Una jueza federal rechaza parte de las demandas contra la orden ejecutiva de Trump para reforzar los controles electorales

Una jueza federal limitó el alcance de diferentes demandas presentadas contra una orden ejecutiva firmada por Donald Trump que reforzaba los controles del voto por correo.

En marzo, el presidente firmó una orden ejecutiva que instruía a diversas agencias federales a colaborar en la verificación de la elegibilidad de los votantes para fortalecer los controles sobre la distribución de boletas por correo. 

Entre otras cosas, instruyó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Administración del Seguro Social a elaborar registros de ciudadanos elegibles para votar, ordenó al Servicio Postal implementar sistemas de seguimiento y seguridad para las boletas enviadas por correo y facultó al Departamento de Justicia (DOJ) a priorizar investigaciones relacionadas con la emisión de boletas a personas consideradas no elegibles.

La Casa Blanca defendió la iniciativa como un esfuerzo para fortalecer la integridad electoral y evitar el voto ilegal en elecciones federales.

La orden desencadenó una serie de demandas presentadas por estados liderados por demócratas y organizaciones electorales que buscaron bloquear su implementación. Los demandantes sostuvieron que varias de sus disposiciones excedían la autoridad presidencial y afectaban competencias tradicionalmente reservadas a los estados, en este caso en materia electoral. 

En este contexto llegó el fallo de la jueza de distrito Indira Talwani, quien resolvió limitar el alcance de las demandas. En su fallo de 17 páginas, Talwani dictaminó que los demandantes podrán continuar litigando únicamente sobre los posibles efectos de la orden en las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre. Al mismo tiempo, consideró prematuros los desafíos vinculados a ciclos electorales futuros.

"A la luz de los plazos específicos establecidos en la orden ejecutiva para los próximos tres meses, y dado que habrá elecciones a lo largo de este período —con las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026 a solo cinco meses—, posponer la revisión judicial es inviable y podría causar un perjuicio significativo a los demandantes", escribió la jueza en su fallo. 

La decisión no determina si la orden ejecutiva es constitucional ni bloquea su implementación de forma definitiva. En cambio, mantiene abierta una disputa judicial que podría avanzar a tribunales de apelación y eventualmente llegar a la Corte Suprema.