Opositores y activistas venezolanos denuncian problemas con la ley de amnistía de Delcy Rodríguez: la califican de limitada e insuficiente

24 horas después de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobara —en primera discusión— una ley de amnistía para los presos políticos en el país sudamericano, los activistas, políticos opositores y analistas venezolanos empezaron a denunciar lagunas y potenciales problemas con una legislación considerada esencial para la transición política en el país tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por orden del presidente Donald Trump.

El texto, que no fue publicado oficialmente, sino que se conoció porque el legislador Luis Florido lo difundió en su cuenta en ‘X’, limita la amnistía a diez hechos puntuales dentro del período 1999 y 2026, es decir desde la llegada al poder del exdictador socialista Hugo Chávez y la captura de su sucesor, Nicolás Maduro.

Una amnistía insuficiente 

A pesar de que la amnistía incluye varios episodios, varios líderes opositores venezolanos están alertando que la ley deja por fuera otros acontecimientos importantes en los últimos años.

Delsa Solorzano, política opositora que recientemente salió de la clandestinidad, alertó que el proyecto de ley “limita de manera estricta su aplicación a diez momentos específicos” y excluye: “A quienes han sido condenados bajo la Ley Simón Bolívar y la Ley Contra el Odio, entre otros instrumentos de represión vigentes. Las causas de jurisdicción militar. Cualquier derogatoria del marco legal represivo que permitió y sigue permitiendo la persecución por razones políticas. Siendo así, al no derogarse expresamente estas leyes, queda abierta la puerta para nuevas detenciones, incluso después de una eventual aplicación de la amnistía”.

“Asimismo, el proyecto no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones políticas y no establece mecanismos de reparación integral para las víctimas”, alertó Solorzano.

En declaraciones a VOZ, el politólogo y analista venezolano Walter Molina Galdi explicó que la propuesta difícilmente puede interpretarse como un instrumento de reconciliación nacional y advirtió que, por el contrario, parece orientada a preservar al propio sistema político represor chavista. A su juicio, una amnistía que no sea verdaderamente universal ni esté acompañada de garantías institucionales de no repetición corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de “autoprotección del poder” y no en un paso decisivo para una transición política necesaria para el país.

“Falta universalidad frente a la persecución política, falta desmontaje del marco normativo represivo y faltan garantías institucionales de no repetición. Sin esos elementos, la amnistía difícilmente podrá ser el punto de partida de una reconciliación democrática real”, dijo Molina.

Andrés González, director de la consultora Politiks, también alertó sobre un detalle del texto: la amnistía no reconoce el rol represivo del chavismo en estos 27 años de régimen ni tampoco asoma la posibilidad de reparación para las víctimas políticas.

“El proyecto de Ley de Amnistía que circula es restrictivo, excluyente y arbitrario. Dejaría por fuera a un montón de gente, como las causas de la Operación Gedeón y el dron en 2018. Tampoco reconoce la responsabilidad del Estado con las víctimas ni habla de mecanismos de reparación”, sentenció González.

Por ahora, aunque la iniciativa fue aprobada en primera discusión, la propia debe pasar aún por una consulta pública y, posteriormente, a una segunda discusión para ser aprobada. Es decir, hay tiempo para corregir el texto, pero cualquier modificación solo será posible si el régimen chavista tiene la voluntad política de hacerla o Washington, que en teoría tutela la transición, pone presión para que se hagan cambios necesarios para muchos activistas venezolanos.

El proyecto de ley, según afirmó el legislador oficialista Jorge Arreaza, también excluye a las personas condenadas por violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, corrupción, tráfico de drogas y homicidio intencional. Hasta el momento, aún hay 600 presos políticos en Venezuela. Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional chavista y hermano de la actual líder Delcy Rodríguez, dijo este viernes a los familiares de los injustamente encarcelados que la próxima semana deberían estar “sueltos todos”.