Una semana cualquiera: Nueva York, Toronto, Berlín, París

Repasemos el calendario, nada más. El miércoles 23 de julio, en el Upper West Side de Manhattan, un hombre apuñaló a dos personas gritando "Allahu Akbar"; ese mismo fin de semana, en Toronto, dispararon contra dos locales de una cadena de panaderías judías; el sábado 25, en Berlín, una camioneta arrasó a la multitud que cerraba el desfile del Orgullo, matando a una mujer e hiriendo a otras 29, y el lunes 27, en París, un hombre atacó a cuchillazos a tres mujeres —una de ellas embarazada— cerca de Porte de Clichy, mientras repetía que "fue Alá quien se lo ordenó".

No es una serie de hechos aislados que la casualidad decidió juntar en la misma semana: es la normalidad con la que Occidente ha aprendido a convivir, y que buena parte del discurso público sigue tratando como una anomalía estadística en lugar de un patrón que se repite, día a día, mes tras mes.

De los cuatro casos, el de Berlín es el que mejor expone cómo funciona (o más bien, cómo no funciona) el aparato institucional que debería estar previniendo el crecimiento brutal del terrorismo islámico. El atacante, Abdul Ballout, de 21 años, no era un desconocido para el sistema judicial y de seguridad. Había viajado en 2025 con intención de sumarse al Estado Islámico en Siria y fue detenido en Líbano; de regreso en Alemania, un tribunal de menores lo condenó en mayo de 2026 a un año y diez meses por preparar un acto grave de violencia contra el Estado y por difundir propaganda del Estado Islámico. La fiscalía había pedido dos años y diez meses; el tribunal decidió que alcanzaba con menos.

La sentencia fue en suspenso. Ballout salió libre ese mismo mes, con la única condición de asistir a un programa de desradicalización para delincuentes. El programa tenía previstas varias sesiones. Asistió a dos. Los propios responsables del programa, la Violence Prevention Network, reconocieron después del atentado que ya habían detectado señales de alarma y se disponían a informar a las autoridades que la supuesta colaboración de Ballout parecía "falsa". Nadie actuó a tiempo. Días después mató a una mujer en el Tiergarten.

Ni siquiera hace falta el diagnóstico retrospectivo de un analista externo: el propio canciller alemán, Friedrich Merz, salió a preguntar públicamente por qué Ballout estaba libre, y su ministro del Interior, Alexander Dobrindt, fue todavía más directo: dado el historial de apoyo al Estado Islámico, "se puede asumir que ciertamente habría tenido sentido poner a esta persona bajo custodia". Lo reconoció el propio Gobierno de Alemania: el sistema tuvo en sus manos a un hombre condenado por planear un atentado en nombre del Estado Islámico, y decidió que la respuesta correcta era un cronograma de charlas de reeducación con evaluadores civiles que ni siquiera confiaban en su sinceridad.

Como si esto no alcanzara, hubo un segundo aviso ignorado: apenas tres semanas antes del atentado, la policía allanó el domicilio de Ballout por sospecha de infracción a la ley de armas, no encontró más que una pistola de juguete, y cerró el caso sin más preguntas. Un condenado por terrorismo yihadista, en libertad condicional, faltando sistemáticamente a su propio programa de reinserción, con la policía tocándole la puerta semanas antes de la masacre, y ningún engranaje del Estado alemán conectó los puntos.

Luego el dato que roza lo absurdo: los organizadores del Christopher Street Day emitieron un comunicado el domingo pidiendo que el atentado "no sea instrumentalizado con fines políticos" y que "no se ponga bajo sospecha a ningún grupo". La consigna de "no dividir a la sociedad" responde a un reflejo automático, disparado por el mero hecho de que el sospechoso pudiera resultar musulmán. Escenas como esta, de asistentes o medios progresistas tratando de decirle al mundo que lo que sus propios ojos ven no es la realidad se repitieron en las repercusiones del atentado.

Cuesta calificar estas reacciones sin pensar que se trata de un dogma patológico. La exigencia de "no politizar" aparece con reflejo condicionado cada vez que el victimario no responde al esquema woke de opresores y oprimidos.

Si el conductor de esa camioneta hubiera sido un miembro de AfD, por ejemplo, el ecosistema islamoizquierdista no habría pedido calma ni mesura. Habría sido la portada de cada diario de Europa durante una semana. La calma selectiva responde a una jerarquía moral encubierta que decide, antes de cualquier investigación, qué tipo de delito merece indignación pública y cuál merece un comunicado de contención.

El fin de semana dejó, además, una postal que resume la confusión ideológica en la que quedó atrapada buena parte del activismo progresista europeo. Mientras la marcha oficial del Orgullo era atacada por un islamista radicalizado, a pocos kilómetros, en el barrio de Kreuzberg, se celebraba una marcha paralela y autodenominada queer, la Internationalist Queer Pride for Liberation, organizada bajo consignas "anticoloniales, antirracistas y anticapitalistas". La policía tuvo que dispersarla por ataques reiterados a los agentes y por consignas antisemitas, con 57 detenidos y 17 policías heridos.

Es decir: el mismo día, un sector del activismo queer elegía manifestarse en clave propalestina y antisemita mientras el verdadero peligro para la comunidad LGBT+ circulaba libremente. La incapacidad de buena parte de ese activismo para identificar a sus predadores no es un detalle anecdótico: es la prueba de que la brújula ideológica de la izquierda "interseccional" señala automáticamente hacia Israel y hacia occidente, incluso el mismo fin de semana en que la amenaza real y letal para los cuerpos que dice defender tenía nombre, apellido y una condena en suspenso por apoyar al Estado Islámico. Ni siquiera la sangre en el Tiergarten alcanzó para reordenar esa brújula.

Esto no es exclusivo de Alemania. Es el mismo circuito que ya vimos en Winterthur, Suiza, en mayo, cuando un ciudadano suizo de origen turco apuñaló a tres personas en la estación de trenes gritando "Allahu Akbar"; el mismo que se vio meses atrás en Londres, cuando un hombre atacó a cuchillazos a a dos judíos en Golders Green. El denominador común no es la nacionalidad del atacante, ni el país donde ocurre, sino una sociedad y un sistema institucional que, una y otra vez, tiene al sospechoso identificado, fichado, incluso condenado, y decide que la contención no vale la pena frente al costo político de mantener detenido a alguien para no recibir acusaciones de islamofobia.

Mientras ahora se discute en Alemania si hay que reformar la justicia juvenil para estos casos, en Francia respecto del atentado del lunes, el Gobierno duda en calificar el ataque como terrorismo islámico, pese a que el propio atacante lo proclamó con su boca mientras lo reducían en el piso. La cautela burocrática ante lo obvio es, en sí misma, parte del mismo problema que dejó a Ballout con dos clases de derradicalización y una condena en suspenso: la distancia entre lo que el atacante dice de sí mismo con su propia voz, y lo que el sistema está dispuesto a admitir, por no reconocer lo suicida de su agenda y a riesgo de la vida se sus ciudadanos.