ANÁLISIS
El régimen cubano reactiva la pena de muerte para quienes "atenten contra el Estado"
Entre las conductas que se incluirán dentro de esta tipificación se encuentran daños al transporte público, sustracción de piezas de las líneas férreas y locomotoras, así como contaminación de depósitos de combustible.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel
El régimen de La Habana anunció sanciones extremas, que llegan a la pena de muerte o cadena perpetua, para quienes dañen bienes estratégicos y causen afectaciones a la "seguridad colectiva". La pena de muerte en Cuba no se aplica desde 2003.
Entre los llamados "hechos vandálicos" a los que hacen referencia en la nueva disposición de la dictadura, están las afectaciones "a los medios de transporte público, la sustracción de componentes de las líneas férreas y de partes y piezas de locomotoras, así como la contaminación de sus depósitos de combustible, además de la ocurrencia de acciones similares contra grupos electrógenos y parques fotovoltaicos que forman parte del Sistema Electroenergético Nacional.
También se entenderá como "sabotaje", y se juzgará como tal, "las acciones contra la infraestructura y los servicios de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación", según dijeron altos funcionarios en la televisión nacional de la isla.
Fue Maricela Sosa Ravelo, la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, quien anunció que el Consejo de Gobierno determinó interpretar que las conductas citadas anteriormente constituyen "un delito de sabotaje", conforme a lo establecido en el Código Penal vigente.
Desde febrero, funcionarios de la Unión Eléctrica (UNE) y del Ministerio del Interior (MININT) advirtieron que el robo de recursos eléctricos sería castigado con penas severas, incluyendo la tipificación de sabotaje.
Código Penal cubano y la pena de muerte
El nuevo Código Penal, aprobado en 2022, mantiene la pena de muerte para 24 delitos, incluidos 14 relacionados con la seguridad del Estado, ocho específicos de terrorismo, uno contra la salud pública (drogas) y el asesinato.
En Cuba la pena capital está en moratoria desde 2003, cuando fue aplicada por última vez contra tres jóvenes cubanos de entre 18 y 25 años, que secuestraron una lancha que intentaba llegar a EEUU, aunque sin provocar víctimas mortales.
Entre 1959 y 2003 miles de cubanos fueron pasados por las armas, la mayoría de ellos en los primeros años de la dictadura y sus delitos consistían en oponerse al régimen de los hermanos Castro.
La otra gran alerta, según Amnistía Internacional, fue en junio de 1999, cuando un informe reveló que en tres meses al menos diez personas habían sido ejecutadas y al menos cinco más habían sido condenadas a muerte. En la fecha del documento, aproximadamente existía una docena de personas en total en el corredor de la muerte, muchos por "actos contra la seguridad del país".
El régimen amenaza con fusilamiento a quienes participen en protestas masivas
Desde el pasado año, el régimen amenazó también con la pena de muerte a quienes participen en estas manifestaciones, consideradas "ilegales" por el sistema totalitario cubano.
En 2024 varios altos funcionarios del Ministerio del Interior y del aparato de Justicia justificaron la actuación de la policía, la cual suele reprimir fuertemente las protestas populares, además de advertir sobre las consecuencias legales para aquellos que participen en ellas.
Entre los delitos que mencionaron esa vez, se encuentra el de "sedición", utilizado contra aquellos que promuevan o participen en protestas masivas y "perturben el orden constitucional socialista". Las sanciones oscilan entre los 10 y 30 años de privación de libertad, cadena perpetua o incluso la pena de muerte en casos excepcionales, aseguraron.
Por este supuesto delito fueron procesados al menos 225 manifestantes de las históricas protestas del 11 y 12 de julio de 2021 (11J), y de ellos, el menos 222 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno, según la plataforma de denuncia Prisoners Defenders (PD).
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