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ANÁLISIS

Enero Rojo: la liquidación del levantamiento iraní de 2026

Mientras Irán restablece un acceso limitado a Internet, nuevas pruebas forenses detallan asesinatos masivos, mutilaciones y desapariciones durante las protestas a nivel nacional.

Un manifestante corta la bandera de la República Islámica de Irán

Un manifestante corta la bandera de la República Islámica de IránAFP.

Shimon Sherman
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Después de casi tres semanas de aislamiento digital casi total, empiezan a aparecer las primeras pruebas detalladas de la represión de enero de 2026 en Irán, que ofrecen lo que los grupos de derechos humanos describen como un escalofriante panorama de violencia masiva dirigida por el Estado.

La República Islámica impuso lo que los observadores han denominado un "telón de hierro digital" a principios de enero, cortando el acceso global a Internet y deshabilitando grandes partes de la intranet nacional del país. Aunque la conectividad se está restableciendo ahora con cautela para determinados sectores empresariales y usuarios autorizados por el Gobierno, breves ventanas de acceso han permitido que miles de archivos —vídeos, fotografías, historiales médicos y testimonios— lleguen a observadores fuera de Irán.

Según analistas y observadores de derechos humanos, el material documenta una represión coordinada, de estilo militar, de las protestas del 8 y 9 de enero que incluyó el uso de armamento pesado en zonas civiles, disparos de francotiradores, detenciones masivas, desapariciones forzadas y amplios esfuerzos por ocultar la magnitud de las víctimas.

Apagón premeditado

Las organizaciones de monitoreo independientes afirman que el apagón de comunicaciones a nivel nacional no fue una medida reactiva, sino una operación preplanificada diseñada para proteger la represión del escrutinio.

Los datos de tráfico de la red indican que los proveedores de telefonía móvil sufrieron un bloqueo progresivo a partir del 7 de enero, que culminó con un corte casi total en la noche del 8. En cuestión de minutos, la conectividad global a Internet cayó por debajo del 1%.

Grupos de derechos humanos y analistas de inteligencia informan que el apagón estuvo acompañado por el despliegue de unidades móviles de guerra electrónica en las principales ciudades, incluidas Teherán, Isfahán y Mashhad. Según los informes, estas unidades bloquearon los servicios de Internet vía satélite, incluidos terminales introducidos de contrabando, creando "zonas muertas" localizadas incluso donde existían opciones alternativas de conectividad.

El efecto, según los grupos de derechos humanos, fue impedir que los manifestantes se coordinaran y bloquear la documentación en tiempo real de los acontecimientos a medida que las fuerzas de seguridad avanzaban.

Uso de fuego real y armamento pesado

A medida que han ido apareciendo fragmentos de imágenes y testimonios, se ha ido perfilando un patrón coherente. Según múltiples organizaciones de derechos humanos, las fuerzas de seguridad —incluidas las unidades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y los auxiliares Basij— utilizaron munición real de forma generalizada en zonas urbanas densamente pobladas.

Informes procedentes del oeste y el norte de Irán describen el uso de ametralladoras pesadas montadas en camiones contra multitudes. Los relatos de testigos presenciales y las imágenes de vídeo apuntan también a despliegues coordinados de francotiradores desde tejados y posiciones elevadas, cuyas víctimas sufrieron heridas de precisión de bala en la cabeza y el torso.

Los grupos de derechos humanos afirman que también se atacó a transeúntes, incluidas personas a las que se disparó en el interior de viviendas o en balcones, lo que sugiere un esfuerzo por desalojar barrios enteros en lugar de dispersar las manifestaciones.

Paralelamente a los disparos con munición real, varias organizaciones están investigando informes sobre el uso de sustancias químicas no identificadas en varias ciudades. Los testigos describieron botes de gas que emitían un humo coloreado que provocaba dificultades respiratorias agudas, debilidad muscular y entumecimiento, efectos distintos de los del gas lacrimógeno normal.

Según los informes, las imágenes de vídeo revisadas por observadores internacionales muestran a personal de seguridad con equipo de protección completo cerca de las zonas afectadas. Los investigadores están estudiando si se utilizaron estos agentes para inmovilizar a los manifestantes antes de utilizar munición real.

