Venezuela: la ONU advierte de que el aparato represivo permanece intacto

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela advirtió que, pese a las mejoras limitadas registradas en materia de derechos humanos, las instituciones estatales responsables de la represión y de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad permanecen intactas. 

En su informe del 16 de septiembre, el organismo señaló que los cambios observados no han estado acompañados de las reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora sostenida de la situación.

La Misión examinó los acontecimientos del último año y presentó conclusiones sobre las violaciones de derechos humanos que continúan produciéndose. También incluyó un análisis sobre los colectivos y sus vínculos con el Estado venezolano.

Tras conocer el documento, el opositor venezolano Edmundo González Urrutia afirmó que su contenido es grave y debe analizarse desde una premisa fundamental: “Los derechos humanos no son una concesión ni pueden depender de las circunstancias políticas”.

En una declaración difundida tras leer el informe, el dirigente opositor sostuvo que la reducción de algunas formas de represión no significa que hayan desaparecido las estructuras que las hicieron posibles.

Detenciones arbitrarias y torturas continúan en Venezuela

La Misión observó una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas asociadas tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero de 2026 y la captura de Nicolás Maduro. También señaló que las autoridades excarcelaron a cientos de personas detenidas por motivos políticos y permitieron un margen algo mayor para las protestas, las reuniones públicas y la participación de la sociedad civil.

Sin embargo, el organismo documentó que las estructuras legales, institucionales y de seguridad utilizadas para reprimir la disidencia siguen vigentes. Numerosas leyes empleadas para criminalizarla permanecen en vigor, mientras que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas.

La Misión también advirtió que los periodistas y otros actores de la sociedad civil continúan enfrentando obstáculos en su trabajo cotidiano. Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos. El 94% ocurrió antes de finales de 2025.

Después del 3 de enero, la Misión identificó un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración dirigidos a intimidar a activistas de la oposición, periodistas y otros actores de la sociedad civil.

Aunque las excarcelaciones redujeron significativamente el número de presos políticos, organizaciones no gubernamentales estiman que entre 379 y 500 personas permanecían detenidas. La ausencia de información oficial, transparente y verificable impide determinar con precisión quiénes han sido liberados, dónde se encuentran quienes continúan detenidos y cuál es su situación jurídica.

González Urrutia destacó este punto al señalar que “cientos de venezolanos continúan privados arbitrariamente de libertad”. También advirtió que siguen documentadas desapariciones forzadas, torturas y malos tratos.

La ONU documentó nuevos casos de tortura

La Misión continuó documentando patrones de tortura y malos tratos contra personas detenidas por motivos políticos.

En el centro penitenciario El Rodeo I, de máxima seguridad, registró prácticas como la intubación forzada y el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada conocida como la “máquina del tiempo”.

En Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar, investigó el confinamiento de personas en celdas similares a fosas excavadas bajo el nivel del suelo, la exposición al frío, la privación de alimentos y otras prácticas degradantes.

El organismo investigó 64 nuevos casos de tortura después del 3 de enero, un dato que, según el informe, indica que estas prácticas siguen siendo generalizadas.

La Misión también advirtió que cientos de personas continúan expuestas a condiciones de detención deplorables, con acceso severamente restringido a agua potable segura, alimentación adecuada, medicamentos y atención médica.

Asimismo, concluyó que varios casos de muerte bajo custodia de personas detenidas por motivos políticos estuvieron relacionados con la falta de acceso a atención médica adecuada y con malos tratos.

En su reacción, González Urrutia calificó de especialmente grave la conclusión de la Misión sobre la persistencia de una cultura institucionalizada de tortura, sostenida por la tolerancia y la impunidad.

Los colectivos y sus vínculos con el Estado

Uno de los apartados del informe está dedicado a los colectivos, grupos civiles armados progubernamentales que, según la Misión, constituyen un componente central del aparato represivo estatal y de un sistema más amplio de gobernanza local y control social.

El organismo encontró pruebas de relaciones de larga data que incluyen respaldo político, financiación directa e indirecta, apoyo logístico y material, coordinación operativa y protección institucional.

También tuvo motivos razonables para creer que el Gobierno suministró regularmente a los colectivos armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos móviles y equipos de radio.

La investigación identificó que estos grupos han desempeñado funciones de vigilancia e inteligencia, localizado a personas buscadas por organismos de seguridad y participado en la represión violenta de manifestaciones y en la persecución selectiva de opositores reales o percibidos.

La Misión determinó que, cuando los colectivos ejercen funciones de autoridad pública conferidas por la legislación venezolana o actúan bajo instrucciones, dirección o control de órganos estatales, sus actuaciones pueden ser atribuidas al Estado.