Gobierno de Trump sanciona a la expresidente de Argentina, a su familia y a otros funcionarios argentinos por corrupción

La Administración Trump, de la mano del secretario de Estado Marco Rubio, anunció este viernes sanciones contra la expresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner y el exministro de Planificación, Julio De Vido, por su implicación en actos de corrupción, prohibiéndoles el ingreso a Estados Unidos. 

Esta medida, que también alcanza a los hijos de Kirchner, Máximo y Florencia, y a los familiares directos de De Vido, marca un hito al ser la primera vez que un gobierno estadounidense sanciona a un exmandatario argentino por causas de corrupción.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la medida a través de su cuenta de X y justificó la decisión en un comunicado oficial:

“Hoy anuncio la sanción a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner (“CFK”), expresidente de Argentina, y Julio Miguel De Vido (“De Vido”), exministro de Planificación de Argentina, por su participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público. Esta medida impide que CFK, De Vido y sus familiares directos puedan entrar en Estados Unidos”. 

Rubio añadió que “CFK y De Vido abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al gobierno argentino. Múltiples tribunales han condenado a CFK y De Vido por corrupción, socavando la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina”.

Además, el comunicado enfatiza en que “Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio propio. Estas sanciones reafirman nuestro compromiso de combatir la corrupción global, incluso en las más altas esferas del gobierno”.

La sanción fue adelantada al diario argentino La Nación por una alta fuente del Departamento de Estado, quien destacó que la medida refleja la determinación de Rubio y la Administración Trump “de hacer que los corruptos en América Latina rindan cuentas”. 

La acción del secretario de Estado, se enmarca en la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, que obliga al secretario de Estado a sancionar a funcionarios extranjeros y sus familiares directos cuando existan pruebas fidedignas de su participación en actos significativos de corrupción o violaciones graves de derechos humanos.

El Departamento de Estado notificó al gobierno de Javier Milei, actual presidente de la República Argentina, sobre las sanciones, que impiden a Kirchner, De Vido y sus familiares inmediatos entrar a territorio estadounidense. 

La medida impulsada por la Administración Republicana, se suma a una lista de precedentes en la región, donde expresidentes como Horacio Cartes de Paraguay, Ricardo Martinelli de Panamá, y Rafael Correa de Ecuador, junto con su vicepresidente Jorge Glas, también fueron sancionados durante la Administración de Joe Biden.

Sin embargo, a pesar de las presiones de congresistas republicanos, el gobierno de Biden nunca tomó medidas contra Kirchner mientras era vicepresidente bajo la presidencia de Alberto Fernández.

Cristina Kirchner llevaba tiempo en la mira de figuras como Rubio y el senador republicano Ted Cruz, quienes insistentemente pidieron sanciones contra ella por sus múltiples causas judiciales en Argentina.

Cruz, de hecho, fue el primero en solicitar formalmente estas medidas en una carta enviada a mediados de 2022 al entonces secretario de Estado, Antony Blinken, durante la Administración Demócrata, un pedido que no prosperó en ese momento.

Las sanciones representan un nuevo capítulo en las tensiones entre Estados Unidos y figuras políticas latinoamericanas señaladas por corrupción, y subrayan el enfoque de la Administración Trump en utilizar herramientas diplomáticas para presionar a líderes acusados de malversación.

Para Kirchner y De Vido, ambos condenados por tribunales argentinos, esta decisión no solo limita su movilidad internacional, sino que también envía un mensaje claro sobre la postura de Washington frente a la corrupción en la región.