El régimen venezolano confisca activos petroleros a una influyente familia para cederlos a una firma de Estados Unidos

El régimen venezolano ha concretado la incautación de activos petroleros estratégicos en la Faja del Orinoco para ponerlos directamente en manos de una corporación de Estados Unidos. 

Según un reporte publicado por la agencia Bloomberg, las autoridades energéticas de Caracas despojaron de sus derechos de explotación a la firma DP Delta Finance BV —perteneciente a los herederos del fallecido empresario Oswaldo Cisneros— y procedieron a transferir el control de los yacimientos a la estadounidense Pacific Coast Energy Co.

El despojo de la concesión, que abarcaba la empresa mixta Petrodelta junto a la estatal PDVSA y contaba con vigencia operativa hasta el año 2042, se ejecutó mediante un procedimiento de revocación administrativa. 

El Ministerio de Hidrocarburos justificó la medida alegando supuestos incumplimientos en los planes de producción e inversión, decisión que dejó a la firma despojada con un perjuicio calculado en 2.000 millones de dólares.

"El Ministerio del Poder Popular de Petróleo inició la revocación y ellos son responsables de la confiscación", confirmó Juan Domingo Alfonso Paradisi, representante legal de DP, tras la ejecución de la medida estatal.

Giro pragmático y cesión de recursos al capital norteamericano

La maniobra de Caracas para retirar la concesión a los inversores locales y otorgársela a Pacific Coast Energy Co. responde a la necesidad del gobierno de alinearse con las exigencias de Washington en materia energética. 

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha estado bajo constante presión por parte de la administración Trump para abrir de forma prioritaria el sector de hidrocarburos a las corporaciones de Estados Unidos.

Para facilitar el traspaso de estos yacimientos confiscados, Venezuela ha avanzado en la modificación de su legislación petrolera con el objetivo de hacer más atractiva la llegada de inversiones norteamericanas.

Antes del despojo, la firma sancionada llegó a extraer 12 millones de barriles de crudo valorados en 700 millones de dólares e inyectó servicios por 100 millones de dólares sin recibir pago por parte del Estado.