Condenan a hasta 17 años de prisión a otros implicados en el caso donde fue sentenciado Bolsonaro
Los sentenciados -entre ellos un policía federal, cinco militares y el presidente de un instituto de auditoría electoral- fueron considerados culpables de participar en una presunta red que difundió información falsa sobre el sistema electrónico de votación.
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La Corte Suprema de Brasil condenó este martes a penas de entre 7,5 y 17 años de prisión a siete personas involucradas en "la tentativa de golpe de Estado" ocurrida -según los jueces- tras las elecciones de 2022, en las que el entonces presidente Jair Bolsonaro se enfrentaba al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Los sentenciados -entre ellos un policía federal, cinco militares y el presidente de un instituto de auditoría electoral- fueron considerados culpables de participar en una presunta red que difundió información falsa sobre el sistema electrónico de votación y promovió acciones destinadas a desestabilizar el orden institucional, informó la AFP.
"Fabricaron y diseminaron narrativas falsas sobre el proceso electoral con el objetivo de generar caos social e inestabilidad para concretar la ruptura institucional", señaló el juez oficialista Alexandre de Moraes, relator del caso.
Condenas previas y apelaciones pendientes
La decisión se produce un mes después de que el máximo tribunal impusiera una pena de más de 27 años de prisión a Bolsonaro, de 70 años, al hallarlo responsable de supuestamente "liderar una organización criminal armada para mantenerse en el poder".
Otros siete exfuncionarios de su entorno también fueron condenados en ese proceso.
El tribunal tiene 60 días para publicar el documento con las deliberaciones completas, tras lo cual las defensas contarán con cinco días para apelar. Bolsonaro, bajo prisión domiciliaria desde agosto y con restricción de uso de redes sociales, espera la publicación formal de su sentencia para que sus abogados puedan presentar los recursos correspondientes.
Su defensa ha reiterado que apelará el fallo y sostiene que el expresidente no tuvo participación directa en los hechos investigados.
El expresidente brasileño, además, permanece inhabilitado políticamente hasta 2030, tras un fallo del Tribunal Superior Electoral que lo responsabilizó por sus ataques infundados al sistema de votación.
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El Departamento de Estado sancionó además al sistema de apoyo del juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes, incluida su esposa, después de que el Tribunal Supremo condenara al expresidente.
Washington también está investigando una posible manipulación de los registros migratorios de la Oficina Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), luego de que documentos falsos de entrada al país fueran utilizados por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil para justificar una polémica detención preventiva contra el exasesor presidencial Filipe Martins, un aliado clave del líder conservador y expresidente Jair Bolsonaro.
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