Extorsiones y prácticas mafiosas: así murió la separación de poderes en México
El oficialismo logró aprobar una reforma judicial controvertida extorsionando a opositores en un proceso repudiado por un amplio sector de la sociedad mexicana.
En los últimos años, el continente americano ha sido testigo de cómo los congresos de los tres países más influyentes de la región han sido tomados por manifestantes. Estados Unidos en 2021, Brasil en 2023 y México en 2024. En los dos primeros, los motivos fueron electorales y ambos acontecimientos fueron rechazados categóricamente por la comunidad internacional. No obstante, en México, la situación difiere en los más absolutos términos. En una irrupción popular que responde a una preocupación genuina: la muerte de la separación de poderes en México.
¿Por qué es tan controvertida la reforma y cómo ya está afectando a México?
El martes, 10 de septiembre, el Senado mexicano se convirtió en un campo de batalla. Los manifestantes —la mayoría trabajadores del Poder Judicial, estudiantes de derechos de distintas universidades y académicos que reconocen los riesgos que representaba la aprobación de la reforma—, se tomaron la Cámara Alta por varias horas mientras el oficialismo, encabezado por el mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), terminaba de aprobar una controvertida reforma judicial repudiada por un importante sector de la sociedad mexicana.
Los manifestantes, al grito "traidores", obligaron a José Gerardo Fernández, presidente del Senado, a suspender temporalmente la sesión. Pero el esfuerzo fue en vano. Más tarde, en la madrugada del miércoles, la reforma fue aprobada con 86 votos a favor, equivalentes a dos tercios de los 127 senadores presentes. Solo obtuvo 41 votos en contra de los partidos de la oposición, que vieron como algunos desertores contribuyeron a la aprobación formal.
La reforma judicial de AMLO genera cambios bruscos y una reconstrucción absoluta del poder judicial mexicano. En primer lugar, contempla la renovación total de la Suprema Corte de Justicia en 2025. También la de la mitad de los magistrados de circuito y jueces. El proyecto, además, busca reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de 11 a 9, reduciendo, además, su periodo de 15 a 12 años. No obstante, la reforma más importante, que genera la mayoría de las críticas, es la elección de los ministros, magistrados y jueces a través del voto popular; una forma de elección que se replica en pocos países del mundo, como Bolivia y Estados Unidos.
La diferencia con México es que la elección de los jueces no será como en Bolivia y Estados Unidos, pues la nominación de los magistrados quedará a criterio del Ejecutivo, es decir, en manos de la presidente entrante Claudia Sheinbaum (ficha de AMLO) y el Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta. Esto podría dejar a los tres poderes del Estado mexicano bajo el mismo color partidista.
Además, México será el único país del planeta donde todos los jueces y magistrados, que en total representan unas 6.500 autoridades, serán elegidos por voto popular.
Lo más grave, según los expertos, es que la reforma de AMLO reduce considerablemente las exigencias para llegar a ser ministro de la Corte Suprema. Una de las grandes críticas de la reforma es Norma Piña, la presidente y uno de los 11 ministros de la Suprema Corte, quien, a pesar de considerarse progresista, coincide con la oposición mexicana en que la reforma es un ataque directo a la separación de poderes.
“El sistema que se establece para la elección de jueces, porque implica que para serlo no se requiere ninguna preparación, sino nada más ser abogado; no hay que tener preparación, no hay colegiación, y van a ser electos por voto popular después de ingresar en una tómbola. O sea, sacarán un papelito. Será suerte ser juez o magistrado federal en México”, explicó Piña en una entrevista para la BBC semanas antes de que se aprobara en el Senado la reforma.
En ese momento, Piña dijo que el futuro de México dependía de que la reforma no prosperara.
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Juan Carlos Téllez
De acuerdo con la reforma, para ser elegido ministro de la Corte Suprema, los aspirantes en efecto solo deberán tener el título profesional de licenciado en derecho con un promedio mínimo de 8,0 y de 9,0 en las materias relacionadas con el cargo a que se postula. Además, solo necesitarán cinco años de experiencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica.
El contexto en el que se pasa la reforma tampoco es el mejor en términos institucionales, pues el ataque directo de AMLO al poder judicial se produce cuando el presidente y la Corte Suprema se han enfrentado en diversas ocasiones, siendo el único poder que ha bloqueado, entre otras cosas, leyes que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares.
La reforma, que apenas ha sido aprobada este miércoles, 11 de septiembre, ya está perjudicando a México en términos diplomáticos y económicos.
El caso más preocupante es la disposición de AMLO de suspender temporalmente las relaciones con el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien criticó duramente la reforma en X.
En particular, el embajador de Estados Unidos atizó que la reforma propuesta de AMLO podría "hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas", generando "turbulencia" económica y política por años en el país vecino.
