Roban el dinero y las pertenencias de las víctimas: la indignación estalla en Venezuela por los saqueos de los uniformados del régimen en plena tragedia humanitaria por los terremotos

En medio de la peor catástrofe natural de Venezuela en más de un siglo, una escena se repite reiterativamente, provocando una indignación tremenda entre los ciudadanos venezolanos: uniformados del régimen en el terreno están siendo acusados de robar el dinero y las pertenencias de las víctimas del terremoto en lugar de rescatarlas. El caso más viral es el de un funcionario policial increpado por vecinos en La Guaira, sorprendido —según los denunciantes— cuando intentaba quedarse con un fajo de dólares hallado entre los escombros.

De acuerdo con medios locales, el episodio ocurrió en las residencias Vallarta, en Playa Grande, donde un agente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue rodeado por familiares y vecinos que lo acusaron de robar pertenencias (un fajo de billetes) en vez de ayudar a revolver los escombros. En el video, difundido masivamente, se observa cómo la gente le arrebata el dinero y lo rompía frente a las cámaras, entre gritos de “sinvergüenzas” y reclamos para que no jueguen con el dolor ajeno. El funcionario, presuntamente detenido, negó los hechos, aseguró que no había pruebas en su contra y alegó que solo “retenía evidencias”.

La identidad del agente había generado confusión en redes, pero un comunicado oficial del CICPC terminó por confirmar la detención. Según el pronunciamiento, cuatro funcionarios —identificados como Aguilar Reyes Maya, Fredy Rafael Lugo Oliveros, Roger Andrés Omaña y Josué Jhonatan Burgos Sánchez— fueron separados de sus cargos de forma “definitiva e irrevocable” y puestos a la orden de la Fiscalía 68 nacional, con competencia en materia de corrupción. La institución calificó lo ocurrido como una “conducta individual, reprobable” que atenta contra su prestigio. Ese encuadre, sin embargo, choca con el carácter generalizado de las denuncias, que exponen un patrón que se repite en distintos puntos del país. Y precisamente por eso queda la duda de fondo: si las aprehensiones derivarán en condenas reales o si el régimen de Delcy Rodríguez busca, ante el claro malestar popular, aparentar control frente al escándalo.

El caso, de hecho, dista de ser aislado. En los días posteriores a los terremotos del 24 de junio se multiplicaron los videos que exponen a funcionarios y cuerpos de seguridad en conductas similares. En uno, grabado junto a una patrulla de los llamados “Cuadrantes de Paz”, un grupo de civiles acusa a los uniformados de “martillar” a los trabajadores —esto es, exigirles dinero— en lugar de sumarse a las labores de rescate o de trasladar insumos a Caracas y La Guaira. En otro, agentes en moto son señalados de unirse directamente a los saqueos de negocios en La Guaira. La denuncia es generalizada y VOZ, junto a varios medios internacionales, la ha documentado a lo largo de su cobertura de la emergencia.

Las críticas han llegado a la política local y también reporteros internacionales. El dirigente opositor Andrés Velásquez, exgobernador del estado Bolívar, acusó a los militares y funcionarios de la policía de ser “unos ladrones depravados”. El periodista neerlandés Thomas van Linge describió, a su vez, la creciente furia ciudadana contra los soldados que, según denunció, “permanecen de brazos cruzados, acariciando sus armas, indiferentes a salvar vidas”. En uno de los videos que difundió, un vecino desafía a los uniformados a mostrar entre los escombros la misma rudeza que exhiben cuando reprimen las protestas en la autopista Francisco Fajardo, en Caracas.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa cargó directamente contra la Fuerza Armada. “Son inaceptables los videos de soldados, bajo órdenes del corrupto Alto Mando Militar, confiscando o impidiendo la entrada de la ayuda que colectó nuestro pueblo”, dijo. Guanipa contrastó la actuación de los militares con la de 1999, cuando —recordó— las Fuerzas Armadas se movilizaron para auxiliar a los damnificados del deslave de Vargas, y responsabilizó al chavismo de haber degradado la capacidad operativa de la institución “para evitar que alzaran la voz frente a la corrupción, las violaciones de DD. HH. y la entrega de la soberanía a Cuba”.

El malestar se acumula sobre una respuesta estatal cuestionada desde la primera hora por su lentitud, la militarización de las zonas afectadas y los obstáculos a los rescatistas. El propio balance oficial no deja de crecer: el régimen, a través del presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, elevó el saldo a 1.943 muertos y 10.571 heridos, cifras que ninguna fuente independiente ha podido verificar. Mientras las familias siguen buscando a los suyos entre las ruinas, los videos de uniformados hurgando en los escombros alimentan una desconfianza que el chavismo, por ahora, no logra contener.