Elecciones Judiciales en México: el legado envenenado de AMLO que incluye candidatos de Tinder o incluso a una abogada del narcotráfico

México elegirá por primera vez en su historia a cientos de jueces, magistrados y ministros que conforman su Poder Judicial. La elección, programada para este domingo 1 de junio, ha sido criticada por beneficiar a candidatos oficialistas, abrir la puerta a abogados defensores de narcotraficantes o no contemplar otros cambios legislativos necesarios en el país.

En total, más de 4.000 candidatos obtuvieron el visto bueno de las autoridades para participar en el proceso más antipopular de los últimos años en el país azteca. Para la elección el Instituto Nacional Electoral (INE), la principal autoridad electoral encargada de organizar los comicios en México, instalará decenas de miles de casillas de votación alrededor del país, con un presupuesto 10 veces menor de lo esperado, y una estrategia que nadie ha podido defender.

La elección será llevada a cabo pese a las advertencias y entre señalamientos de expertos y de candidatos participantes, de falta de equidad en la contienda y de una posible interferencia de partidos políticos y poderosos carteles a favor de los aspirantes afines a sus intereses. 

Elecciones judiciales: El polémico legado de López-Obrador

La elección es producto de una polémica reforma aprobada en septiembre de 2024 en México, y que según los críticos representa un intento del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de apoderarse de una de las ramas del Estado.

Sin embargo, su principal promotor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador -quien la aprobó un mes antes de dejar el cargo-, y su sucesora, Claudia Sheinbaum, han defendido la iniciativa al sostener que su objetivo es limpiar de corrupción al Poder Judicial.

Antes y después de la reforma, expertos y organismos internacionales advirtieron que la elección de jueces pone en riesgo la independencia del sistema judicial en una nación con niveles de impunidad que rondan el 99%.

La mitad de los jueces se elegirá ahora y la otra mitad en 2027.

El nuevo sistema, que elimina otra reforma de 1990, está basado en el voto popular y reduce los requisitos de experiencia y edad mínima, lo que permite candidaturas incluso sin historial judicial.

Boletas gigantes, miles de de candidatos y un laberinto electoral

Los votantes mexicanos escogerán 881 cargos federales: los nueve puestos de la renovada Suprema Corte, dos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 de salas regionales del TEPJF, los cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de tribunales y 386 juzgados.

Para ello, hay un total de 3.422 candidaturas: 64 para la SCJN, 38 para el Tribunal Judicial, 15 para la Sala Superior del TEPJF, 96 para las salas regionales del Tribunal Electoral, 1.640 para magistraturas y 1.570 para juzgados.

¿Qué dicen las encuestas?

Una encuesta encargada por EL PAÍS y W Radio a la casa Enkoll, revela que el 77% de los mexicanos no ha oído mencionar siquiera los candidatos que se presentan. Solo un 18% considera que está muy informado sobre este asunto, mientras que un 43% respondió un tímido "algo informado" sobre el tema.

El mismo sondeo, levantado entre el 18 y 20 de este mes, revela el desconocimiento ciudadano que aún persiste sobre la convocatoria: un 86% sabe del llamado a votar, pero apenas la mitad (48%) puede citar la fecha exacta de los comicios, el 1 de junio. Con todo, un 38% asegura que irá a las urnas, aunque se espera un 22,9% de participación probable.

En cuanto a los posibles ganadores, sobre todo para los puestos de la SCJN, las encuestas no se alinean y todas dan resultados diferentes sobre la preferencia de la sociedad. ¿Encuestas pagadas? Podría ser.

Entre las iniciativas neutrales para que los electores acudan a los centros de votación, han estado desde el llamado de la presidenta en los últimos días, hasta el anuncio de FEMSA de que ofrecerá café gratis en sus tiendas de autoservicio Oxxo a quienes voten este domingo.

En México, al contrario de otros países de la región, el voto no es obligatorio.

Los perfiles de los candidatos: una campaña que llega a Tinder, pasa por TikTok e incluye más de 80 señalados por la justicia

El listado final de candidatos aztecas, incluyendo a algunos que fueron seleccionados por una tómbola, está compuesto por miles de perfiles que han buscado destacar a través de creativas campañas, en el mejor de los casos, aunque la mayoría de la población los desconozca.

A los mercados locales llegaron aspirantes a la Suprema Corte con megáfono en mano. En redes como X o TikTok, otros aparecieron bailando. Incluso hubo un candidato que cortejaba votantes en Tinder.

En un video lleno de juegos de palabras en el que presume sus cualificaciones, un candidato asegura estar “más preparado que un chicharrón” (una fritura de cerdo), lo que lo llevó a hacerse viral como el “Ministro Chicharrón” en internet. Otra se autodenominó “Dora la Transformadora”, en referencia al personaje de Nickelodeon, pero también aludiendo al legado de AMLO, definido como la 4T, o “Cuarta Transformación”.

Pero lo más preocupante es que la histórica elección judicial en México se ha visto empañada por las acusaciones de candidaturas con posibles vínculos con organizadores criminales narcotraficantes, agresores sexuales o integrantes de sectas político-religiosas, como la Luz del Mundo.

Silvia Rocío Delgado García, abogada que formó parte de la defensa legal de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, busca convertirse en jueza penal en el distrito judicial que abarca Ciudad Juárez. Su candidatura ha generado atención debido a su participación como abogada del exlíder del Cártel de Sinaloa tras su captura en enero de 2016.

No es un caso aislado. La plataforma Defensorxs, fundada por el abogado Miguel Alfonso Meza, ha reportado un centenar de casos similares, todos contrastados con documentación que acompañan la denuncia.

En la elección judicial también hay candidatos relacionados con el crimen organizado, asesinatos, desapariciones forzadas, sobornos, secuestros y otras irregularidades, según la plataforma pública.

Bolivia, los antecedentes de un desastre

Bolivia lleva más de una década eligiendo directamente a sus máximas autoridades judiciales; sin embargo, la justicia en el país andino se encuentra politizada y algunos consideran el sistema un “completo desastre” en el mejor de los casos, o directamente “un fracaso”. Es el único país del continente – y del mundo hasta el 1 de junio-, que usa este modelo.

Desde 2011, los ciudadanos bolivianos acuden a las urnas para votar por los 28 cargos del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

Pero las elecciones judiciales de 2017, en las que el voto nulo superó el 50%, fueron un claro reflejo del desencanto ciudadano. La falta de confianza en el proceso de selección de candidatos, la percepción de politización y la persistencia de la corrupción minaron la legitimidad de la reforma.

El expresidente y actual acusado de casos de estupro y tráfico de personas, Evo Morales, impulsor de la reforma, defendió el proceso y atribuyó el alto porcentaje de votos nulos a una campaña de boicot de la oposición. Sin embargo, la realidad es que la ciudadanía expresó su descontento con un sistema judicial que sigue siendo lento, ineficiente y al servicio de las presiones políticas.

La experiencia boliviana nos recuerda que el camino y sistema de elección de jueces mediante voto ciudadano podría desencadenar una serie de problemas estructurales que complicarían aún más la salud de la justicia en México.