La mayoría de los estados republicanos se unen contra la FDA de Trump por violar sus leyes provida con normas laxas sobre la píldora abortiva

Tres cuartas partes de los fiscales generales estatales del GOP están haciendo algo antaño impensable: rebelarse contra la Administración Trump. Su punto de ruptura: la violación masiva de sus leyes de aborto propiciada por supuestas dilaciones regulatorias.

Veintiún estados, 60 miembros del Congreso, víctimas de abortos forzados, antiguos proveedores de abortos, grupos de defensa de la medicina e investigadores se enfrentaron a la Administración de Comida y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en los tribunales, respaldando una demanda de Luisiana y una víctima de coacción para bloquear el laxo régimen regulatorio de una píldora abortiva.

La FDA está intentando que se suspenda la demanda mientras dure su prometida revisión de la seguridad de la mifepristona, cuya vigilancia de la seguridad, uso y condiciones de prescripción han sido repetidamente relajadas por las administraciones demócratas, pero las representaciones de la agencia en los tribunales sugieren que podría seguir adelante antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Exasperación de una amplia franja de la presunta base del presidente Trump

El primer obstáculo que deben superar los demandantes y simpatizantes es lograr la legitimación para demandar demostrando que la FDA perjudicó a Luisiana y a la residente del estado Rosalie Markezich, que dice que su novio la obligó a tomar mifepristona que obtuvo por correo desde California.

La avalancha de escritos de amigos del tribunal es inusual para un caso que aún se encuestra en un tribunal de primera instancia, lo que sugiere la exasperación de una amplia franja de la presunta base del presidente Trump. (El expediente muestra que una docena de partes presentaron mociones de permiso para presentar escritos, pero solo cinco han sido aprobadas en este punto por el juez de distrito estadounidense David Joseph).

"El objetivo era precisamente facilitar abortos ilegales", no era algo incidental.

El cambio de 2023 en la Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos de la píldora constituye una federalización prohibida de la política abortista después de que el precedente Dobbs del Tribunal Supremo diera primacía a las "prerrogativas" estatales sobre el aborto en cualquiera de sus formas, perjudicando a Luisiana, Escribió el fiscal general de Nebraska Michael Hilgers en nombre de los 21 fiscales generales republicanos.

Esa eliminación permanente del requisito de prescripción en persona de la mifepristona, tras una exención temporal COVID-19, "permite efectivamente a los médicos de Nueva York y California superponer sus puntos de vista a Estados como Luisiana, cuya ciudadanía y electorado han trazado un camino diferente", violando el "respeto que los Estados deben a los Estados hermanos" en virtud de la Constitución.

El escrito alude a la doctora neoyorquina Margaret Carpenter, objeto de una lucha legal entre Texas y el Estado del Imperio, que "puede eludir las claras prohibiciones de los Estados provida sobre los abortos químicos por telesalud" bajo el REMS 2023, violando su "interés soberano".

La regulación del aborto es una "cuestión estatal por excelencia"

La regulación del aborto es una "cuestión estatal por excelencia", y una regulación federal "no debe permitir que las opciones políticas de California se extiendan más allá de sus fronteras y anulen las opciones contrarias de Luisiana", dijeron los fiscales generales.

La FDA afirma falsamente que ponerse del lado de Luisiana permitiría a los estados desafiar "cualquier acción federal que supuestamente aumente la delincuencia o el desorden", cuando el hecho es que "REMS no aumentó incidentalmente los abortos por telesalud", dijeron. "Atacar los abortos ilegales era precisamente el objetivo... La Administración Biden ni siquiera intentó esconder la pelota".

La agencia también borra el coste financiero que Luisiana ha sufrido por el cambio de 2023 - "al menos 92.000 dólares en aumento de los costes de Medicaid por dos abortos inducidos por mifepristona" - y las "visitas reales a urgencias" de las víctimas de la mifepristona por correo, que el Estado "probablemente tendrá que pagar en última instancia", dice el escrito.

