La "vertiginosa" red de censura de la Administración Biden: decenas de agencias federales, gobiernos extranjeros y 'Big Tech'

El watchdog Media Research Center (MRC) recopiló 57 iniciativas del Gobierno de Joe Biden que "atentaron contra la capacidad de los estadounidenses de expresar lo que piensan". Combinadas, afirma, demuestran una coordinación "vertiginosa" entre más de 90 agencias y cientos de funcionarios, con la Casa Blanca como centro.

Tras un análisis caso por caso, MRC afirma que Biden utilizó "toda la gama" posible de iniciativas censoras contra voces conservadoras o críticas: desde la instrumentalización de departamentos federales hasta el "reclutamiento de agentes extranjeros", pasando por la connivencia con las Big Tech y la financiación de organizaciones censoras externas.

Aunque las medidas habían sido reportadas previamente por el propio MRC, la prensa, organizaciones independientes o comités del Congreso, la novedad del reporte La Administración Biden libró una guerra contra la libertad de expresión es su compendio y sistematización. Así como su empeño por identificar en cada una a todas las agencias involucradas y a los "individuos clave".

Nombres de hasta hace poco altos cargos públicos como Antony Blinken, exsecretario de Estado; Christopher Wray, exdirector del FBI; Merrick Garland, exfiscal general; y Anthony Fauci, exdirector de los Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Y departamentos desde el FBI hasta la TSA, así como la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (y medios independientes como The Poynter Institute). 

La 'gama' de censura

La organización conservadora ordena las "acciones censoras" en cuatro grupos:

Algunos de los casos citados lograron amplia difusión, como los esfuerzos por silenciar discursos que cuestionaban medidas o recomendaciones oficiales durante la pandemia, identificados como la iniciativa número 20 ("iniciativa 20"). El propio CEO de Meta, Mark Zuckerberg, admitió recientemente presiones tras las bambalinas para que su compañía censurase a cuentas de estadounidenses.

En otro caso similar ("iniciativa 21"), Andy Slavitt, asesor principal de la Casa Blanca sobre el covid-19, presionó a Amazon para que redujese la visibilidad de libros críticos con la postura del Gobierno sobre la pandemia. Presiones que no se limitaron a las plataformas tecnológicas:

"Hasta a Trader Joe’s se le exigía mantener los códigos de discurso de Biden", aseguran en la "iniciativa 22", trayendo a colación un fallo de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) contra la cadena de supermercados por haber echado a un empleado que había gritado frente a los clientes y faltado al trabajo en protesta a la suspensión de la obligación de llevar mascarilla.

MRC también apunta a la financiación de organizaciones de monitoreo del discurso como Guidehouse ("iniciativa 23"), el Global Disinformation Index ("iniciativa 11") y NewsGuard (también "inciativa 11"). Aquellas recibieron millones de dólares en fondos públicos mediante la Fuerza Aérea, la Fundación Nacional para la Democracia y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras.

Asimismo, la organización afirma que, poco antes de dejar el poder, el Gobierno anterior intentó "ocultar en agencias secundarias a burócratas de carrera que desempeñan labores de censura" ("iniciativa 56").

"Esto significa que aunque Biden ya no esté, sus iniciativas de censura permanecen", advierte. Incluso llega a hablar de un "gobierno censor en la sombra" ("iniciativa 57"), escondido en sitios como la embajada en Costa de Marfil o la Fundación Nacional para la Ciencia.

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