Los fondos del crudo venezolano bajo la lupa del Congreso: los legisladores quieren saber el destino de los $13.000 millones recaudados por EEUU
La cifra de los $13.000 millones surgió esta semana de boca del propio presidente Donald Trump, quien fue consultado a bordo del Air Force One sobre un reporte del Financial Times que estimaba lo recaudado por su Administración con la venta de crudo venezolano.

Delcy Rodríguez en La Guaira, en una imagen de archivo
El Congreso está investigando el destino de los más de $13.000 millones que Washington ha recaudado con la venta de petróleo venezolano desde la captura del exdictador Nicolás Maduro, en un intento por determinar cuánto de ese dinero ha llegado al régimen interino que encabeza Delcy Rodríguez y a través de qué mecanismos.
El diario ABC de España adelantó en su portada del jueves que la investigación busca precisar cuánto dinero ha sido transferido al régimen interino venezolano y por qué vías. El reportaje está atribuido a David Alandate, el corresponsal en Washington de ABC, quien suele abordar el asunto Venezuela en sus coberturas.
Asimismo, de acuerdo con el periodista Jorge Agobian, quien citó un portavoz de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EEUU (GAO), la pesquisa fue solicitada en abril por el senador Tim Kaine, el representante Joaquín Castro, el representante Sean Casten y el senador Chris Van Hollen; todos legisladores demócratas. Agobian informó que ya el trabajo de investigación "comenzó recientemente y ya se encuentra en marcha".
La cifra de los $13.000 millones surgió esta semana de boca del propio presidente Donald Trump, quien fue consultado a bordo del Air Force One sobre un reporte del Financial Times que estimaba lo recaudado por su Administración con la venta de crudo venezolano. "¿13.000 millones de Venezuela? Creo que incluso más que eso", respondió el presidente, y agregó que ese dinero sirve para sostener el funcionamiento del país: "Estamos recibiendo mucho dinero, miles y miles de millones de dólares de Venezuela".
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Washington asumió el control de las exportaciones petroleras venezolanas tras la captura de Maduro en una operación militar el 3 de enero. Ahora el exdictador se encuentra en una cárcel en Nueva York, a la espera de su juicio por narcotráfico junto a su esposa, Cilia Flores. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en junio ante el Congreso que las ventas son auditadas por la firma KPMG y que los fondos se depositan en una cuenta de Citibank: "Es una auditoría permanente, no anual: cada gasto, cada desembolso, es auditado por KPMG". Aun así, la transparencia sobre el uso final del dinero sigue siendo limitada, según los críticos.
El funcionario del Departamento de Estado Michael Kozak declaró en abril que unos $3.000 millones ya habían sido desembolsados desde la cuenta del Tesoro, destinados a salarios de funcionarios del régimen y a insumos para la industria petrolera, entre otros usos aprobados por Washington bajo la orden ejecutiva que Trump firmó el 9 de enero.
La pesquisa del Congreso llega en medio de un contexto petrolero que se ha vuelto más complicado para el régimen interino chavista. La producción de crudo venezolano subió a 1,2 millones de barriles diarios en junio, el nivel más alto en siete años, impulsada por la flexibilización de sanciones y la reorientación de las exportaciones hacia la Costa del Golfo de EEUU, que ya recibe cerca de 600.000 barriles diarios del país. Pero ese repunte no se refleja en la capacidad de refinación interna: el Centro Refinador de Paraguaná, en el estado Falcón, opera muy por debajo de su capacidad de casi un millón de barriles diarios, con equipos deteriorados y años de desinversión que, según analistas citados por Reuters, requerirían al menos $20.000 millones para revertirse.
A ese cuadro se suma el impacto de los terremotos que sacudieron al país el 24 de junio, que dejaron más de 5.000 muertos (cifras oficiales) y cuyos daños, aunque no golpearon directamente al sector petrolero, sí desviaron atención y recursos que podrían haber ido a la reparación de refinerías. El Banco Mundial estimó en unos $19.700 millones el costo de la reconstrucción. Analistas consultados por el Centro sobre Política Energética Global de la Universidad de Columbia advirtieron que, sin una transición democrática con elecciones libres, será difícil convencer a los inversores de que la apertura del sector no depende únicamente de la presión que ejerce Washington sobre el régimen interino a través del control de los ingresos petroleros.