La separación de poderes en México en riesgo: los diputados avalan en Comisión la peligrosa reforma judicial de AMLO

Es un hecho: la controvertida reforma judicial del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya fue avalada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados con 22 votos a favor y 17 en contra.

Con esta votación, que se realizó tras un extenso debate de siete horas, la comisión avaló en lo general el proyecto de dictamen que reformaría diversos artículos de la Constitución mexicana en materia judicial, buscando implementar la elección de ministros, magistrados y jueces a través del voto popular.

“En consecuencia, se declara aprobado en lo general el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Poder Judicial Federal en todo lo que no se haya reservado”, dijo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, cuando oficializó la votación.

Sin embargo, todavía quedan varios pasos para que la peligrosa reforma judicial de AMLO sea sometida en votación en el pleno. En primer lugar, de acuerdo con la información brindada por la mesa directiva, se deben abordar cada una de las 330 reservas presentadas por las distintas agrupaciones políticas que tienen representación en la comisión.

Solo el PRI, el partido más representativo y tradicional de México, presentó 106 reservas a través de seis legisladores.

Mientras tanto, la aprobación de la comisión generó las primeras protestas en México, con miles de ciudadanos y trabajadores del poder judicial saliendo a las calles para pedir la cancelación de la reforma.

¿De qué se trata la reforma judicial y por qué es tan polémica?

Parte de la reforma de AMLO, avalada en la comisión, contempla la renovación total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la mitad de los magistrados de circuito y jueces el próximo año.

El proyecto busca también reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de 11 a 9, recudiendo además su periodo de 15 a 12 años y también buscando establecer un tope salarial.

No obstante, la reforma más importante, que genera la mayoría de las críticas, es la elección de los ministros, magistrados y jueces a través del voto popular; una forma de elegir que se replica en pocos países del mundo, como Bolivia y Estados Unidos.

Los críticos señalan que en México una reforma de este tipo podría afectar directamente la separación de poderes y la confianza en las instituciones judiciales, debilitando el estado de derecho y erosionando todavía más la seguridad jurídica en un país donde los carteles usan su alcance y poderío económico para comprar voluntades e influir en las elecciones para su beneficio.

Algunas de las preocupaciones es que, de aprobarse la medida, se podrían reemplazar hasta 900 jueces, magistrados y ministros en una sola elección que, además, podría coincidir con el calendario de elecciones de diputaciones federales.

A principios de mayo, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de abogados advirtieron que las propuestas de AMLO “constituyen una amenaza directa a la independencia judicial, violan estándares internacionales y socavan la democracia en México”.

“Un golpe de esa magnitud no puede ser ignorado”, dijo Víctor Olé Peláez, presidente de la Barra Mexicana. “Este documento generar conciencia de lo que la pérdida de la independencia judicial significa para nuestras libertades”.

“Al politizar el poder judicial, las propuestas de reforma negarían el acceso a la justicia”, afirmó por su parte Amrit Singh, directora ejecutiva del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford. 

“En lugar de resolver los casos con imparcialidad y actuar como control del abuso de poder, las y los jueces dictarían sentencias para complacer a quienes ostentan mayor poder y para ganar más votos. Las iniciativas de reforma pondrían en peligro los derechos de las minorías y el Estado de derecho”.

Asimismo, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, también sentó una postura clara sobre la reforma judicial, advirtiendo que la justicia mexicana podría quedar completamente vulnerable a la politización, la corrupción y el control de los cárteles de droga.

En particular, Salazar mencionó que la reforma propuesta de AMLO podría "hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas", generando, además, "turbulencia" económica y política por años.

Ante esta preocupación, el sector privado mexicano tampoco respalda la propuesta de AMLO, ya que consideran prácticamente imposible que la economía no se resienta ante un nivel de reforma tan amplio, especialmente en medio de una caída pronunciada del peso mexicana, que perdió su valor en más de un 11% desde las últimas elecciones en junio.

Los mercados en particular han reaccionado negativamente a la reforma constitucional. Según el diario El País, al menos tres bancos de inversión globales publicaron reportes por separado advirtiendo sobre el gran riesgo que implica invertir en México ante una más que probable aprobación.