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Escándalo migratorio: 12 cubanos implicados en una red de tráfico de personas y fraude de visados

Desde enero de 2021 hasta el pasado mes de junio, los acusados se apropiaron de más de 18 millones de dólares en operaciones fraudulentas y blanqueo de capitales.

Imagen de archivo de inmigrante en Estados Unidos.

Imagen de archivo de inmigrante en Estados Unidos.AFP.

Diane Hernández
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El Departamento de Justicia imputó a 12 personas por participar en una conspiración de tráfico internacional de inmigrantes, fraude de asilo y blanqueo de dinero que introdujo a miles de cubanos de forma irregular en Estados Unidos con ánimo de lucro.

Según los documentos judiciales, los acusados -con base principalmente en Hialeah y Tampa- operaban una prolífica red de contrabando que facilitaba la entrada ilegal de ciudadanos de la isla caribeña en el país mediante la preparación de solicitudes de visado falsas, el blanqueo de millones de dólares en pagos y la explotación fraudulenta del sistema de inmigración.

Desde enero de 2021 hasta junio de 2025, la red criminal promovió servicios fraudulentos de visado mediante el uso del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), solicitando la entrada en EEUU con falsas declaraciones de ciudadanía española, segúnseñala la Justicia.

"A través de una investigación diligente, USCIS y nuestros socios expusieron una conspiración criminal multinacional, multimillonaria y de varios años de duración, operada por ciudadanos extranjeros con la intención de socavar nuestro sistema de inmigración e inundar nuestro país con inmigrantes indocumentados, ninguno de los cuales tenía intención de cumplir con nuestras leyes", declaró el director de USCIS, Joseph Edlow.

Los nombres de los acusados.

  • Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, 27 años, de Hialeah, FL (residente ilegal en los EE.UU.
  • Yuniel Lima-Santos, 30 años, de Tampa, FL
  • Liannys Yaiselys Vega-Perez, 26 años, con residencia ilegal en Lebanon, TN
  • Marianny Lucia Lopez-Torres, 25 años, residente en Cuba, (antes en Hialeah, FL)
  • Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, 27 años, de Hialeah, FL (con residencia ilegal en EE.UU.)./li>
  • Frandy Aragon-Diaz, 33 años, de Cuba, (anteriormente residía ilegalmente en Tampa, FL)
  • Erik Ventura-Castro, 23 años, residente de Hialeah, FL
  • .Miguel Alejandro Martinez Vasconcelos, 30, de Tampa, FL
  • Walbis Pozo-Dutel, 30, residente de Katy, TX
  • Emanuel Martinez Gonzalez, 28, residente ilegal de Hialeah, FL
  • Luis Emmanuel Escalona-Marrero, 31, de Tampa, FL
  • Layra Libertad Treto Santos, 31, de Tampa, FL
  • Gisleivy Peralta Consuegra, 40, de Tampa, FL

Más de 18 millones de dólares y vuelos privados

Los acusados operaban una empresa de inmigración falsa, ASESORIA Y SERVICIOS MIGRATORIOS LLC, que prometía solicitudes de asilo, permisos de trabajo y residencia.

Durante cuatro años, utilizaron redes sociales y plataformas encriptadas para captar clientes, llegando a cobrar entre 1.500 y 40.000 dólares por persona. Se calcula que movieron más de 18 millones de dólares, organizaron vuelos privados e incluso traficaron con menores no acompañados bajo identidades falsas.

La operación de tráfico de inmigrantes promocionaba sus servicios también en un grupo de WhatsApp titulado "TRÁMITE DE ESTA Y VISA DE TURISMO A EEUU PARA CIUDADANOS ESPAÑOLES". Un vídeo promocional explicaba la estrategia mostrando lotes de pasaportes, billetes de avión y visados aprobados.

El comunicado de prensa del Departamento de Justicia contiene imágenes que muestran documentos y redes sociales relacionadas con el caso.

"Recuperemos América".

Este caso forma parte de la Operación "Take Back America", una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.

La investigación y la posterior acusación formal fueron coordinadas por el Joint Task Force Alpha (JTFA).

La JTFA, una colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha sido ampliada por el Fiscal General con el mandato de combatir los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales para eliminar las redes de contrabando y trata de personas que operan en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Colombia y que afectan a la seguridad pública y a la protección de las fronteras.
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