Mutilaciones y ataques sistemáticos

Los profesionales médicos de Irán informan de una oleada sin precedentes de lesiones traumáticas, especialmente en los ojos. Los oftalmólogos han descrito una oleada de pacientes que sufren traumatismos oculares bilaterales compatibles con impactos de perdigones metálicos a corta distancia.

Un cirujano oftalmólogo de alto nivel que trabaja con observadores internacionales afirmó que se registraron miles de casos de este tipo en todo el país durante el punto álgido de la represión, con una abrumadora mayoría de lesiones en la cara, lo que sugiere que se trataba de un ataque deliberado y no de un accidente de control de masas.

Antiguos detenidos también han descrito graves torturas, incluido el uso de herramientas industriales para inutilizar las articulaciones, supuestamente destinadas a impedir la participación futura en protestas.

Hospitales convertidos en centros de detención

Según informes de organizaciones de derechos humanos y periodistas, los hospitales no fueron refugios seguros durante la represión. Al parecer, unidades de seguridad armadas sacaron a manifestantes heridos directamente de los quirófanos y las unidades de cuidados intensivos, trasladándolos a lugares no revelados.

En los centros forenses, los testimonios recogidos por grupos de derechos humanos describen personas heridas colocadas en bolsas para cadáveres junto a los muertos. Las pruebas fotográficas examinadas por los medios de comunicación internacionales parecen mostrar a víctimas aún sujetas al equipo médico, con heridas de bala a corta distancia.

El personal médico afirma que se les presionó para que falsificaran los certificados de defunción, enumerando causas como paro cardiaco o insuficiencia respiratoria en lugar de heridas de bala. Al parecer, varios médicos huyeron del país tras negarse a obedecer.

Ocultamiento y enterramientos masivos

El 9 de enero, documentos filtrados del Ministerio de Sanidad indicaban que se había agotado el suministro nacional de bolsas para cadáveres. Al parecer, se requisaron camiones frigoríficos de transporte normalmente utilizados para la distribución de alimentos para trasladar un gran número de cadáveres de los hospitales a instalaciones centralizadas.

Las imágenes por satélite y las pruebas visuales examinadas por los observadores internacionales señalan la existencia de enterramientos masivos, incluidas supuestas trincheras en zonas desérticas remotas. Según los informes, las familias que buscaban los restos de sus parientes se vieron obligadas a pagar "tasas" y a firmar declaraciones en las que atribuían las muertes a causas naturales o al terrorismo antes de que se les permitiera un acceso limitado a los lugares de entierro.

Detenciones y desapariciones

Más allá de las víctimas mortales, los grupos de derechos humanos estiman que decenas de miles de personas fueron detenidas en todo el país. Dado que las prisiones estaban desbordadas, las autoridades habrían convertido bases militares, almacenes e instalaciones deportivas en centros de detención improvisados.

Los observadores han documentado la detención de menores, incluidos niños de tan sólo 12 años, y un patrón generalizado de desapariciones forzadas, sin que las familias reciban información sobre el paradero o la situación legal de los detenidos.

Cifras de muertos contradictorias

El Gobierno iraní reconoció más de 3.000 muertes en una declaración hecha pública el 21 de enero, en la que calificaba a muchas de las víctimas como personal de seguridad o "terroristas". Grupos de derechos humanos y redes médicas cuestionan esa cifra, citando datos hospitalarios y forenses que sugieren que el número de víctimas mortales es mucho mayor.

Observadores independientes afirman que miles de casos siguen sin resolverse, sobre todo los que desaparecieron durante el apagón de Internet. A medida que surgen datos adicionales, las organizaciones de derechos humanos describen cada vez más la represión de enero de 2026 como el episodio más mortífero de represión estatal en la historia moderna de Irán.

Para los investigadores, el fin del aislamiento digital de Irán quizá esté revelando ahora la verdadera magnitud de lo ocurrido durante esos dos días de enero —acontecimientos que muchos advierten podrían redefinir la comprensión global del uso de la fuerza por parte del régimen contra su propia población.

© JNS

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