Un escrito de decenas de legisladores federales encabezados por el senador Bill Cassidy y el representante Chris Smith

Un informe de docenas de legisladores federales encabezados por el presidente del Comité de Salud del Senado, Bill Cassidy, republicano por Luisiana, y el representante Chris Smith, republicano de Nueva Jersey, quizá el líder provida de más larga trayectoria en el Congreso, argumenta que el cambio REMS viola la Ley de Procedimiento Administrativo a través de una revisión de seguridad chapucera, que utilizó la ausencia de pruebas para justificar la prescripción por telesalud.

"Esta admisión deja claro que la FDA de Biden se equivocó en sus responsabilidades legales", dice el escrito. "La FDA tiene la carga de establecer la seguridad antes de debilitar las normas de seguridad", como la prescripción en persona, que es crucial para verificar la edad gestacional y detectar las condiciones en las que no se pueden tomar las píldoras, como el embarazo ectópico y el DIU.

El cambio del REMS también viola flagrantemente la Ley Comstock, que prescribe hasta cinco años de prisión en el primer delito por enviar por correo cualquier cosa que provoque intencionadamente el aborto o que se anuncie para provocar que alguien lo use para abortar, dijeron los legisladores, dedicando varias páginas a rebatir los repetidos esfuerzos de la administración Biden por explicar el "texto llano" de la ley.

'Un suministro de píldoras para una víctima de explotación desconocida, invisible y coaccionada'

El investigador de la Universidad de Oxford Calum Miller, médico que ha publicado dos estudios sobre los riesgos del aborto a distancia, afirmó que la FDA ignoró las reservas de "los países europeos más favorables al aborto" sobre las píldoras abortivas recetadas a distancia.

Mientras que el Reino Unido y los Países Bajos lideran Europa con las ventanas más largas para el "aborto a petición (de facto)", con 24 semanas, sus "principales profesionales médicos y políticos proabortistas se han opuesto firmemente al aborto por telemedicina por razones de seguridad" y la mayoría de los demás países europeos proabortistas nunca lo han permitido, afirmó.

La Red Nacional de Profesionales Sanitarios Designados para la Infancia del Servicio Nacional de Salud advirtió en 2021 de que "las consultas virtuales permiten a adultos coercitivos invisibles e inaudibles influir en el paciente", señaló. Las solicitudes pueden ser "totalmente ficticias", lo que permite "un suministro de píldoras para una mujer embarazada desconocida, no vista, coaccionada y víctima de explotación."

"La FDA ha optado arbitraria y caprichosamente por mirar hacia otro lado ante el daño"

Entre los grupos menos conocidos que presentaron escritos se encuentra Justice Foundation, cuyo presidente es conocido poruna campaña legal de años para anular el derecho federal al abortocon Norma McCorvey y Sandra Cano, las principales demandantes en los precedentes fundacionales del Tribunal Supremo sobre el aborto Roe y Doe, que más tarde se arrepintieron de su papel.

La fundación y su Centro para el Aborto Forzado presentaron un escrito conjunto con casi 2.800 "mujeres perjudicadas por el aborto" y Asociación Nacional de Legisladores Cristianos.

"La FDA ha optado arbitraria y caprichosamente por mirar hacia otro lado ante el daño" que permitió contra niñas y mujeres como Markezich, que son "todavía vulnerables a más violencia machista", al allanar el camino para que padres, tutores, el padre del bebé, la prostitución y la trata de seres humanos las obliguen a someterse a abortos químicos, señala el escrito conjunto.

"Un hombre no podría ir legalmente en línea y comprar medicamentos para matar a su bebé bajo el protocolo REMS antes del REMS de 2023", dice su escrito. Si los demandantes no obtienen la legitimación,"no se arrojará luz ni habrá reparación" para las víctimas, "enfriando la determinación de más mujeres perjudicadas a presentarse" y arriesgándose a "volver a ser traumatizadas" cuando su "daño sea ignorado o minimizado."

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