CUENTA ATRÁS PARA EL DEFAULT

A poco más de una semana para la fecha límite marcada por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la sombra del default parece cada vez menos utópica. Republicanos y demócratas continúan reforzando sus posiciones y demonizando las del rival con gruesas acusaciones, lo que ha llevado a empresas y a los gobiernos de todo el mundo a tratar de prepararse para un tsunami de consecuencias aún incalculables, pero demoledoras para la economía global. Pero, ¿qué ocurrirá si antes del 1 de junio, Kevin McCarthy y Joe Biden no llegan a un acuerdo?

En primer lugar, ¿qué son el límite de deuda y el temido default? Para evitar el despilfarro de las agencias, en 1917 se creó la ley del Techo de Deuda que limita la cantidad total de dinero que el gobierno puede pedir prestado para pagar sus facturas. Es decir, los salarios de los funcionarios, las pensiones, los cheques de los servicios sociales... así como los intereses de la deuda. Si se alcanza el tope establecido, el Tesoro no podrá recurrir a los mercados para conseguir el dinero necesario para el día a día del Ejecutivo, que no podría cumplir con sus compromisos financieros, lo que se conoce como default o incumplimiento. Tampoco podría refinanciar la deuda vieja según vaya cumpliéndose para hacer frente a sus pagos y conseguir liquidez.

El incumplimiento, un escenario "devastador"

¿Qué ocurriría si finalmente se produjera? Los expertos reconocen que las implicaciones totales de esto no se pueden calcular a priori, porque existen muchas ramificaciones que tener en cuenta. Lo que sí aseguran es que "sería devastador". Y no sólo para la economía nacional, sino que provocaría un efecto contagio que haría tambalearse a la economía mundial. Lo que es seguro es que la Administración no podría hacer frente a sus obligaciones con sus empleados, pensionistas, ni con quienes invirtieron en las letras y bonos del Tesoro en busca de rentabilidad y estabilidad.

Esto supondría una rebaja inmediata de la calificación de EEUU por parte de las agencias. Esto conlleva un sobrecoste a la hora de colocar la deuda y una pérdida de confianza en los inversores, que elegirían en primer lugar otras opciones más seguras. Esta es una consecuencia que se producirá según se acerque la fecha límite, incluso antes de que se produjera incumplimiento por parte de la Administración. En 2011, con Barack Obama, el pulso entre los republicanos y el presidente llegó al último día y costó a los estadounidenses una penalización en su categoría crediticia y un sobrecoste de 1.000 millones de dólares.

Caída de valor de los bonos y letras del Tesoro

Según explica John W. Diamond, director del Centro de Finanzas Públicas del Instituto Baker de la Universidad Rice, lo normal es que los bancos y los inversores vayan reduciendo su exposición a los valores del Tesoro estadounidense a medida que se acerque la fecha. La pérdida de valor de bonos y letras supondría un grave quebranto para las arcas de las entidades financieras, ya bastante penalizadas. De hecho, el inicio de la crisis financiera actual se debe precisamente a la caída del valor de los bonos como consecuencia de las subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal. Además, el encarecimiento del crédito para la Administración se trasladaría a los préstamos a empresas y particulares, provocando una subida de las hipotecas y la compra de coches o maquinaria industrial.

Según las estimaciones de Moody's, de no alcanzarse un acuerdo rápidamente, los precios de las acciones caerían casi una quinta parte y la economía se contraería más de un 4%, lo que provocaría la pérdida de más de siete millones de puestos de trabajo. Este panorama provocaría una recesión nacional severa que arrastraría al resto del mundo rápidamente. La primacía de EEUU y del dólar en la economía global se vería aún más comprometida.

¿Invocará Biden la 14ª Enmienda?

Desde 1960, el Congreso ha aumentado hasta en 78 ocasiones el techo de deuda, según el Departamento del Tesoro. El presidente Biden se refirió el pasado domingo a la posibilidad de invocar al 14ª Enmienda en el caso de que las negociaciones no salgan adelante.