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Israel aprueba un tribunal especial para juzgar a los terroristas del 7-O y autoriza la pena de muerte

La medida fue aprobada por abrumadora mayoría, con el voto a favor de 93 legisladores y ninguno en contra.

Homenaje a las víctimas del 7 de Octubre en Israel

Homenaje a las víctimas del 7 de Octubre en IsraelMenahem Kahana / AFP

Israel Duro
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Más de dos años después del ataque terrorista más mortífero de la historia de Israel, la Knesset aprobó el lunes por la noche una legislación por la que se crea un tribunal especial para procesar a los acusados de participar en la masacre del 7 de octubre, dirigida por Hamás.

La medida fue aprobada por abrumadora mayoría, con 93 legisladores votando a favor y ninguno en contra.

"Este es uno de los momentos más importantes de la actual Knesset", dijo tras la votación el ministro israelí de Justicia, Yariv Levin. "A partir de la terrible masacre, nos levantamos para cumplir con nuestra obligación moral de llevar a los autores ante la justicia".

Un marco judicial militar específico

La legislación establece un marco judicial militar específico para gestionar los procesos relacionados con el asalto del 7 de octubre, cuando miles de terroristas cruzaron a Israel desde Gaza, matando a unas 1.200 personas y secuestrando a otras 251, al tiempo que cometían actos generalizados de asesinato, violación, tortura y secuestro. El tribunal se ocupará de los casos de unos 300 terroristas capturados en territorio israelí durante el ataque, así como de sospechosos acusados de participar en secuestros y delitos relacionados.

Según la legislación, los sospechosos podrían enfrentarse a cargos como terrorismo, colaboración en tiempo de guerra, delitos relacionados con el genocidio y violaciones de la soberanía israelí.

En los casos más graves, el tribunal tendría autoridad para imponer la pena de muerte.

"Un mensaje claro e inequívoco" a los enemigos de Israel

El proyecto de ley fue presentado conjuntamente por el legislador de la coalición Simcha Rothman, del Partido Sionismo Religioso, y la opositora MK Yulia Malinovsky, del Partido Yisrael Beiteinu.

Rothman dijo a TPS-IL que la legislación envía "un mensaje claro e inequívoco" a los enemigos de Israel.

"El Estado de Israel no olvidará y no perdonará", dijo. "Quienes masacraron, asesinaron, violaron y secuestraron a ciudadanos israelíes serán juzgados y pagarán el precio más alto".

"Esta ley regulará, agilizará y acortará el proceso para llevar ante la justicia a los terroristas responsables de la masacre del 7 de octubre", dijo Malinovsky a JNS.

"Esta ley permite a los jueces imponer las penas más duras disponibles".

"Dado el número de terroristas, escenas del crimen y piezas de evidencia involucradas, la legislación era necesaria. Esta ley permite a los jueces imponer las penas más duras disponibles bajo la ley israelí, incluyendo la pena de muerte", continuó.

"Sin esta legislación, esos terroristas podrían haber muerto de viejos antes de ser juzgados," dijo, y añadió: "Esta ley hará justicia a las víctimas, a sus familias y a todos los ciudadanos de Israel."

Según la legislación, las audiencias se llevarán a cabo públicamente en Jerusalén y se retransmitirán a los telespectadores. Los legisladores dijeron que los procedimientos tienen por objeto no sólo enjuiciar a los sospechosos, sino también preservar las pruebas de las atrocidades para el registro histórico.

"El alcance y la gravedad únicos de las atrocidades plantean un desafío sin precedentes"

Una disposición clave prohíbe que cualquier persona condenada en virtud del marco sea liberada en futuros canjes de prisioneros o acuerdos diplomáticos.

Los partidarios argumentaron que el actual sistema judicial de Israel no estaba diseñado para gestionar crímenes de tal magnitud.

"El alcance y la gravedad únicos de las atrocidades plantean un desafío sin precedentes", se afirma en las notas explicativas del proyecto de ley, citando el número de escenas del crimen, sospechosos y víctimas, junto con las dificultades de recopilar pruebas en tiempos de guerra.

La ley permite a los jueces, en determinadas circunstancias, desviarse de los procedimientos probatorios estándar. También ordena un proceso automático de apelación en cualquier caso que implique una sentencia de muerte, incluso si el acusado declina apelar.

Algunos legisladores cuestionaron el coste previsto del tribunal

A pesar del amplio apoyo, la legislación suscitó las críticas de algunas figuras de la coalición durante las deliberaciones. Los críticos argumentaron que el proceso podría resultar excesivamente largo y burocrático, y advirtieron de que los detalles relativos a la aplicación de la pena de muerte se dejaban en manos de futuras normativas gubernamentales.

Algunos legisladores también cuestionaron el coste previsto del tribunal, estimado entre 2.000 millones de shekel (690 millones de dólares) y 5.000 millones de shekel (1.700 millones de dólares).

En marzo, la Knesset aprobó una legislación separada que autoriza la pena de muerte para terroristas no israelíes condenados por asesinar a israelíes. La Knesset declaró en hebreo que el proyecto de ley sobre la pena de muerte para terroristas establece que a un "residente de la zona, a excepción de un ciudadano israelí o residente en Israel, que intencionadamente haya causado la muerte de una persona en un acto de terrorismo, se le impondrá la pena de muerte, a menos que el tribunal militar considere que existen circunstancias especiales en las que es apropiado imponer una pena de cadena perpetua."

La única persona ejecutada por Israel fue Adolf Eichmann

Sin embargo, como la ley no es retroactiva, no se aplica a los sospechosos acusados de participar en los atentados de octubre de 2023.

De aplicarse, la disposición sobre la pena de muerte marcaría un paso extraordinariamente raro en la historia jurídica israelí.

La única persona ejecutada por Israel fue Adolf Eichmann, uno de los principales artífices del Holocausto. Fue ahorcado en 1962 tras ser declarado culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad. Los tribunales israelíes también condenaron a muerte a John Demjanjuk en 1988 por crímenes cometidos en campos de concentración nazis, pero el Tribunal Supremo anuló la condena en 1993. Posteriormente fue condenado en Alemania y murió mientras apelaba el veredicto.

© JNS

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