El juez Scott McAfee falló que Fani Willis o Nathan Wade deben abandonar el caso contra Donald Trump y el resto de acusados por injerencia electoral en Georgia para que éste pueda seguir adelante. En un escrito de 23 páginas, McAfee expone que no ve indicios suficientes para considerar que existió "conflicto de intereses" al contratar Willis a su amante -independientemente de cuándo comenzó esta relación-, pero sí "apariencia de incorrección", por lo que ambos no pueden continuar con la acusación. Además, el juez descartó anular el juicio puesto que "la desestimación de la acusación no es el remedio apropiado para disipar adecuadamente la nube financiera de incorrección y posible falsedad que se encuentra aquí".
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Descarta destituir a Willis
McAfee apuntó que no procede a destituir a Willis porque "tampoco es necesaria la descalificación de un funcionario constitucional cuando existe una opción menos drástica y suficientemente reparadora". No obstante, puede acabar fuera del caso si el Estado de Georgia se decantara por retirarla a ella manteniendo a Williams.
El Tribunal concluye que el enjuiciamiento de este caso no puede continuar hasta que el Estado elija una de dos opciones. La Fiscal de Distrito puede optar por apartarse, junto con toda su oficina, y remitir la acusación al Consejo de Fiscales para su reasignación. Alternativamente, SADA Wade puede retirarse, permitiendo que el Fiscal de Distrito, los acusados y el público sigan adelante sin que su presencia o remuneración distraiga y comprometa potencialmente el fondo de este caso.
"No hay pruebas suficientes" de conflicto de interes
El juez señaló que "no hay pruebas suficientes" de que Willis adquiriera "un interés personal por la acusación" o que el beneficio obtenido por su amante por su trabajo tuvieran impacto en el caso en si. No obstante, McAfee critica "el terrible error de juicio" y "la forma poco profesional del testimonio de la fiscal de distrito durante la audiencia de pruebas", y deja en manos de otras instituciones que se hagan cargo de ello.
Sin pruebas suficientes de que la Fiscal de Distrito adquiriera un interés personal en la acusación, o de que sus acuerdos financieros tuvieran algún impacto en el caso, las alegaciones de los Demandados de un conflicto real deben ser denegadas. Esta conclusión no es en absoluto una indicación de que el Tribunal aprueba este tremendo error de juicio o la forma poco profesional del testimonio de la Fiscal de Distrito durante la audiencia de pruebas. Más bien, es la opinión del abajo firmante que la ley de Georgia no permite la constatación de un conflicto real por el simple hecho de tomar malas decisiones - incluso en repetidas ocasiones - y es el deber del tribunal de primera instancia limitarse a las cuestiones pertinentes y la ley aplicable debidamente presentada ante él. Otros foros o fuentes de autoridad, como la Asamblea General, la Comisión de Ética del Estado de Georgia, el Colegio de Abogados del Estado de Georgia, la Junta de Comisionados del Condado de Fulton o los votantes del Condado de Fulton, pueden ofrecer información sobre cualquier cuestión que quede sin resolver. Pero esas no son las cuestiones determinantes para las peticiones de los demandados que alegan un conflicto real.
Una sentencia que " debería infundir confianza en el proceso".
Como conclusión, McAfee señala que, "el resultado debería infundir confianza en el proceso", y asegura que cualquier "observador razonable", sin prejuicios partidistas debería ver que se escuchó y permitió a ambas partes exponer las pruebas que consideraron oportunas.
Independientemente de que este caso termine en condenas, absoluciones o algo intermedio, el resultado debería infundir confianza en el proceso. Un observador razonable, libre de anteojeras partidistas, debería creer que la ley se aplicó imparcialmente, que los acusados de delitos tuvieron una oportunidad justa de presentar sus defensas y que cualquier veredicto se basó en los mejores esfuerzos de nuestro sistema de justicia penal por esclarecer la verdad. Cualquier distracción que vaya en detrimento de estos objetivos, si es remediable conforme a la ley, debe ser abordada proporcionalmente. Tras el examen del expediente establecido en estas mociones, el Tribunal considera que las alegaciones y las pruebas son jurídicamente insuficientes para apoyar una conclusión de un conflicto de intereses real. Sin embargo, la apariencia de impropiedad permanece y debe ser tratada como se ha indicado anteriormente antes de que la acusación pueda proceder. Por lo tanto, las mociones de los demandados se conceden en parte y se deniegan en parte.
