Las prisiones de California bajo la lupa del DOJ por presuntos abusos sexuales contra reclusas
Los investigadores descubrieron un patrón de larga data de conducta sexual inapropiada por parte del personal, medidas de protección inadecuadas, fallos en la notificación confidencial de los casos, prácticas de investigación inadecuadas y medidas de rendición de cuentas insuficientes, según informó el departamento.
El Departamento de Justicia (DOJ) en Washington (Foto de archivo)
El Departamento de Justicia anunció el jueves que una investigación sobre el sistema penitenciario femenino de California ha revelado que, presuntamente, no garantizó la seguridad de las reclusas frente a los abusos y el acoso sexuales por parte del personal.
El departamento afirmó que investigó el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California, el Centro Penitenciario para Mujeres de California Central en Chowchilla y la Institución para Mujeres de California en Chino, y que es probable que estos centros estén violando la Constitución al no proteger los derechos de sus reclusas amparados por las Enmiendas Octava y Decimocuarta.
Los investigadores descubrieron un patrón de larga data de conducta sexual inapropiada por parte del personal, medidas de protección inadecuadas, fallos en la notificación confidencial de los casos, prácticas de investigación inadecuadas y medidas de rendición de cuentas insuficientes, según el departamento.
"Las reclusas tienen el derecho constitucional a no sufrir agresiones y acoso sexuales por parte del personal penitenciario", declaró Harmeet Dhillon, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del departamento, en un comunicado.
"La investigación del Departamento de Justicia reveló que el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California tenía conocimiento de repetidos incidentes de agresión y acoso sexual contra reclusas y no las protegió", prosiguió. "Esta indiferencia deliberada ante el sufrimiento de las reclusas a manos del personal penitenciario es ilegal, y la División de Derechos Civiles, en colaboración con las Fiscalías de los Distritos Este y Central de California, pondrá fin a este brutal abuso".
El departamento indicó que ha concedido a California 49 días para resolver estos problemas y aplicar las medidas correctivas mínimas necesarias para subsanar las infracciones, entre las que se incluyen una mayor cobertura de las cámaras de vigilancia, la mejora de los canales de denuncia confidenciales, el refuerzo de los protocolos de investigación, la mejora de la formación y la supervisión del personal, y la implantación de medidas de protección.
El departamento declaró que, si las prisiones no llevan a cabo los cambios necesarios antes del 1 de octubre, podría demandar al estado en virtud de la Ley de Derechos Civiles de las Personas Internadas.
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