De Salem a Colombia: dos juicios, una misma sombra

Por Gabriela Febres-Cordero:

En el año 1971, siendo aún adolescente, estudiaba en un internado en la costa este de los Estados Unidos. Como parte de una actividad escolar, viajamos con nuestra profesora de literatura al pequeño pueblo de Salem, Massachusetts, para conocer el escenario real de los célebres juicios por brujería del siglo XVII. Caminamos por calles impregnadas de leyenda, superstición y monumentos que evocaban las condenas y castigos ejemplarizantes.

De regreso al colegio, comenzamos la lectura de The Crucible (1953), la obra de Arthur Miller inspirada en aquellos hechos de 1692. La profesora quiso recrear la historia en una obra de teatro que presentaríamos al final del año escolar. A mí me correspondió interpretar a Abigail Williams, una niña de 12 años cuyo comportamiento errático —histeria— desató una oleada de acusaciones, detenciones y ejecuciones públicas: literalmente, una cacería de brujas. La atmósfera inquisitorial, los personajes, las víctimas y el juicio… todo quedó tatuado en mi memoria.

Décadas después, en Colombia —país con una reconocida tradición jurídica en América Latina, cuna de prestantes constitucionalistas y defensores del debido proceso— aquella historia de Salem revivió en mi mente, esta vez con ansiedad y desconcierto.

En The Crucible, bastaba con que alguien denunciara que su "ganado había muerto como resultado del maleficio de mi vecina”, para que el reverendo Parris ordenara la detención de esa persona. No se requerían pruebas. La “sensación del maleficio” se convertía en verdad, y la conjetura, en sentencia. La lógica del debido proceso no aplicaba. No se juzgaba por los hechos; se condenaba por las percepciones.

Es imposible no trazar un paralelismo con lo vivido recientemente en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Durante diez horas de lectura del “sentido del fallo”, la juez erigió, de facto, una antesala a la sentencia, saturada de valoraciones subjetivas y desprovista de pruebas concluyentes. Frases como “el señor Álvaro Uribe Vélez sabía lo ilícito de su actuar”, “su conducta fue percibida como dominante”, o “la justicia no se arrodilla ante el poder” fueron presentadas como fundamentos probatorios, cuando en realidad eran opiniones personales. Como en los juicios de Salem, la subjetividad se convirtió en prueba.

El estrado judicial en Bogotá, al igual que el púlpito del reverendo Parris en Salem, lució como un escenario de omnipotencia y escarmiento moral. La juez no argumentó; declaró. La juez no demostró; interpretó. Además, lo abiertamente ilegal —como las grabaciones interceptadas sin control ni legalidad— fue admitido sin reparo.

Yo no soy abogada. No hablo desde el tecnicismo jurídico, sino desde la conciencia ciudadana. Y como ciudadana, me resultan imposibles de ignorar esos paralelismos.

Dos momentos históricos. Dos sociedades distintas. Dos juicios separados por más de 300 años… y, sin embargo, un mismo guion. Como si la justicia no hubiese aprendido nada.

Esto no es una obra de teatro. Es la vida real. Es nuestra democracia. Y está en juego.

Todos los que tuvimos un celular en la mano —en cualquier rincón del mundo— y acceso a YouTube, pudimos constatar expresiones, gestos y comentarios cargados de sesgo hacia el expresidente Uribe y su equipo de defensa. Fueron más de 60 audiencias transmitidas en tiempo real. No hubo filtro. La ciudadanía fue testigo.

La conseja de lo políticamente correcto dicta que debemos acatar el fallo en silencio. Pero me pregunto: ¿acaso el espectador que vio con sus propios ojos estos desplantes y la sutil animadversión hacia la defensa debe restringirse en su opinión? ¿Es deber ciudadano aceptar sin cuestionar lo que se percibe como injusto, solo porque se presenta con toga y estrado?

No tengo una respuesta definitiva. Pero sí tengo una certeza: la democracia no se defiende sola. Necesita ojos abiertos, conciencia crítica y voces que se atrevan a incomodar.

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Gabriela Febres-Cordero es fundadora y presidente de United for Colombia, entidad que promueve la adaptación de prótesis a víctimas de minas antipersona en Colombia.