Quién es Alejandro Betancourt, el magnate venezolano que pasó de estar investigado en tres países a ser el hombre del petróleo de Trump en Venezuela

El multimillonario acuerdo petrolero anunciado entre Estados Unidos y Venezuela para explotar las vastas reservas del país sudamericano ha puesto nuevamente en el foco público a una de las figuras más controvertidas de las finanzas venezolanas: Leopoldo Alejandro Betancourt López.

A sus 46 años, el empresario encabeza North American Blue Energy Partners (NABEP), la firma privada que obtuvo acceso preferencial a 17 campos petroleros y concesiones a 100 años bajo la supervisión directa del Pentágono.

A pesar de que sectores críticos y la diáspora venezolana lo señalan como un exponente de la élite enriquecida al amparo del chavismo, la administración estadounidense justificó la alianza apelando al pragmatismo operativo.

"No estoy nominando a nadie para la santidad aquí. Lo que les digo es que esta es una persona que, en el pasado, ha sido útil para el gobierno de los Estados Unidos", admitió sin rodeos un alto funcionario de la Casa Blanca durante una conferencia telefónica con periodistas.

El salto de los contratos opacos al sector petrolero

La fortuna y el perfil público de Betancourt se consolidaron a principios de la década de 2010 a través de la empresa Derwick Associates.

En medio de la severa crisis eléctrica que azotó a Venezuela, la firma logró hacerse con contratos estatales sin licitación por un valor estimado en 5.000 millones de dólares para la construcción de plantas termoeléctricas, a pesar de que el grupo carecía de experiencia previa en la industria energética.

Investigaciones llevadas a cabo por organizaciones independientes como Transparencia Internacional estimaron que Derwick incurrió en sobrefacturaciones por un monto cercano a los 2.900 millones de dólares.

Asimismo, la empresa fue duramente cuestionada por la adquisición e instalación de turbinas usadas y defectuosas que no lograron mitigar los recurrentes apagones que colapsaron al país. En Venezuela, la opinión pública bautizó a Betancourt y a sus socios bajo el despectivo término de "bolichicos", en referencia a los jóvenes empresarios que amasaron gigantescas fortunas gracias a sus vínculos con el poder político chavista.

Posteriormente, Betancourt diversificó sus capitales adquiriendo participaciones en campos petroleros del occidente venezolano, activos que sirvieron como base para la constitución de NABEP, además de invertir en empresas europeas como la firma de gafas Hawkers y la compañía de licencias de transporte Auro.

Sombras judiciales y el uso de la influencia política

A lo largo de la última década, los movimientos financieros de Betancourt atrajeron el escrutinio de autoridades judiciales en Estados Unidos, España y Suiza en relación con un esquema de lavado de dinero por 1.200 millones de dólares que derivó en la imputación federal de su primo, Francisco Convit.

En 2019, tras ser señalado en reportes judiciales como co-conspirador no imputado, Betancourt contrató los servicios legales de Rudy Giuliani para gestionar reuniones al más alto nivel con el Departamento de Justicia.

El escrutinio judicial alcanzó un punto crítico cuando autoridades suizas ordenaron el registro de su oficina en Madrid y de su propiedad de lujo en España, el castillo El Alamín, valorado en 30 millones de dólares. Sin embargo, la investigación se vio frenada por las urgencias de la diplomacia energética.

Esta primavera, altos funcionarios estadounidenses —incluida la entonces fiscal general Pam Bondi— intervinieron mediante llamadas telefónicas ante las autoridades suizas para solicitar que detuvieran las acciones legales que impedían a Betancourt viajar desde el Reino Unido a Washington para culminar las negociaciones petroleras.

Para mayo, las autoridades suizas desistieron temporalmente de avanzar con la extradición, permitiéndole recuperar sus pasaportes y obtener un visado de entradas múltiples a territorio estadounidense.

El interlocutor pragmático en el tablero geopolítico

Más allá de la controversia, Betancourt logró posicionarse como un canal de comunicación clave entre Caracas y Washington.

Durante el primer mandato de Donald Trump, entabló nexos con Mauricio Claver-Carone, entonces director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional. Desde esa posición, sirvió como enlace entre la oposición venezolana, figuras del régimen chavista y altos mandos militares.

Su papel resultó instrumental durante los eventos de principios de año que concluyeron con la captura de Nicolás Maduro.

De acuerdo con reportes de Axios, Betancourt fue el encargado de contactar a Delcy Rodríguez para calmar las tensiones tras la detención del dictador y persuadirla de asumir la presidencia interina y entablar diálogo directo con el secretario de Estado, Marco Rubio. "Sin Betancourt, no hay acuerdo de seguridad energética. Y Maduro podría seguir en el poder si no fuera por él", reconoció una fuente oficial a Axios.

El pacto energético estructurado a mediados de agosto permite a la firma de Betancourt acceder a 17 campos bajo el amparo militar estadounidense, en un esquema donde Estados Unidos obtiene el 20% del crudo a precio de costo de producción.

Aunque la administración defiende el trato como un triunfo para la seguridad nacional, para diversos analistas y venezolanos en el exilio el acuerdo consagra la impunidad de un operador financiero que supo transformar sus cuestionados antecedentes en una valiosa ficha de cambio geopolítica.