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CK Hutchison reclama más de 1.500 millones de dólares a Panamá por la pérdida de dos puertos del Canal

El conglomerado con sede en Hong Kong inició un arbitraje internacional contra el Estado panameño por la cancelación de las concesiones de Balboa y Cristóbal. Su filial Panama Ports Company mantiene, además, otra reclamación separada por más de $2.000 millones.

Buques de carga en el Canal de Panamá

Buques de carga en el Canal de PanamáAFP

Diane Hernández
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El conglomerado CK Hutchison Holdings inició un procedimiento de arbitraje internacional contra Panamá en el que reclama más de 1.500 millones de dólares en daños y perjuicios por lo que considera la “destrucción” de sus inversiones vinculadas a los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en ambos extremos del Canal de Panamá.

La compañía anunció este jueves que el proceso se basa en presuntas violaciones de un tratado de protección de inversiones y del derecho internacional. Según su comunicado oficial, CK Hutchison sostiene que varias decisiones adoptadas por el Estado panameño terminaron con la pérdida de las concesiones portuarias y la toma de control de las terminales.

“Panamá ha demostrado que se ha convertido en un país de riesgo que ignora el Estado de derecho”, afirmó la empresa, que también acusó al Gobierno panameño de desconocer sus derechos derivados de tratados internacionales.

Una segunda reclamación por más de $2.000 millones

El nuevo arbitraje es independiente del procedimiento iniciado anteriormente por Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison que administró durante casi tres décadas los puertos de Balboa y Cristóbal.

PPC inició en febrero un arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional y posteriormente elevó su reclamación a más de 2.000 millones de dólares, alegando daños derivados de la anulación de sus licencias y de la toma de las terminales por parte del Estado panameño.

Las concesiones habían sido otorgadas originalmente en 1997 por un periodo de 25 años y fueron renovadas en 2021. Sin embargo, la Corte Suprema de Panamá anuló las licencias para operar ambos puertos, abriendo una disputa jurídica y diplomática que también ha estado marcada por las tensiones entre Estados Unidos y China sobre la presencia de compañías vinculadas a Hong Kong en torno al Canal.

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