ANÁLISIS
La sombra de La Habana: cómo Cuba amplió su influencia en Colombia durante el Gobierno de Petro
Un informe académico documenta acuerdos entre entidades colombianas y cubanas, cuestiona la efectividad de varios convenios y advierte sobre una estrategia de influencia política de La Habana.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro (derecha), es recibido por el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel (Archivo)
Una investigación desarrollada por el Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia sostiene que el régimen cubano amplió significativamente su presencia e influencia dentro de instituciones del Estado de ese país suramericano durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, mediante acuerdos de cooperación en áreas como salud, agricultura, educación y cultura.
El estudio, titulado La cooptación silenciosa del Estado colombiano por parte del régimen cubano durante el Gobierno de Gustavo Petro, forma parte de una investigación iniciada en 2025 que ya cuenta con dos entregas publicadas y una tercera fase en preparación.
Según los investigadores, los hallazgos sugieren que varios de estos acuerdos fueron presentados públicamente como mecanismos de cooperación bilateral, aunque en algunos casos los resultados anunciados nunca llegaron a materializarse.
Una de cada tres instituciones habría firmado acuerdos con entidades cubanas
De acuerdo con el informe, el equipo de investigación recopiló información oficial mediante derechos de petición dirigidos a diferentes entidades estatales colombianas.
Sergio Ángel, director del Programa Cuba y responsable de la investigación, aseguró que los resultados muestran un nivel de vinculación sin precedentes entre organismos colombianos y entidades cubanas.
"Una de cada tres instituciones en Colombia celebró algún tipo de acuerdo con algún tipo de institución cubana", afirmó Ángel durante una entrevista con Martí Noticias.
El investigador calificó la cifra como "alarmante" y aseguró que supera los niveles de cooperación observados durante gobiernos anteriores.
Las vacunas contra la fiebre amarilla que nunca llegaron
Uno de los casos más destacados por la investigación involucra la donación de 2.000 vacunas contra la fiebre amarilla anunciada por el régimen cubano durante una emergencia sanitaria en Colombia.
Según el informe, la oferta fue divulgada oficialmente por la Embajada de Cuba en Bogotá y celebrada públicamente por la entonces canciller colombiana Laura Sarabia.
Sin embargo, una respuesta oficial del Ministerio de Salud obtenida por los investigadores concluyó que las vacunas nunca fueron entregadas.
El estudio señala además que, tras consultas realizadas por medios de comunicación colombianos, la representación diplomática cubana no ofreció explicaciones sobre la falta de cumplimiento del anuncio.
Para Ángel, el episodio refleja una estrategia orientada a proyectar una imagen de solidaridad internacional sin que necesariamente se concrete la ayuda prometida. "Lo importante no es enviar las vacunas, sino demostrar que ellos tienen una relación de colaboración", sostuvo el investigador.
Ayuda humanitaria colombiana sí fue enviada a Cuba
Mientras la donación de vacunas no se concretó, la investigación documenta que Colombia sí realizó envíos de ayuda humanitaria hacia la isla.
A través de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), el Gobierno colombiano despachó desde Cartagena un cargamento con alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, paneles solares, materiales eléctricos y artículos para el hogar.
Los investigadores consideran que este tipo de operaciones evidencia una relación asimétrica entre ambos gobiernos.
"No existe bidireccionalidad en este tipo de relación", afirmó Ángel.
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El caso de las 300 toneladas de arroz
La Agencia de Desarrollo Rural promocionó la iniciativa como una oportunidad comercial para productores del departamento del Meta y difundió la información a través de sus canales oficiales.
No obstante, la investigación sostiene que una respuesta oficial obtenida por el equipo reveló que el importador cubano nunca recibió la habilitación necesaria para concretar la compra. Como consecuencia, la exportación no se habría realizado.
El caso genera interrogantes adicionales porque, según los investigadores, los productores colombianos sí recibieron el pago correspondiente por el arroz. "¿Quién pagó por ese arroz?", cuestionó Ángel.
La investigación plantea como hipótesis que los recursos pudieron haber sido asumidos por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, aunque reconoce que aún existen interrogantes pendientes sobre el destino final de los fondos.
Cooperación agrícola bajo cuestionamiento
El informe también examina la participación de instituciones cubanas en CampeSENA, un programa del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) orientado al fortalecimiento de capacidades productivas de campesinos y trabajadores rurales.
Los autores cuestionan la pertinencia de presentar a Cuba como referente agrícola para Colombia, considerando la profunda crisis alimentaria y productiva que atraviesa actualmente la Isla.
Según la investigación, este es uno de varios ejemplos de cooperación institucional cuyo impacto real aún está por determinarse.
Educación y cultura: la próxima fase de la investigación
El equipo asegura que varias entidades públicas respondieron parcialmente a las solicitudes de información, lo que obligó a presentar nuevos requerimientos y acciones judiciales para acceder a documentación adicional.
La tesis central: un modelo de influencia regional
Más allá de los casos específicos, la principal conclusión del informe es que el Gobierno cubano estaría implementando en Colombia una estrategia de influencia política similar a la desarrollada previamente en otros países latinoamericanos.
Según Sergio Ángel, el objetivo sería construir relaciones de dependencia institucional mediante acuerdos estatales, cooperación técnica y mecanismos de asistencia económica.
"La Habana busca reproducir en Colombia un modelo de influencia ya aplicado en Venezuela y México", sostiene el estudio.
Los investigadores consideran que la continuidad o revisión de estos acuerdos dependerá en gran medida de las decisiones que adopte el próximo Gobierno colombiano.
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