Las familias de jóvenes asesinados por el régimen venezolano demandan al exdictador Nicolás Maduro ante la Justicia de EEUU por ejecuciones extrajudiciales

Las familias de cinco jóvenes venezolanos asesinados entre 2017 y 2020 presentaron una demanda civil contra el exdictador Nicolás Maduro ante una corte federal de Estados Unidos, acusándolo de ser el responsable directo de un patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales.

Según AFP, la querella, de 44 páginas, fue interpuesta el martes en un tribunal de Brooklyn, Nueva York. De acuerdo con los demandantes, Maduro ordenó a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llevar a cabo estos crímenes como parte de una estrategia de represión estatal contra supuestos opositores y habitantes de barrios populares.

"Escuadrón de la muerte": el patrón de las ejecuciones del régimen

Los hechos descritos en la demanda siguen un modus operandi repetido: agentes de las FAES llegaban de madrugada a los hogares de las víctimas, encapuchados y vestidos de negro, separaban a los hombres de sus familias y los asesinaban a sangre fría. Posteriormente, los funcionarios fabricaron relatos según los cuales las víctimas se habían "resistido a la autoridad".

Las FAES, disueltas en 2021 tras fuertes denuncias internacionales, fueron señaladas por organismos como la ONU como responsables de miles de ejecuciones extrajudiciales durante el Gobierno de Maduro. La demanda las califica abiertamente como "un escuadrón de la muerte o grupo de exterminio" utilizado para aterrorizar a la población y eliminar disidencia.

"Maduro utilizó a las FAES como instrumento político y mecanismo de control social para reprimir violentamente la disidencia", afirma el documento legal. Las familias, cuyos nombres se mantienen en reserva por razones de seguridad, argumentan que el sistema judicial venezolano, controlado por el chavismo, ha impedido cualquier investigación seria de estos casos.

Otro frente legal: las víctimas exigen justicia en EEUU

La acción se presenta bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de EEUU y busca una indemnización económica por parte de Maduro. Se espera que el exdictador, actualmente detenido en Nueva York a la espera de su juicio por narcotráfico, invoque inmunidad como exjefe de Estado.

Maduro, derrocado en enero tras una operación militar estadounidense, enfrenta además cargos penales graves junto a su esposa Cilia Flores, entre ellos conspiración para importar cocaína. En su caso penal se ha declarado "prisionero de guerra" y no culpable.

Esta nueva demanda civil representa otro frente legal para Maduro, mientras las víctimas y sus familias buscan justicia en tribunales internacionales ante la imposibilidad de hacerlo dentro de Venezuela.