Un juez de Florida detiene temporalmente los esfuerzos del Departamento de Salud para bloquear anuncios pro-aborto
El magistrado argumentó que las acciones del estado violaban la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.
Un juez de Florida emitió una orden que detiene temporalmente los esfuerzos del Departamento de Salud de detener a transmisión de anuncios que promueven una enmienda sobre el aborto. El juez argumentó que dichas acciones violaban la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda, favoreciendo a un grupo que demandó al estado por censura.
Detalles del conflicto
El conflicto comenzó cuando el Departamento de Salud de Florida que la transmisión de anuncios que respaldan la Enmienda 4, violaba normativas estatales.
Esta enmienda permitiría el acceso al aborto hasta la viabilidad del feto, entre las 24 y 28 semanas de gestación, y revocaría la actual prohibición de abortos después de seis semanas de embarazo que entró en vigor a principios de este año.
Sin embargo, tras la demanda del grupo Floridians Protecting Freedom, un juez decidió emitir una orden de restricción, argumentando que la publicidad política es una forma central de discurso protegido por la Primera Enmienda, e incluso lanzó un insulto directo al estado, afirmando: "Para simplificarle las cosas al estado de Florida: es la Primera Enmienda, estúpido".
Restricciones impuestas al Departamento de Salud
La orden temporal impide que el director general de Sanidad de Florida, Joseph Ladapo, y el exasesor general del departamento, John Wilson, tomen cualquier acción coercitiva, directa o indirecta, contra las emisoras que transmitan el anuncio de Floridians Protecting Freedom. Esto incluye amenazas o insinuaciones de repercusiones legales por emitir contenido relacionado con la Enmienda 4.
Próximos pasos en el proceso judicial
La orden estará vigente hasta el 29 de octubre, cuando se llevará a cabo una audiencia para decidir si se extenderá la prohibición temporal. Durante esa audiencia, el juez evaluará si se justifica una restricción más prolongada mientras continúa el litigio.
Este caso destaca la creciente tensión entre las regulaciones estatales sobre el aborto y la protección de los derechos de libre expresión en un entorno político cada vez más polarizado.