Gran triunfo legislativo para Milei en Argentina: el Congreso aprobó su ley de "modernización" laboral

El Congreso de Argentina aprobó la reforma laboral de Javier Milei. Tras meses de tensión en las calles y cambios en la Ley de Modernización Laboral, el presidente libertario logró cumplir una de sus grandes promesas de campaña. El último escollo fue el Senado, que terminó aprobando el proyecto con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones. 

Según el Gobierno de Milei, el objetivo central de la reforma es generar incentivos para combatir la economía sumergida y la informalidad, que actualmente alcanza al 43% de los trabajadores. Para ello, busca flexibilizar el mercado laboral, reducir y actualizar ciertas normas que no se modificaban hace más de cincuenta años.

"HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral. VLLC!", celebró el presidente en su cuenta de X. 

La reforma fue inicialmente aprobada en el Senado, que debió volver a votar debido a un cambio introducido por la Cámara de Diputados, que modificó un artículo relacionado con las licencias por enfermedad de los trabajadores. Finalmente, los diputados aprobaron la reforma con 135 votos a favor y 115 en contra, apenas por encima de la mayoría de 129.

El artículo, que no estaba en el proyecto original del Gobierno y fue incluido durante la primera sesión en el Senado, generó mucho ruido, tanto externo como interno. Este estipulaba que los empleadores podían pagarles menos a los trabajadores en caso de enfermedad o “actividades riesgosas”.

Ya sin ese artículo, el texto fue aprobado y enviado directamente al escritorio del presidente Milei.

Las claves de la Ley de Modernización Laboral de Milei

Los ejes centrales de la reforma apuntan a restarle poder a los sindicatos y a generar incentivos para la contratación formal.

Al no tener mayorías en el Congreso, el Gobierno de Milei se vio obligado a negociar y a realizar muchas modificaciones en su proyecto de ley original. Las negociaciones se dieron con otros espacios políticos, sindicatos y especialmente gobernadores.

Terminar con la “industria del juicio”

Actualmente, Argentina tiene 30 veces más juicios laborales que España y 16 veces más juicios laborales que Chile. Los juicios pueden producirse por una incorrecta registración del trabajador o porque no se cumplió alguna parte del acuerdo.

En caso de juicio, los jueces tienen discrecionalidad plena para decir cuánto tiene que pagar el empleador en cuanto a multas, intereses y actualizaciones. Según argumenta al Gobierno, muchas veces esto llevaba la cifra a montos desproporcionados que en última instancia terminaban perjudicando la situación financiera de pequeñas y medianas empresas.

Por lo tanto, la reforma pondría límites a la discrecionalidad de los jueces sobre cuánto debe pagar el empleador en caso de juicio, añadiendo un parámetro que le dé proporcionalidad. En concreto, se establecerá un mecanismo para fijar los intereses, según una tasa fijada por el Banco Central, dándole más certeza a los empleadores.

Incentivos a la inversión y a la contratación formal

La reforma también crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), uno de los puntos centrales para incentivar el empleo registrado. Este contempla la posibilidad de regularizar situaciones laborales no registradas o deficientes en ciertos casos, reduciendo o eliminando sanciones, deudas y acciones penales contra los empleadores.

A su vez, el Gobierno de Milei implementará el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), con el objetivo de facilitar e incentivar la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, podrán acceder a créditos especiales y diferentes planes de amortización para realizar estas inversiones.

Las pequeñas y medianas empresas podrán utilizar este mecanismo para inversiones entre 150.000 dólares y hasta 9 millones de dólares, en bienes nuevos u obras destinadas a actividades productivas.

¿Jornada laboral de 12 horas?

A pesar de que se haya viralizado que la reforma impondría una jornada laboral de 12 horas, lo que hace es flexibilizar la jornada de los trabajadores. De esta manera, autoriza extender a la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas, siempre respetando el descanso obligatorio de 12 horas entre jornadas y las 40 horas semanales.

Esto pretende que el trabajador y el empleador puedan negociar bajo un esquema de horas más flexible, con la posibilidad de sumar horas de trabajo cuando sea necesario, para luego compensarlo con incluso días libres.

¿Qué pasa con los aportes solidarios a los sindicatos?

A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en Argentina la presencia y el poder de los sindicatos es más fuerte. Se estima que entre el 25% y el 35% de los trabajadores asalariados en Argentina están afiliados a un sindicato, mientras que ese número es de apenas el 10% en Estados Unidos.

En este contexto, en el país sudamericano existe un mecanismo conocido como ‘cuota sindical’, que es un pago voluntario que realiza el trabajador al sindicato al que está afiliado.

Por otro lado está el ‘aporte solidario’, que no es voluntario. Todos los trabajadores del sector, estén afiliados o no, deben pagar un porcentaje al sindicato. Este aporte se descuenta del salario y va directo al sindicato en cuestión, que justifica el cobro argumentando que cuando negocia lo hace en favor de todos los trabajadores, estén o no afiliados.

Si bien la Administración Milei no logró eliminar este aporte con la reforma, pasará a ser del 2% mensual como máximo y por un periodo de dos años.

Convenios Colectivos de Trabajo

Los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) son acuerdos negociados entre un sindicato y una cámara empresarial que fijan las reglas laborales para toda una actividad o sector económico, por ejemplo gastronomía, minería, etc.

A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en Argentina, cuando un convenio se firma y es homologado por el Estado, se vuelve obligatorio para todas las empresas y todos los trabajadores de ese sector, estén afiliados o no al sindicato.

Actualmente, ese convenio sectorial está por encima de lo que puedan acordar a nivel de empresa o grupo de empresa. Por lo tanto, la reforma invertiría ese orden, definido como ‘prelación’, para que los acuerdos de menor nivel (convenios colectivos acordados entre empresa o grupos de empresas) estén por encima de los sectoriales.

Si hay acuerdo, el convenio de menor nivel estaría por encima del sectorial. Si no hay acuerdo de menor nivel, continúa vigente el sectorial.  

Desde el Gobierno aseguran que esto permitirá que los acuerdos laborales puedan modificarse según las realidades de cada región y provincia, sin que haya un mismo estándar para las empresas de la capital del país y de una provincia del norte, que no tienen los mismos costos.