Panamá asume el control de dos puertos clave operados por una empresa hongkonesa en el Canal
Los puertos en cuestión son Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico —ubicados en cada extremo de la vía interoceánica—, cuyo contrato fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia panameña el pasado enero.
Puerto de Balboa, en Ciudad de Panamá
Las autoridades de Panamá asumieron este lunes el control de dos puertos del Canal de Panamá, después de concluir el proceso legal que revocó la concesión otorgada a la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings, según informó una fuente oficial.
Los puertos en cuestión son Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico —ubicados en cada extremo de la vía interoceánica—, cuyo contrato fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia panameña el pasado enero.
"La Autoridad Marítima de Panamá tomó posesión de sus puertos y garantiza la continuidad de la operación", anunció en rueda de prensa Max Flórez, director de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares del organismo oficial.
Un proceso de transición
La decisión se oficializó mediante un decreto, emitido pocas horas después de que el fallo de la Corte fuera publicado en el diario oficial, el último paso necesario para que entrara en vigor.
El "decreto de ocupación" abrirá un período de transición de 18 meses, explicó Flórez. Durante ese lapso, la operación de los puertos quedará en manos de dos compañías distintas, hasta que se adjudiquen nuevamente mediante una licitación.
"Vamos a definir el modelo (...) de licitación internacional" para contar con operadores a largo plazo, señaló en la misma conferencia Alberto Alemán Zubieta, encargado de la transición. Por su parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo, Jackeline Muñoz, aseguró que no se producirán despidos en las dos terminales, donde laboran alrededor de 1.200 personas.
Un contrato "leonino"
La nulidad había sido solicitada por la Contraloría General de la República, que presentó demandas al considerar que la concesión vulneraba la Constitución y generaba perjuicios al Estado.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, había calificado en reiteradas ocasiones el contrato como "leonino" y contrario a los intereses nacionales.
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