El Departamento de Justicia abrió una investigación contra el estado de Minnesota por incurrir en presuntas prácticas de contratación racistas
Desde el inicio de su segunda presidencia, Trump ha tomado medidas contundentes contra las iniciativas DEI, al argumentar que estas serían profundamente discriminatorias.

Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia (DOJ) abrió este jueves una investigación sobre el estado de Minnesota para determinar si, tanto este como el Departamento de Servicios Humanos de dicho estado, incurrieron en prácticas de contratación basadas en discriminación racial y de género. “Nuestra investigación se basa en información que indica que Minnesota podría estar llevando a cabo ciertas prácticas laborales que discriminan a empleados, solicitantes de empleo y participantes en programas de formación en función de su raza y sexo, en violación del Título VII”, escribió la fiscal general adjunta y jefa de la División de Derechos Civiles del DOJ, Harmeet K. Dhillon, en una carta enviada al fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y a la comisionada interina del Departamento de Servicios Humanos del estado, Shireen Gandhi.
Asimismo, Dhillon explicó en su carta de dos páginas que la Administración del presidente Donald Trump tenía razones para creer que estaban actuando de forma ilegal. “En concreto, tenemos razones para creer que el Departamento de Servicios Humanos de Minnesota está actuando de manera ilegal mediante, entre otras cosas, la adopción e implementación inminente de su política de ‘justificación de contratación’”, destacó la fiscal general adjunta.
“Contratados en base al mérito”
A principios de este mes, el Departamento de Servicios Humanos de Minnesota lanzó una nueva ley que exige a los supervisores proporcionar una “justificación de contratación cuando se busca contratar a un candidato que no pertenece a un grupo subrepresentado para cubrir una vacante en una categoría laboral con subrepresentación”. Asimismo, dicho departamento le comentó en una carta a la agencia de noticias The Associated Press que la justificación para las contrataciones que estuvieran basadas en acción afirmativa para ciertas vacantes no era más que un requisito de ley estatal que existe desde el año 1987.
En relación con la investigación abierta por el DOJ, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, comentó en un comunicado emitido este jueves por la tarde que los habitantes del estado de Minnesota “merecen que los empleados de su gobierno estatal sean contratados en base al mérito, no en base a políticas ilegales de DEI”, refiriéndose a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.