Colombia: el presidente Petro le pide ayuda a EEUU para investigar el atentado contra el Senador Miguel Uribe

El atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe ha generado un estado de alarma en Colombia y, ahora, también está teniendo implicaciones en Estados Unidos. El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó que solicitó formalmente apoyo a los organismos de Inteligencia estadounidenses para investigar los hechos detrás del intento de asesinato contra el político conservador ocurrido el pasado 7 de junio.

Según explicó Petro, el arma utilizada en el ataque fue comprada en Arizona, pasó por la Florida y luego ingresó al país sudamericano de forma irregular.

“He pedido a través de la embajada de EE. UU., que los organismos secretos de ese país ayuden a profundidad en la investigación del intento de asesinato del senador Uribe Turbay. El arma del sicario fue comprada en Arizona, EE. UU., y pasó por la Florida”, dijo Petro en su cuenta de X, dejando entrever la posibilidad de una red criminal internacional detrás del atentado.

Miguel Uribe, senador del Centro Democrático y aspirante presidencial, fue baleado en la cabeza y la pierna por un menor de edad durante un evento político en el barrio Modelia, en Bogotá. Desde entonces, fue operado de manera urgente y permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe.

Si bien las primeras versiones apuntaban a un sicariato aislado, con el correr de las horas empezó a tener más fuerza la hipótesis de que existe coordinación del crimen trasnacional, especialmente luego de que algunos funcionarios del Gobierno colombiano revelaran que otras figuras políticas conservadoras, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la periodista y precandidata Vicky Dávila y la senadora María Fernanda Cabal, también podrían estar en potencial peligro de sufrir intentos de asesinato.

La pistola utilizada en el atentado contra Miguel Uribe, una Glock calibre 9 mm, fue comprada legalmente en agosto de 2020 por un ciudadano estadounidense identificado como Charles Joe Anderson, según confirmaron el director de la Policía Nacional de Colombia, general Carlos Fernando Triana; y la fiscal General colombiana, Luz Adriana Camargo.

La compra se realizó a través del distribuidor Aji Port, pero no existen registros oficiales de su entrada a Colombia, lo que indica un tráfico irregular de armas.

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), fue la encargada de entregar la información a las autoridades colombianas tras rastrear el serial del arma e identificar a la persona que la compró por primera vez.

El general Triana y la fiscal general Camargo ratificaron que la trazabilidad del arma refuerza la sospecha de una estructura criminal detrás del ataque.

Además, las autoridades colombianas descubrieron que el menor que disparó y está bajo custodia recibió un pago importante por medios digitales, método comúnmente utilizado por las organizaciones criminales para encubrir sus operaciones.