'The Lancet' y el precio de la judeofobia académica

Hace apenas unos días, dos investigadores, el demógrafo Sergio DellaPergola, profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y el analista de datos Mark Zlochin, volvieron a poner a The Lancet en el centro de la tormenta. Publicaron en The Lancet Global Health una correspondencia formal que desmonta, con datos en mano, uno de los estudios más citados de esta guerra que estimó 75.200 muertes violentas en Gaza el incluso acusó al mismísimo Ministerio de Salud gazatí en manos de Hamás, de haber subestimado la cifra real en un 35%. No es un episodio aislado. Es el último capítulo de un patrón que se repite desde hace años, y que cada vez resulta más difícil de explicar solo por "errores metodológicos".

Lo notable del caso es que, como ha pasado con otros organismos en manos de terroristas, las cifras de la (otrora) prestigiosa revista académica iban más allá de la propaganda de Hamás, fuente interesada que no separa combatientes de civiles en su recuento y que ha sido señalada repetidas veces por las inconsistencias en sus números. Ese punto de partida, de hecho, es lo que hace tan grave lo que seguirá: The Lancet, una institución que se presenta como el estándar de oro de la revisión científica, no corrigió al alza esa fuente ya de por sí cuestionada con cautela adicional, sino que la superó ampliamente, usando una metodología que hoy sabemos que estaba contaminada por un puñado de equipos de encuestadores con resultados imposibles. Incluso partiendo de una fuente que todos sabíamos sesgada, una revista científica de primer nivel logró producir algo peor, y tardó meses, y la intervención de investigadores externos, en admitirlo. Esa es la vara que hay que aplicar en todo lo que sigue.

El estudio original, encabezado por el economista Michael Spagat junto a un equipo de coautores, funcionaba con una lógica sencilla, al menos sobre el papel: encuestar 2.000 hogares en Gaza, contar cuántas muertes violentas reportaban esas familias, y luego extrapolar ese número a toda la población de la Franja. Pero DellaPergola y Zlochin, tras examinar los datos crudos publicados por los propios autores, encontraron algo que no debería sorprender a nadie familiarizado con el historial de la revista: dos de los equipos de encuestadores (identificados como "Gaza9" y "Gaza3") arrojaron resultados estadísticamente imposibles de conciliar con el resto de la muestra. Según reportó The Jewish Chronicle, el equipo Gaza9 realizó apenas el 8% de las entrevistas pero concentró una cuarta parte de todas las muertes violentas registradas, con hogares de un tamaño medio muy inferior al de Gaza en su conjunto y una proporción de menores anormalmente baja. Gaza3 presentaba el mismo patrón, todavía más acentuado.

Cuando se excluyen esos dos equipos, la cifra cae a unas 59.200 muertes, un número que se acerca mucho más a la propia estimación del Ministerio de Salud de Gaza. Dicho de otro modo: el "hallazgo" que tantos medios repitieron como prueba de un encubrimiento masivo depende, en buena medida, de dos equipos de campo cuyos datos ni siquiera fueron señalados como atípicos durante la recolección, pese a que el propio diseño del estudio, con rastreo satelital incluido, estaba pensado para detectar justo ese tipo de desviación. El propio profesor Michael Spagat, primer firmante del estudio, reconoció ante la prensa que excluir a esos equipos "reduce la estimación central a aproximadamente 59.200", aunque insistió en sus conclusiones generales. Una respuesta que no resuelve la pregunta de fondo: ¿cómo llegó ese material a publicarse en primer lugar?

Quien conozca la historia reciente de The Lancet sabe que este no es un tropiezo puntual. En 2014, una investigación de NGO Monitor destapó que varios colaboradores habituales de la revista en temas relacionados con Israel, incluida la fundadora de una ONG médica frecuentemente citada por la publicación, habían difundido en privado libelos judeófobos sobre “un supuesto control judío de la banca y los medios”. El entonces editor, Richard Horton, se disculpó públicamente en un hospital israelí, prometiendo poner fin al uso de la revista como plataforma de ataques políticos contra Israel. La promesa no sobrevivió mucho tiempo.

