La Corte Suprema le dio la razón a la biología, pero la ideología no ha sido derrotada

El 30 de junio de 2026, en dos fallos gemelos (West Virginia v. B.P.J. y Little v. Hecox) la Corte Suprema hizo lo que el Comité Olímpico Internacional, la mayoría de las federaciones deportivas y buena parte de la clase política occidental se negaron a hacer durante años: reconocer que existen dos sexos, que esa diferencia es relevante para la competencia deportiva, y que un estado tiene derecho a legislar en consecuencia.

Los nueve jueces coincidieron en que las leyes de Idaho y Virginia Occidental no violan el Título IX. Pero en la cuestión constitucional, si esas leyes violan la cláusula de igual protección de la 14ª Enmienda, la Corte se dividió 6 a 3: la mayoría conservadora, liderada por el juez Brett Kavanaugh, sostuvo que los equipos deportivos separados por sexo biológico son una clasificación razonable; la jueza Sonia Sotomayor, en disidencia junto a Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, acusó a la mayoría de "mover los postes" fijados por precedentes anteriores y de resolver una cuestión sensible sin agotar antes la instancia de los hechos. Kavanaugh, por su parte, defendió el Título IX como una de las leyes de derechos civiles más transformadoras del país, señalando que impulsó el crecimiento del deporte femenino, y consideró que exigirle a los tribunales comparar caso por caso las capacidades físicas de cada atleta trans frente a sus rivales sería una tarea imposible de resolver.

No hace falta ser jurista para entender la magnitud del fallo. Durante casi una década, decir en voz alta lo que acaba de sostener la Corte Suprema (que las diferencias físicas entre los sexos son reales y relevantes en el deporte de competición) fue motivo suficiente para perder un trabajo, ser escrachado en redes o directamente acusado de "fóbico". Este fallo no es una novedad conceptual. Es la reivindicación tardía de algo que atletas, entrenadoras y familias vinieron denunciando durante años, mientras eran tratados como intolerantes por hacerlo.

Ahí está el caso de Lia Thomas, el nadador que hasta 2019 compitió en la categoría masculina, sin destacarse, y que, tras su transición, batió récords en la categoría femenina en 2021 y 2022. Ahí está Blaire Fleming, jugador de vóley de la Universidad Estatal de San José, cuyos remates llevaron a que varios equipos rivales prefirieran perder por ausencia antes que exponer a sus jugadoras a una lesión; sus propias compañeras, encabezadas por la capitana Brooke Slusser, tuvieron que demandar a su universidad por Título IX para que alguien las escuchara. Ahí está Payton McNabb, la voleibolista de Carolina del Norte que en 2022 quedó con una lesión cerebral, parálisis parcial y pérdida de visión periférica tras recibir un remate en la cabeza de un rival trans, en un partido donde sus propias compañeras ya conocían la situación pero no se animaban a plantear el problema por miedo a las represalias. Y ahí está el episodio bochornoso de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el boxeo femenino se convirtió en espectáculo cuando Imane Khelif (descalificado un año antes del Mundial de Boxeo Femenino tras un test que arrojó cromosomas XY) derrotó en 46 segundos a Angela Carini, mientras el Comité Olímpico Internacional prefería no pronunciarse antes que exponerse a una acusación de transfobia.

Esos 46 segundos resumen mejor que cualquier discurso lo que significó dejar que la sobreactuación ideológica reemplazara el sentido común deportivo: un comité nacido, entre otras cosas, para dar lugar a un siglo de lucha de mujeres como Alice Milliat terminó permitiendo un combate desparejo dentro de un cuadrilátero, en nombre de la inclusión. Todos estos casos (y muchos otros que nunca llegaron a los tribunales ni a los diarios) los recorro con más detalle en mi libro Las guerras que perdiste mientras dormías, donde reconstruyo cómo la ideología de género fue ganando terreno institucional en el deporte, la escuela y la salud mucho antes de que la política y la Justicia se animaran a discutirlo en serio.

El fallo de la Corte Suprema no revierte esas medallas ni repara esas lesiones. Pero certifica, con la autoridad de la más alta instancia judicial estadounidense, que quienes lo señalaron a tiempo tenían razón. Sin embargo, conviene no exagerar el alcance del fallo. La Corte fue cuidadosa en delimitarlo y los 21 estados que hoy permiten que atletas trans compitan según su “autopercepción” pueden seguir haciéndolo. Es decir, no se ha decidido, ni de lejos, que la ideología de género deje de gobernar buena parte de las instituciones. Y en el resto de Occidente, la distancia entre lo que dice un tribunal y lo que ocurre en la vida cotidiana es todavía mayor.

En el Reino Unido, Canadá y España, el andamiaje que sostiene la ideología de género sigue funcionando con una inercia notable, casi indiferente a los reveses judiciales. Ahí está, quizás, la lección más injusta de todas: un fallo de la corte más alta no alcanza si la burocracia decide simplemente ignorarlo.

