenidas por infracciones migratorias civiles.

En el caso de Denver, la demanda apunta a una medida municipal que prohíbe el uso de recursos de la ciudad para apoyar la aplicación de leyes migratorias, así como a una orden ejecutiva de 2017 emitida por el entonces alcalde, que buscaba posicionar a Denver como una ciudad "segura y acogedora" para todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio. 

La Administración Trump solicita que el tribunal declare estas leyes inconstitucionales y prohíba su aplicación, argumentando que socavan la "supremacía de la ley federal de inmigración".

Las políticas de ‘ciudades santuario’, adoptadas por muchos gobiernos locales de tendencia demócrata, buscan mantener a los departamentos de policía al margen de las actividades de control migratorio. 

Según funcionarios demócratas, estas medidas fomentan la confianza de las comunidades inmigrantes, permitiéndoles denunciar delitos, interactuar con servicios de salud y acceder a escuelas sin temor a represalias migratorias. 

Sin embargo, la Administración Trump y otros líderes republicanos sostienen que estas políticas protegen a delincuentes y representan un riesgo para la seguridad pública.

El gobernador Polis, en un comunicado, defendió la postura de Colorado, afirmando que el estado no es un "santuario" y que colabora regularmente con las fuerzas del orden a nivel local, estatal y federal. "Si los tribunales dicen que alguna ley de Colorado no es válida, entonces seguiremos el fallo", señaló. 

Por su parte, el alcalde Johnston, en una entrevista, destacó que Denver ya notifica al ICE cuando un "extranjero deportable" está por ser liberado de custodia, pero enfatizó la importancia de mantener hospitales, escuelas y juzgados como espacios seguros, fuera del alcance de las autoridades migratorias. 

Johnston también rechazó la narrativa de que Denver alberga a miles de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales violentos, calificándola como un "mito".

La demanda no es un caso aislado

La Administración Trump ha presentado acciones legales similares contra Illinois y Chicago en febrero, y contra Rochester, Nueva York, el mes pasado, ambas aún en curso. 

El lunes, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que instruye a la fiscal general Pam Bondi y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a publicar una lista de gobiernos estatales y locales considerados "santuarios" por la Administración, y a emplear "todos los recursos legales y medidas coercitivas" contra ellos.

En Wisconsin, un memorando estatal que orientaba a los trabajadores a contactar a un abogado si agentes de ICE visitaban sus lugares de trabajo provocó una advertencia del zar fronterizo Tom Homan, quien prometió consecuencias. 

En un caso reciente en Milwaukee, una juez fue arrestada por el FBI bajo cargos de obstrucción a la justicia, acusada de haber ayudado a un inmigrante indocumentado a salir de un tribunal para evitar su detención por agentes de ICE.

Casos en Colorado

La demanda menciona específicamente a Aurora, una ciudad que Trump ha señalado repetidamente como un ejemplo de los supuestos peligros de las políticas santuario, alegando que la pandilla venezolana Tren de Aragua ha tomado el control de edificios de apartamentos. 

Sin embargo, funcionarios de Aurora han calificado estas afirmaciones como exageradas. En otro caso reciente, más de 100 personas, identificadas por las autoridades federales como inmigrantes indocumentados, fueron arrestadas en una redada en un club nocturno de Colorado Springs, con la colaboración de la policía local.

El alcalde de Colorado Springs, Yemi Mobolade, un inmigrante nigeriano, respaldó los arrestos, declarando que los inmigrantes indocumentados que cometen delitos deben enfrentar consecuencias, incluyendo la deportación.