La Justicia de Bolivia ordena la detención del expresidente Evo Morales por promover bloqueos mortales y terrorismo

La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales. La Justicia acusa al exmandatario de los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir, debido a su directa implicación en la ola de bloqueos viales que asfixió al país durante mayo y junio pasados.

La orden, dictada por el fiscal Brayan Melgar, abarca también cargos por atentados contra la seguridad de los servicios públicos y los medios de transporte. Las acciones judiciales se derivan de las protestas impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos campesinos afines al exjefe de Estado, cuya principal exigencia era forzar la renuncia del presidente en ejercicio, Rodrigo Paz.

Bloqueos mortales y millonarias pérdidas económicas

Durante casi dos meses, las principales carreteras del occidente y centro del país permanecieron cercadas por sectores afines a Morales. La paralización del tránsito provocó un agudo desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos sanitarios de primera necesidad en múltiples ciudades bolivianas.

El saldo de las movilizaciones ascendió a 16 fallecidos, entre los que figuran 13 ciudadanos que perdieron la vida al no poder recibir atención médica oportuna a causa de las barricadas en las rutas. Asimismo, los análisis del sector privado estiman que los cortes viales generaron un perjuicio económico superior a los 3.000 millones de dólares.

La demanda inicial contra el exmandatario fue presentada por líderes cívicos del departamento de Santa Cruz —motor productivo del país— y respaldada posteriormente por el ministro del Interior, Marco Antonio Oviedo.

La causa alcanza también al dirigente máximo de la COB, Marco Argollo, y al líder campesino Vicente Salazar, quien ya se encuentra bajo prisión preventiva por estos antecedentes.

Atrincherado en su bastión tras múltiples causas penales

Pese a que Morales intentó desligarse del objetivo de deponer al mandatario en ejercicio, sus pronunciamientos públicos expusieron la naturaleza de la presión ejercida en las calles. 

El pasado 24 de mayo, el expresidente advirtió en redes sociales que la administración de Paz solo contaba con "dos caminos": militarizar el territorio nacional o convocar a elecciones anticipadas en un plazo de 90 días. Las movilizaciones cedieron tras la promulgación del estado de excepción decretado por el Ejecutivo el 20 de junio para desplegar a las Fuerzas Armadas y restablecer el libre tránsito.

Actualmente, el exjefe de Estado permanece atrincherado en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, protegido por grupos de seguidores para evitar que las fuerzas de seguridad ejecuten los mandamientos judiciales en su contra.

Esta nueva acusación por terrorismo se suma a la causa abierta en su contra por trata agravada de personas, relativa a su presunta relación con una menor de edad en 2016. Morales ya había sido declarado en rebeldía por un tribunal de Tarija tras negarse a acudir al juicio por dicho delito, mientras las autoridades policiales aguardan las condiciones operativas para hacer efectiva su detención.