Un juez federal declina la solicitud de Biden de acabar con el plan 'Quédate en México'
Esta medida, implantada por Trump, sostiene que los solicitantes de asilo esperen en territorio mexicano antes de su resolución judicial.
(Cordon Press)
El juez Matthew Kacsmaryk rechazó la solicitud de la Administración Biden para acabar con el plan 'Quédate en México' -también conocido como Protocolo de Protección de Inmigrantes, MPP-, una política promulgada por Donald Trump con la que los solicitantes de asilo tienen que esperar en territorio mexicano mientras se resuelve su petición, y así evitar la entrada de inmigración ilegal en el país.
La solicitud del gobierno de los Estados Unidos pasó por diferentes órganos judiciales. Kacsmaryk, que preside el Tribunal Federal de Apelaciones para el Distrito Norte de Texas, subrayó en su decisión que "esta acción tiene una compleja historia procesal, habiendo pasado de este Tribunal al Quinto Circuito, a la Corte Suprema y de vuelta a este Tribunal en devolución".
El gobernador de Texas Greg Abbott adjuntó la resolución del juez Kacsmaryk en su cuenta de Twitter y celebró que la justicia se ponga del lado de quienes rechazan la entrada de inmigrantes ilegales:
El juez alude a los peligros que los inmigrantes pasan durante su viaje a la frontera
El juez Kacsmaryk señaló que la Administración Biden hace mención a las condiciones a las que se exponen los inmigrantes en la frontera pero no dice nada de las dificultades que pasan durante "su peligroso viaje hasta la frontera sur".
Además, Kacsmaryk recalcó que el gobierno federal no tiene en cuenta los beneficios de los Protocolos de Protección Migratoria, como la reducción de la inmigración ilegal o el control de las solicitudes de asilo "no meritorias".
Golpe a la política migratoria de Biden y Majorkas
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), Alejandro Majorkas, dio por terminados los Protocolos de Protección Migratoria en un memorando publicado en octubre de 2021:
Texas dijo que el informe de Majorkas vulneraba la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) -que permite la deportación de un inmigrante que ha cruzado la frontera por tierra de manera ilegal tras su audiencia judicial- y llevó la decisión del DHS al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito y sentenció a favor del gobierno texano.
El caso llegó al Tribunal Supremo, que revocó la resolución de la Corte de Apelaciones y dictaminó que el memorando de Majorkas tenía validez y no vulneraba la ley de inmigración.
Finalmente, el caso fue devuelto al Tribunal de Distrito Norte de Texas, que falló en contra del gobierno federal. La Administración Biden aún tendría margen para presentar la apelación del fallo del tribunal.
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