El ejemplo más flagrante es el del propio Reino Unido. En abril de 2025 la Corte Suprema británica falló, en el caso For Women Scotland, que los términos "mujer" y "sexo" en la Ley de Igualdad se refieren al sexo biológico. Más de un año después, activistas gender-critical descubrieron, rastreando documentos internos, que el West London NHS Trust (que administra, entre otros centros, el hospital psiquiátrico de alta seguridad Broadmoor) seguía permitiendo a sus pacientes usar los espacios de un solo sexo según su certificado de reconocimiento de género, no según su sexo biológico, en los hechos ignorando lo que ya había resuelto el máximo tribunal del país.

A eso se suma el conflicto de las enfermeras del hospital de Darlington, que tuvieron que formar su propio sindicato porque el NHS no les garantizaba vestuarios exclusivamente femeninos, y el episodio de junio de 2026 en Bournemouth, donde un hombre de 47 años fue arrestado por presuntamente filmar a una madre y su hija en un probador "inclusivo" de H&M, probadores que la cadena mantiene mixtos pese a que semanas antes la ministra de Educación, Bridget Phillipson, había finalmente publicado el código de práctica de 342 páginas de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, que instruye a excluir a los hombres de esos espacios. J.K. Rowling resumió el episodio marcando que era, otra vez, exactamente lo que sus críticos venían advirtiendo que iba a pasar si se mantenían los probadores mixtos.

En Canadá, la resistencia institucional es todavía más cruda. Mientras el Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega revisaron a la baja sus protocolos de "cuidado afirmativo de género" a partir de la Revisión Cass, la Sociedad Canadiense de Pediatría acaba de designar como nueva presidente a una médica que fundó un programa de transición infantil y calificó públicamente esa revisión de poco confiable. 

La ciencia cambió de bando en buena parte de Europa occidental; la burocracia médica canadiense, no.

Y en España, la disputa llegó hasta el material de estudio del secundario británico: se denunció que un libro de repaso para el GCSE de español (el examen que rinden decenas de miles de adolescentes de 15 y 16 años en Reino Unido, editado por Pearson) incluye entre sus ejemplos de vocabulario la frase "lo/la sigo/admiro porque luchó por los derechos de las personas transgénero", en una lista donde el resto de los ejemplos son deliberadamente genéricos. Desde la organización Sex Matters se cuestionó por qué, entre decenas de frases posibles para enseñar una estructura gramatical, la editorial eligió justamente esa. Pearson respondió que se trata de "ejemplos, no de respuestas obligatorias", la misma editorial que ya había sido señalada antes por permitir pronombres neutros en sus exámenes de idiomas, tras años de colaboración editorial con Stonewall.

Pero el peligro más urgente no es solo institucional: es físico. A comienzos de 2026, un activista trans pasó varios días amenazando con un ataque armado a escuelas exclusivas para niñas en Merseyside, exigiendo que las mujeres gender-critical dejaran de cuestionar públicamente a las mujeres trans; terminó condenado a prisión. La cobertura mediática, salvo excepciones, tendió a minimizar la motivación ideológica explícita detrás de las amenazas.

"Yihad trans": "Maten a su republicano local"

El caso más fresco es de apenas dos días después del fallo de la Corte Suprema. Teha Delaruelle, activista trans que había colaborado brevemente con la campaña congresional de la demócrata socialista —también trans— Katrina deVille en Wisconsin, publicó una serie de videos frente a un pizarrón con la leyenda "maten a su republicano local", proponiendo instalar esa consigna como "la posición moderada" del estado, y reivindicando lo que llamó una "yihad trans" contra el electorado de Trump. En un posteo posterior en Substack fue más allá, describiendo la situación de las personas trans como una "exterminación total" que solo podía responderse "destruyendo" a la sociedad que la provoca.

Tampoco es un caso aislado el de un grupo que se autodenomina Bash Back, que hace circular una guía de "acción directa" instando a identificar objetivos "transfóbicos" y a atacarlos hasta que desistan de su actividad; el propio texto admite que sus métodos serán, en la mayoría de los casos, ilegales, y recomienda a sus miembros deshacerse del instrumental utilizado. El grupo ya reivindicó ataques contra la oficina de un ministro británico y contra la sede de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos. Y cuando una organización como el Good Law Project denuncia a colectivos gender-critical por no revelar públicamente la identidad de sus integrantes, omite deliberadamente el motivo real detrás del anonimato: no es vergüenza por sus ideas, es miedo fundado a las amenazas de muerte que reciben mujeres como las que impulsaron el caso For Women Scotland, o como la activista Kellie-Jay Keen, agredida en plena calle en Nueva Zelanda por sostener que los espacios de mujeres deben seguir siendo para mujeres.

El fallo del 30 de junio no cierra nada. Según algunos análisis del propio fallo, deja además servida una nueva ronda de litigios sobre el Título IX en otros contextos, no sólo el deportivo, porque la mayoría conservadora fue más allá de lo que pedían los propios estados demandados al establecer que "sexo" significa siempre sexo biológico, algo que hasta los tres jueces que coincidieron en el resultado final consideraron un paso innecesariamente amplio. Y detrás de cada uno de esos expedientes hay una generación de chicas, desde Payton McNabb hasta las Spartans de San José, que pagaron en su cuerpo y en su carrera deportiva el costo de una ideología que ningún comité, ninguna federación y ningún gobierno tuvo el coraje de frenar a tiempo. La Corte Suprema, al fin, hizo lo que debía. Falta que el resto de Occidente entienda que reconocer la biología es, simplemente, justicia.