La DEA designa a Gustavo Petro como “objetivo prioritario” mientras el DOJ investiga si el presidente tiene nexos con el narcotráfico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido designado como un “objetivo prioritario” por la Administración para el Control de Drogas (DEA), una situación que se produce en paralelo a investigaciones preliminares de fiscales federales que buscan determinar posibles vínculos del líder socialista con redes de narcotráfico, según información publicada por la agencia The Associated Press y el New York Times.

De acuerdo con registros citados por AP, la DEA ha incluido a Petro en varias líneas de investigación desde 2022, muchas sustentadas en testimonios de informantes confidenciales.

Según el informe de la agencia, la designación de “objetivo prioritario” se utiliza para personas que, según la agencia, podrían tener un impacto significativo en el tráfico de drogas. No obstante, no se ha precisado cuándo se le otorgó esa categoría al presidente colombiano, quien llegó al poder en 2022.

En paralelo, fiscales federales en Nueva York —de Manhattan y Brooklyn— abrieron investigaciones independientes sobre el líder colombiano, que en el pasado fue miembro de la guerrilla colombiana M-19. Según el New York Times, el proceso está en etapas iniciales y cuentan con la participación de unidades especializadas en narcotráfico internacional, así como agentes de la DEA y de Seguridad Nacional.

Las investigaciones exploran varias hipótesis, incluyendo posibles contactos con narcotraficantes y eventuales aportes irregulares a su campaña presidencial de 2022. La AP, que también mencionó el reporte del NYT, agregó que los fiscales han interrogado a presuntos traficantes sobre acusaciones de que intermediarios vinculados a Petro habrían solicitado sobornos a cambio de evitar potenciales extradiciones a Estados Unidos, incluso dentro de peligrosas cárceles colombianas como La Picota.

También se investigan posibles nexos con organizaciones criminales internacionales, como el Cártel de Sinaloa o el Cártel de los Soles, cuyo líder, el exdictador Nicolás Maduro, fue capturado el pasado 3 de enero en una operación estadounidense en Caracas. Los fiscales también indagan sobre potenciales maniobras relacionadas con la política de “paz total” del Gobierno colombiano, pues consideran que el proceso de paz con las FARC, que finalmente fracasó, pudo usarse en beneficio de narcotraficantes que habrían contribuido a su campaña presidencial.

Sin embargo, ambos reportes confirmaron que no existen, por el momento, cargos formales ni evidencia pública concluyente que implique directamente al presidente.

Ambas informaciones coinciden en que las pesquisas se encuentran fases preliminares y que no está claro si derivarán en acusaciones. Asimismo, ambos medios subrayaron que la Casa Blanca no ha tenido participación en el inicio o desarrollo de estas investigaciones, que responden a actuaciones de fiscales y agencias federales dentro del Departamento de Justicia.

Mientras tanto, Petro ha rechazado categóricamente todas las acusaciones. En un mensaje difundido en redes sociales, aseguró que “nunca” ha tenido relación con narcotraficantes y se catalogó como un denunciante de vínculos entre el crimen organizado y sectores políticos en Colombia. Además, sostuvo que las investigaciones eventualmente desmentirán lo que considera ataques impulsados por sectores de la oposición colombiana.

Por su parte, la embajada de Colombia en Washington señaló que no ha recibido ninguna notificación oficial de las autoridades estadounidenses sobre una investigación formal contra el jefe de Estado. En un comunicado a AP, calificó las informaciones como “no verificadas” y sin base legal o fáctica.

La investigación del DOJ y la designación de la DEA se producen cuando las relaciones entre Petro y el presidente Donald Trump han mejorado relativamente luego de estar marcadas por tensiones públicas constantes. Sin embargo, la mera existencia de estas investigaciones podría tener implicaciones tanto en la política interna colombiana como en la dinámica bilateral, con la Casa Blanca presionando a Petro para aumentar las colaboraciones para enfrentar al narcotráfico.

En Colombia, además, han surgido en los últimos años investigaciones sobre el entorno cercano del mandatario. Su hijo, Nicolás Petro, fue acusado de recibir dinero ilícito, aunque el presidente ha sostenido que esos fondos no financiaron su campaña. Otras versiones han apuntado a posibles contactos de allegados con narcotraficantes, sin que hasta ahora se hayan traducido en cargos contra el líder socialista.