Joe Biden perdió la batalla legal contra la Corte Suprema de Justicia (SCOTUS) y las cuotas a pagar por deudas estudiantiles, pausadas desde la pandemia del Covid-19, se reanudarán en otoño. Si bien el presidente tiene una nueva propuesta, la cual costaría un aproximado de 156.000 millones de dólares, no es seguro que llegue a buen puerto y podría tener el mismo destino que su predecesora.

Casualmente, este otoño de reinició en cuanto a las deudas coincide con el momento en el que Joe Biden intenta convencer a los votantes del buen desempeño económico de los Estados Unidos.

Según un análisis del Wall Street Journal, los consumidores se verían afectados por el regreso de los pagos mensuales, concretamente en su capacidad de ahorro y compra de bienes y servicios. “Esta será una obligación adicional significativa que podría conducir a una mayor dificultad crediticia entre el sector de los hogares y potencialmente cambiar algunos patrones de gasto en ciertos segmentos de la población”, declaró al respecto Rohit Chopra, director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.

¿Puede esto afectar la reelección de Joe Biden?

En las inmortales palabras de James Carville, estratega principal de la exitosa campaña presidencial Bill Clinton en 1992, en definitiva, "es la economía, estúpido". Por lo tanto, cuando los norteamericanos que tienen deuda estudiantil comiencen a pagarla nuevamente y vean mermada su capacidad de compra y ahorro, podrían desquitarse con el actual presidente demócrata.

Así lo ve Alec Phillips, economista político jefe de Goldman Sachs. “Si eres el titular, en última instancia, parte de una elección es solo un referéndum sobre la economía. Realmente no importa quién es responsable de qué. Si la gente no está contenta, entonces se desquitarán con el titular”, declaró en diálogo con POLITICO.

Previo a la pausa, la Reserva Federal había encontrado que, en promedio, quienes poseían deuda pagaban entre 200 y 299 dólares al mes. De acuerdo con Bank of America Institute, esta adición molestaría particularmente a los hogares que obtengan menos de 251 mil dólares anuales.

Anna Zhou, economista del mencionado instituto, habló con el mencionado medio y aclaró que la mayoría de los hogares afectados tiene un colchón suficiente para afrontar el gasto, pero que posiblemente se vean obligados a moderar sus gastos discrecionales o a reducir sus ahorros en consecuencia.

El paso a paso del nuevo programa educativo de Biden

Según la Administración, los prestatarios podrán inscribirse “más adelante en verano” y quienes ya estén inscriptos en REPAYE pasarán automáticamente a SAVE. Quienes se anoten antes de la finalización del verano tendrán sus solicitudes "procesadas a tiempo" para las fechas de vencimiento del primer pago que comienzan en octubre.

Según el presidente, el plan es "legalmente sólido” y tiene como base la Ley de Educación Superior de 1965. "Va a tomar más tiempo, pero, en mi opinión, es el mejor camino que queda para proporcionar alivio de la deuda a tantos prestatarios como sea posible", indicó al respecto.

Los beneficios concretos de la iniciativa serían los siguientes: aumentar el umbral de ingresos para los pagos de cero dólares del 150% de la línea de pobreza al 225%, reduciendo así los pagos para los prestatarios de bajos ingresos. Por otro lado, entrarían en vigor nuevos límites de interés y los prestatarios no tendrán que pagar los intereses que se acumulen en un mes más allá de lo que cubre su pago mensual.

En diálogo con Newsweek, Laurence H. Tribe, profesor emérito de la facultad de derecho de la Universidad de Harvard, indicó que “al invocar la Ley de Educación Superior de 1965 y ordenar al Secretario de Educación que avance con un nuevo programa de alivio de la deuda utilizando la Ley de Procedimiento Administrativo para presentar sus detalles para comentario público, Joe Biden está protegiendo sus planes contra desafíos legales exitosos”.

A su vez, esto no quiere decir que sea a prueba de demandas. “Estas personas no son más que litigantes, y es parte de su ADN recurrir a demandas contra cualquier cosa que no encuentren de su agrado. Mientras eviten desafíos legalmente frívolos, no hay nada de malo en eso”, sumó.

¿Cuánto cuesta el nuevo plan?

Según las estimaciones de la Casa Blanca, la iniciativa SAVE costará alrededor de 156 mil millones de dólares durante la próxima década, cifra que se sitúa por debajo de lo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso.