Elección de jueces en México: así es cómo la independencia del Poder Judicial podría extinguirse
Un claro ejemplo de cómo el proceso electoral puede estar viciado: la exabogada de ‘El Chapo’ Guzmán es candidata para ser jueza de un tribunal penal.

Claudia Sheinbaum, la presidente de México, en una imagen de archivo
Casi cien millones de mexicanos están llamados a las urnas el próximo 1 de junio para elegir, por primera vez en toda su historia, a casi 900 cargos judiciales federales en unos comicios marcados por la poca confianza en las instituciones estatales, la potencial injerencia del crimen organizado y el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su muy polémica reforma judicial aprobada el año pasado.
A pesar de las preocupaciones planteadas por las organizaciones defensoras de la democracia y países aliados como EEUU y Canadá, México avanzó con su reforma judicial en 2024 proponiendo un reinicio total del poder judicial a través de la elección popular de todas las personas que sean jueces o magistrados del Poder Judicial mexicano.
Para dimensionar la situación, de un solo golpe, el poder ejecutivo y el Congreso mexicano, controlados por el partido oficialista ‘Morena’ de AMLO y la actual mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, aprobaron que casi 2.000 cargos sean sometidos a votación popular de una sola sentada, abriendo la puerta a una reestructuración total y en tiempo récord del único poder con cierta independencia en la República mexicana.
Este tipo de sistema de votación para elegir jueces, magistrados y otros cargos judiciales federales planteado en México solo tiene un ejemplo similar en Bolivia, un país reconocido por sus falencias institucionales y las pocas garantías democráticas.
Ahora, en junio, será la primera jornada electoral judicial en la historia de México, con exactamente 881 cargos judiciales federales en juego. Esto representa aproximadamente la mitad de los cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF). La otra mitad se votará en 2027.
Los cargos que serán votados el 1 de junio serán: 9 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF), 14 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces y juezas de distrito.

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¿Por qué las elecciones son tan polémicas?
Las elecciones no solo generan preocupación por todos los cargos que se elegirán en una sola jornada, sino porque el sistema de votación es caótico y el proceso está muy expuesto a agentes externos que podrían aprovechar las vulnerabilidades para romper con la independencia de los candidatos. Por ejemplo, diversos analistas políticos, periodistas y voces importantes en México han denunciado que el crimen organizado podría usar este sistema electoral de jueces para infiltrar fácilmente candidatos de confianza en cargos clave o simplemente amenazar o someter a quienes aspiren a los cientos de cargos.
Un claro ejemplo de ello es el de Silvia Delgado, abogada de 51 años conocida por representar entre 2016 y 2017 al cofundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien compitiendo por el cargo de jueza en materia penal, en el distrito judicial 5 Bravos, con sede en Ciudad Juárez.
Miguel Alfonso Meza, un activista anticorrupción, dijo al Washington Post que casos como el de Delgado demuestran cómo el proceso de candidatura falla en detectar los conflictos de intereses que podrían afectar la forma en que jueces y magistrados emiten fallos.
"No se puede estar un día defendiendo al Cártel de Sinaloa y al día siguiente en un puesto donde se juzga a mucha gente que pertenece al Cártel de Sinaloa", dijo Alfonso Meza.
Otra de las grandes preocupaciones, expuesta por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), es que las boletas electorales diseñadas son más engorrosas que las de una elección común. Al momento de votar, cada votante tendrá que usar seis boletas federales distintas, además de las que correspondan si hay elecciones locales en su estado. Cada boleta incluye listas separadas de hombres y mujeres, con nombres, números, el poder que los postula y, si aplica, la materia. Para votar, hay que escribir los números correspondientes en recuadros específicos, siguiendo un código de colores según la materia. En castellano: una boleta muy compleja y difícil de rellenar.
Este tipo de desconfianza en el proceso ha generado, según El País, la histórica cifra de 316.000 solicitudes para ser observadores electorales durante el 1 de junio. Este número supera por diez las solicitudes para los comicios presidenciales del 2024, cuando solo 34.000 enviaron su solicitud para ser veedores.
Otro punto que genera mucha desconfianza y suspicacia en el proceso es la capacidad que tiene el partido oficial, Morena, de tener mayor representación en los candidatos.
De acuerdo con WOLA, la reforma judicial aprobada el año propone el voto popular para la elección de jueces y magistrados federales en lugar del sistema actual basado en exámenes y nombramientos institucionales. Este modelo se busca aplicar en los 32 estados del país, algo sin precedentes en la región.
En este nuevo esquema, los tres poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— postularían a los candidatos mediante comités de evaluación formados por "expertos". Sin embargo, aunque parezca un mecanismo independiente, en la práctica, si un solo partido domina dos de esos poderes (como lo hace hoy MORENA), tendrá control casi total sobre quién entra y quién no al Poder Judicial.
La preocupación es que esto abre claramente la puerta a una captura política del sistema judicial: jueces alineados con el partido de turno, sin independencia real.
Además, la reforma crea un Tribunal de Disciplina Judicial, también electo por voto popular, con poder para evaluar y sancionar a jueces durante su primer año. Si ese tribunal queda en manos del oficialismo, se convierte en un mecanismo más de presión política sobre el resto del Poder Judicial, según WOLA.
Otro punto que genera preocupación es que, a inicios de año, la presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, apuntó que la afluencia prevista para la jornada electoral estaba ubicada entre el 8% y el 18%, una cifra muy baja considerando la importancia del proceso y todo lo que está en juego.
La situación en México, un país cada vez más afectado por el crimen organizado, el tráfico de drogas, el sicariato y la corrupción, ya ha provocado alarma en los principales medios de comunicación del mundo.
Por ejemplo, The Economist ya calificó la elección de jueces por voto popular como una idea terrible para el país.
“México está a punto de convertirse en el único país que elige a todos sus jueces por voto popular. Esto es una pésima idea para la justicia, la democracia y la economía”, apuntó la revista.