El régimen interino de Venezuela y la Asamblea 2015 acuerdan la reestructuración total del Tribunal Supremo
La agenda económica y de infraestructura también ocupó un espacio central en las deliberaciones de las mesas técnicas.
Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez en el momento de la firma de los acuerdos alcanzados este 12 de agosto.
En Venezuela, la mesa de diálogo integrada por representantes del régimen interino y la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015 acordó la reestructuración integral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), paralizando los procesos previos para dar paso a una reforma conjunta de la ley orgánica de la máxima instancia judicial.
El mecanismo de negociación, promovido bajo la influencia del gobierno de los Estados Unidos, concretó de esta forma el balance de su primera etapa de sesiones permanentes iniciada el pasado 6 de agosto.
El consenso alcanzado obliga a modificar y expandir el Comité de Postulaciones Judiciales, abriendo una nueva convocatoria para cubrir las 32 magistraturas del TSJ bajo la lupa de un recién creado consejo de revisión de credenciales.
Este movimiento anula la ruta unilateral que la mayoría chavista de la Asamblea Nacional de 2025 había trazado en mayo, cuando incrementó el número de magistrados de 22 a 32.
Aunque la lista de aspirantes ya se encontraba en fase de impugnaciones bajo la conducción del diputado chavista Giuseppe Alessandrello, la dinámica de la mesa y la coyuntura derivada del doble terremoto del pasado 24 de junio forzaron el congelamiento de dicho esquema.
El objetivo del oro en Londres y el olvido de los presos políticos
La agenda económica y de infraestructura también ocupó un espacio central en las deliberaciones de las mesas técnicas.
Ante los severos estragos habitacionales y de servicios públicos causados por los sismos en Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua y Falcón, el jefe de la delegación chavista, Jorge Rodríguez, anunció una estrategia coordinada para intentar recuperar los activos en oro custodiados en el Banco de Inglaterra.
Según el pronunciamiento, el uso de estos fondos se estructurará mediante auditorías y mecanismos de trazabilidad dirigidos a la reconstrucción.
A pesar de las expectativas generadas en los días previos, el anuncio conjunto omitió cualquier resolución referente a la liberación de los presos políticos del país.
La presidenta de la Comisión Delegada, Dinorah Figuera, se había reunido previamente con familiares de los detenidos, así como con agrupaciones gremiales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), pero las demandas humanitarias quedaron fuera del pliego final de acuerdos leídos por ambos dirigentes.
Siete horas de encierro y cerco informativo
La concreción del pacto estuvo precedida por un clima de tensión en los alrededores del complejo hotelero. Manifestantes sindicales intentaron romper el perímetro de seguridad para exigir salarios dignos, elecciones presidenciales libres y la excarcelación de los disidentes, siendo contenidos por un despliegue de la Policía Nacional Bolivariana.
La convocatoria a los medios de comunicación, pautada originalmente para el mediodía, sufrió un retraso de más de siete horas debido a la prolongada extensión de la jornada de debate a puertas cerradas.
Al filo de las 7:50 de la noche, Rodríguez y Figuera comparecieron ante los reporteros limitándose estrictamente a la lectura del documento final.
Las delegaciones abandonaron el salón entre aplausos mutuos pero rehusándose a responder preguntas de la prensa nacional e internacional, mientras los piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana mantenían la custodia exterior del recinto. Los factores políticos prevén retomar la instancia de negociación en septiembre.
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