Fin a 16 años de acoso: el régimen venezolano cierra definitivamente el caso emblemático de una jueza perseguida por Hugo Chávez

El sistema judicial de Venezuela determinó el cierre formal y definitivo del proceso seguido en contra de la jueza María Lourdes Afiuni Mora.

La medida restituye plenamente su libertad tras casi 16 años marcados por detenciones arbitrarias, restricciones civiles y un severo limbo legal que afectó gravemente su integridad y salud.

A través de un comunicado emitido por su hermano, Nelsón Afiuni Mora, y su representante legal, Thelma Fernández, la familia confirmó la notificación judicial. La defensa recibió con satisfacción una decisión que pone fin de manera definitiva a la causa y cierra formalmente un caso "que nunca debió existir".

Este desenlace concluye uno de los capítulos más oscuros en cuanto a la subordinación de los tribunales venezolanos a los intereses ideológicos del chavismo.

La fuerte reacción de la familia y el legado del caso

En el documento emitido tras la liberación, los allegados de la abogada enfatizaron que el desenlace representa el cierre de un "largo y doloroso capítulo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso".

Destacaron que, durante más de tres lustros, la magistrada y su entorno cercano soportaron las consecuencias de una persecución que trascendió el ámbito puramente personal, transformándola en un "símbolo inequívoco del deterioro de la independencia judicial en Venezuela".

La familia aprovechó la declaración pública para manifestar su agradecimiento a la comunidad internacional, juristas, periodistas y organizaciones de derechos humanos que mantuvieron viva la exigencia de justicia "cuando el silencio parecía imponerse".

No obstante, el comunicado es tajante al advertir que la resolución formal de la causa "no borra el sufrimiento vivido ni repara, por sí solo, los daños ocasionados".

Asimismo, el texto lanza una advertencia para el resto del hemisferio al señalar que este expediente permanece como una alerta regional sobre "las consecuencias de utilizar el sistema de justicia como instrumento de represalia contra quienes ejercen sus funciones con independencia e imparcialidad".

En sus líneas conclusivas, la defensa subraya que "ningún juez debe volver a enfrentar prisión, persecución, humillación o amenazas por cumplir con su deber".

El origen del caso

La persecución contra Afiuni comenzó el 10 de diciembre de 2009. En esa fecha, desempeñándose como jueza titular del tribunal 31 de primera instancia en funciones de control de Caracas, otorgó una medida cautelar de libertad condicional al banquero Eligio Cedeño, conforme a resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) relativas a la detención preventiva prolongada.

Al día siguiente de la liberación de Cedeño, el entonces presidente Hugo Chávez exigió públicamente en televisión nacional que se le impusiera a la magistrada la pena máxima de 30 años de prisión.

La orden del mandatario desencadenó su encarcelamiento inmediato en condiciones inhumanas dentro del Instituto de Orientación Femenina (INOF), dando inicio al fenómeno conocido como el "efecto Afiuni", una advertencia implícita para coaccionar al resto de los jueces de la nación.

El ensañamiento institucional contra la magistrada incluyó una condena emitida en 2019 a cinco años de prisión por el delito inédito de "corrupción espiritual", argumentando una supuesta comisión del delito sin que existieran flujos de dinero ni beneficios materiales.

Pese a haber cumplido con creces el tiempo de la condena impuesta, el caso se mantuvo estancado mediante sucesivos diferimientos de audiencias y la persistente negativa de emitir los permisos médicos correspondientes para tratar un cáncer diagnosticado.