¿Oculta información el régimen de Delcy Rodríguez? Las sospechas de opacidad que rodean al balance oficial de muertos tras los sismos en Venezuela
El último informe oficial del miércoles situó el número de víctimas fatales en 2.295 y el de heridos por encima de los 11.000.
Delcy Rodríguez en La Guaira.
La brecha entre el balance de víctimas que reportan las autoridades interinidad y las sombrías estimaciones de los organismos internacionales ha desatado una profunda crisis de credibilidad en Venezuela.
El último informe oficial del miércoles situó el número de víctimas fatales en 2.295 y el de heridos por encima de los 11.000. No obstante, las estadísticas de la administración que lidera la encargada del régimen interino, Delcy Rodríguez, omiten por completo un dato neurálgico: la cantidad de personas cuyo paradero se desconoce.
Esta marcada inconsistencia informativa encendió las alarmas de diversas organizaciones de derechos humanos. Organizaciones independientes han denunciado de forma tajante que las cifras oficiales del terremoto generan más dudas que certezas.
Las dudas aumentaron luego de que el coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, señalara que existen al menos 2.500 infraestructuras gravemente dañadas, en su mayoría colapsadas en su totalidad, por lo que anticipó que la tasa de letalidad real es ostensiblemente superior a la difundida.
De hecho, el organismo internacional confirmó la adquisición de 10.000 bolsas para cadáveres en coordinación con las autoridades locales.
El inquietante balance en el epicentro del desastre
Los propios datos suministrados por los voceros oficiales exponen un vacío numérico inexplicable. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, detalló que unas 30.000 personas se localizaban en las zonas más golpeadas del estado costero de La Guaira, específicamente en Caraballeda y Catia La Mar.
Según sus declaraciones, aproximadamente entre 13.400 y 13.500 ciudadanos lograron evacuar por su cuenta, mientras que otras 6.461 personas fueron extraídas por los cuerpos de salvamento. La ecuación arroja una preocupante diferencia de cerca de 10.000 individuos sobre los cuales la vocería oficial no ofreció explicación alguna.
Por su parte, el Comité Internacional de Rescate estimó que el número global de desaparecidos en la nación podría aproximarse a los 50.000, una proyección que la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) tildó de "aterradoramente verosímil".
El subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la agencia, Tom Fletcher, acotó que, si bien este grupo no se encuentra necesariamente sepultado bajo los escombros, la incertidumbre imperante refleja la incapacidad operativa estatal.
Control de la narrativa y cerco a la libertad de prensa
La falta de transparencia responde, según analistas, a un intento deliberado por contener el costo político de la catástrofe sobre una administración que arrastra un severo déficit de legitimidad popular tras los controvertidos comicios de 2024.
Rafael Uzcátegui, director del think tank Laboratorio de Paz, opinó en conversación con CNN que el chavismo recurre al control de la información para mitigar el impacto y blindar al Ejecutivo en un contexto de vulnerabilidad interna dentro de la Fuerza Armada, originada tras la captura de Nicolás Maduro en enero.
Uzcátegui criticó además el sectarismo en la gestión al señalar que el panorama sería distinto si se hubiese convocado a personal técnico capacitado en lugar de mantener a figuras seleccionadas bajo un criterio de estricta lealtad política.
El descontento civil se ha visto agravado por escándalos de pillaje que involucran a las propias fuerzas del orden.
Vecinos de La Guaira captaron en video a funcionarios policiales sustrayendo pertenencias de las zonas de siniestro, lo que obligó al organismo a anunciar su detención.
En paralelo, ha habido denuncias de parte de periodistas señalando que el Ministerio de Comunicación restringió de forma intermitente el acceso y la movilidad de los corresponsales en las áreas afectadas bajo el pretexto de salvaguardar razones sanitarias, una maniobra interpretada como un claro intento de aplacar las críticas y silenciar las denuncias en el terreno.
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