En julio de 2024, The Lancet volvió a publicar, no como estudio revisado por pares, sino como simple carta al editor titulada "Counting the dead in Gaza: difficult but essential", la cifra de que hasta 186.000 personas podrían haber muerto en Gaza, una estimación sin base empírica sólida que aun así fue citada por relatores de la ONU y amplificada por buena parte de la prensa internacional como si tuviera el respaldo científico de la revista. La propia revista aclaraba que ese tipo de "correspondencia" no suele pasar por revisión por pares, y la firmante principal, Rasha Khatib, investigadora de la Universidad de Birzeit, tenía un historial previo de publicaciones en redes sociales en la que calificaba de "inevitable" la violencia palestina, algo que ninguno de los medios que amplificaron la cifra de 186.000 mencionó al citarla. Meses después, en 2025, la publicación dio espacio a una petición de organizaciones como el Health Advisory Council de Jewish Voice for Peace y el People's Health Movement para expulsar a la Asociación Médica Israelí de la Asociación Médica Mundial, sin que el propio artículo de The Lancet recogiera una sola declaración en la que esas organizaciones condenaran a Hamás.

Lo que emerge, episodio tras episodio, es una revista que subvierte su prestigio cada vez que puede amplificar narrativas hostiles a Israel. Lo que le pasó a The Lancet con la cifra de muertos no es un fenómeno aislado de esa revista: es el mismo mecanismo que se repitió, casi calcado, en otros dos ámbitos del ecosistema académico, humanitario e informativo, y verlos juntos ayuda a entender que no se trata de errores sueltos sino de un patrón alarmante.

Es el del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), cuya base de datos de periodistas muertos en Gaza fue citada durante toda la guerra como evidencia de que Israel atacaba deliberadamente a la prensa. Sin embargo, se comprobó que figuraban en el listado de “periodistas” terroristas islámicos corroborados por los propios obituarios difundidos por Hamás y la Yihad Islámica Palestina. El 25 de junio, el CPJ admitió que revisaría su listado completo tras confirmar que había catalogado como periodistas a varios combatientes.

Otro ejemplo es el de Médicos Sin Fronteras. El exsecretario general de la organización, Alain Destexhe, quien trabajó como médico con MSF en los años 80 y dirigió la organización en los 90, acusó públicamente a sus sucesores en Gaza de haberse convertido en "accomplices of Hamas". Destexhe sostiene que la organización, que en su época se definía como neutral e imparcial, hoy replica de forma acrítica las cifras y el relato del Ministerio de Salud gazatí, y señala en particular que MSF nunca corrigió ni retiró su condena inmediata del estallido en el hospital Al-Ahli en 2023, atribuida en su momento a Israel, pese a que después se estableció que la explosión fue producto de un cohete de la Yihad Islámica Palestina que falló en su trayectoria.

El paralelismo no sólo confirma la forma en la que instituciones prestigiosas fueron usadas para blanquear organizaciones terroristas y su accionar, sino la forma en la que dichas instituciones abandonaron su neutralidad científica o profesional debido a estar cooptadas por la ola de judeofobia que avanza en Occidente.

El informe anual sobre antisemitismo de la Universidad de Tel Aviv, publicado en abril, documentó que en 2025 murieron 20 judíos en cuatro atentados distintos en distintas partes del mundo, la cifra más alta en tres décadas. Organismos como el Antisemitism Research Center han registrado un aumento sostenido de la propaganda antisemita durante 2026, y encuestas del Eurobarómetro muestran que un porcentaje creciente de europeos, 47%, once puntos más que en 2018, percibe que el antisemitismo ha aumentado en su país en los últimos cinco años.

En ese clima, una revista médica de referencia mundial, un comité de protección de periodistas o una ONG humanitaria de prestigio no son actores neutrales cuando deciden, sistemáticamente, prestar su membrete a cifras infladas en pos de sostener la propaganda islamista. El propio Lancet pareció admitirlo, aunque fuera de forma oblicua, en un editorial de enero de 2026 en el que advertía sobre los riesgos de que la urgencia emocional sustituya al rigor empírico, mencionando expresamente el preocupante aumento del antisemitismo en todo el mundo como parte del contexto en el que se libran estos debates. Es una admisión hipócrita, ya que la revista es capaz de nombrar el problema en sus páginas de opinión, pero no de aplicarse a sí misma el estándar que reclama.

Lo que revela el caso Lancet (y el de CPJ, y el de MSF) es la disposición de instituciones que se presentaban como custodias de la neutralidad a torcer sus propios estándares según su ideología. Una revista médica, un comité de protección de periodistas, una organización humanitaria: tres bastiones que debían resistir precisamente a la presión política terminaron sirviéndola. Es una pérdida más para Occidente, que ve cómo sus instituciones de mayor prestigio, las que se suponía debían ser el freno frente al fanatismo, no su vehículo, dejan de merecer confianza, corroídas desde adentro por un prejuicio que ya no necesita esconderse detrás de la ciencia para imponerse.