El vaticinio de Salazar, de hecho, ya se está desarrollando. Pues la reforma ha generado protestas, un paro judicial y la devaluación del peso mexicano, un paso lógico debido al miedo de los inversionistas que ya no confían en la seguridad jurídica de México.
La polémica aprobación del oficialismo y algunos “traidores”
Alice Galvan, la presidente y fundadora de la Fundación Patria Unida, una organización independiente y apartidista, explicó a VOZ que la reforma judicial fue aprobada en medio de prácticas de extorsión; ya que en el Senado el margen para el oficialismo, a pesar de su mayoría, era corto.
Ante la situación, el oficialismo actuó contra algunos de los “disidentes” que solo necesitaban los “incentivos” correctos para votar a favor de la reforma: amenazas contra sus familiares, ellos mismos y también beneficios que atentan contra los intereses de México.
Según Galvan, como el oficialismo aún necesitaba un par de votos, “extorsionaron a dos senadores, a uno de Movimiento Ciudadano y a uno del PAN, con órdenes de aprehensión en contra de ellos y en contra de su familia para que traicionaran y votaran a favor de la reforma del Poder Judicial”.
Por ello ocurrió la toma del Senado, opinó Galvan, que calificó la irrupción como un hecho “inédito” en la historia democrática de México.
“Ayer, en un hecho inédito, ocurrió el despertar de la ciudadanía de la mano de muchos de estos alumnos y trabajadores del Poder Judicial que tomaron las instalaciones del Senado para pedirle a Morena que un parlamento abierto en donde se debatiera con expertos la verdadera reforma que requiere el poder judicial mexicano”, dijo la fundadora de Patria Unida.
Carlos Loret de Mola, uno de los periodistas mexicanos más reconocidos del país, denunció las extorsiones aplicadas por el oficialismo contra los senadores disidentes.
En específico, Loret de Mola explicó el caso del senador panista Miguel Ángel Yunes, quien se unió a la bancada oficialista para votar a favor de la reforma judicial.
“El senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez pidió licencia dizque porque está enfermo de la columna y dejó todo en manos de su papá, Miguel Ángel Yunes Linares, a quien el presidente López Obrador y morenistas han puesto mil veces como ejemplo de la mafia en el poder, como ejemplo de lo más podrido del sistema político mexicano”, dijo Loret, antes de explicar que el oficialismo logró comprar a las ya de por sí una de las familias más desprestigiadas de todo México, los Yunes.
Actuando como cártel de la mafia, Morena logró aprobar la reforma judicial.
— Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) September 11, 2024
Es el fin de la República.#Loret en @latinus_us: pic.twitter.com/6vq7KHJB4t
“Después de esconderse por días, Miguel Ángel Yunes entró a la Cámara de Senadores partiendo plaza, con paso de monarca, los morenistas le dieron trato de rey, le aplaudían incluso algunos de pie, el coordinador de Morena en el senado Adán Augusto López se paró de su curul para recibirlo en el pasillo con un abrazo mientras la oposición le gritaba traidor, Morena de rodillas ante Yunes, reverenciándolo. Era el ratero, el asesino, el pederasta”, afirmó el periodista mexicano, recordando que, en reiteradas ocasiones, AMLO acusó a Yunes de ser un político mafioso y corrupto.
Sin embargo, a pesar de las acusaciones de AMLO contra Yunes, según Loret de Mola el pacto se produjo porque el oficialismo le propuso al senador “opositor” que se olvide de todos los cargos en su contra y las órdenes de aprehensión contra sus hijos si votaba a favor de la reforma.
“Incluso, se sentó como parte de la bancada de Morena, funcionó la extorsión, y el PAN, responsable de que Yunes sea senador, responsable de haber puesto en la lista de candidatos a personajes como Yunes, fuera de sí”, dijo el periodista, que luego habló de otro caso, el del senador Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano (MC).
En particular, el periodista dijo que las prácticas del oficialismo para extorsionar a Barreda eran dignas de los carteles de droga mexicanos.
“Hoy, en el día clave, esta madrugada, detuvieron al papá del senador en Campeche, gobernado por la morenista Layda Sansores, y eso impidió que el senador Barreda llegara a la sesión, detuvieron a su papá hoy y el senador está con él, en la sala de juicios orales de Campeche, ¿Por eso votaron 36 millones de personas?”, sentenció el periodista, dejando en evidencia cómo murió la separación de poderes en México un 11 de septiembre de 2024.
AMLO saca pecho con la firma de la ley
Con toda esta tensión y polémica a su alrededor, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, optó por una puesta escena para celebrar la aprobación de su reforma legal. El mandatario socialista subió a sus redes sociales un video, acompañado de Sheinbaum, en el que firmó la ley y así finalizó todo el ciclo legislativo para darle vigor.