EEUU investiga una manipulación de su base migratoria usada por la Justicia brasileña para encarcelar a un exasesor de Bolsonaro

El Gobierno de Estados Unidos está investigando una posible manipulación de los registros migratorios de la Oficina Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), luego de que documentos falsos de entrada al país fueran utilizados por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil para justificar una polémica detención preventiva contra el exasesor presidencial Filipe Martins, un aliado clave del líder conservador y expresidente Jair Bolsonaro.

El caso, revelado por la propia CBP hace diez días y calificado por la columnista del Wall Street Journal Mary Anastasia O’Grady como un “fraude migratorio”, está generando frente diplomático y judicial inédito entre Washington y Brasilia, y plantea preguntas sobre el uso indebido de información estadounidense en procesos de motivación política en la región.

El “error” del CBP y la admisión oficial

En un comunicado emitido el 10 de octubre, la CBP reconoció que había sido “erróneo” el registro que señalaba la entrada de Martins en Orlando el 30 de diciembre de 2022. En su mensaje, el propio organismo admitió que el documento I-94 —el registro oficial de ingreso de extranjeros a EEUU— fue fabricado con datos incorrectos y que el caso se encuentra bajo investigación interna.

La misma agencia detalló que el error sirvió para justificar meses de prisión preventiva contra el asesor conservador, que por entonces era muy cercano al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado y otros cuatro delitos en un proceso judicial controvertido e irregular.

La defensa de Martins sostiene que el registro nunca existió y que fue creado a posteriori, en medio de la batalla legal que afrontaba Martins, también vinculado a la trama del golpe de Estado.

Según la Defensa, el documento contaba con errores evidentes en la ortografía del nombre de Martins, en el número de pasaporte y en el tipo de visa.

La CBP no solo corrigió su base de datos, sino que también condenó públicamente el uso indebido de la información por parte de la Justicia brasileña. De acuerdo con el comunicado, la manipulación del sistema migratorio estadounidense podría haber involucrado acceso no autorizado o uso indebido de plataformas oficiales por funcionarios extranjeros.

“Reconocemos que el juez de Moraes citó un registro erróneo para justificar el encarcelamiento de meses del Sr. Martins. La inclusión de este registro inexacto en los sistemas oficiales de la CBP continúa bajo investigación, y la CBP tomará las medidas necesarias para evitar futuras discrepancias”, se lee en el anuncio.

“La CBP condena enérgicamente cualquier uso indebido de esta entrada falsa para fundamentar la condena o el encarcelamiento del Sr. Martins o de cualquier otra persona. Reafirmamos nuestro compromiso con la integridad de nuestros registros fronterizos y el apoyo a los principios de justicia y derechos humanos”.

El rol de Alexandre de Moraes

En Brasil, el juez Alexandre de Moraes —miembro del Supremo Tribunal Federal y figura central en los procesos contra exfuncionarios de Bolsonaro— utilizó el supuesto ingreso a EEUU como prueba para ordenar la detención de Filipe Martins, citando un potencial riesgo de fuga debido a, presuntamente, la falta de registro de salida de Brasil.

Martins fue arrestado en febrero de 2024 y permaneció 183 días en prisión preventiva, diez de ellos en régimen de aislamiento, según la defensa. Desde entonces, cumple medidas cautelares.

La defensa y los críticos del proceso argumentan que el magistrado de Moraes fabricó un caso sin fundamentos, basado en pruebas inservibles y registros alterados.

De Moraes, un juez conocido por su activismo judicial y por haber sido sancionado por la Administración Trump por abuso de autoridad, también es señalado por diversos sectores como el principal artífice de la "persecución judicial" contra figuras del bolsonarismo.

En el caso Martins, las irregularidades más fuertes están en los registros de ingreso al Palacio de la Alvorada —que la Fiscalía brasileña presentó como prueba de reuniones “golpistas”. Esos registros, según la defensa, contiene errores ortográficos, tachaduras y ausencia de cadena de custodia.

Una vulneración con posible alcance transnacional

La columna de Mary Anastasia O’Grady en el Wall Street Journal deja claro que las declaraciones del CBP han elevado el caso a una dimensión internacional. Según la columnista, si se confirma que agentes o autoridades brasileñas accedieron irregularmente al sistema del CBP, la situación podría escalar rápidamente a un delito transnacional que compromete la seguridad de la infraestructura digital del Gobierno de EEUU.

“Alguien en la CBP o en el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS), que supervisa a la agencia, merece crédito por sacar a la luz esta farsa. La CBP dice que la investigación continúa, y es bueno, porque el trabajo no ha terminado. El caso tiene todos los indicios de una infiltración extranjera en la CBP”, escribió la columnista.

Sin embargo, la documentación también pudo generarse con complicidad interna, lo que expondría a la agencia.

Mientras las hipótesis empiezan a surgir, la defensa de Martins ha presentado una demanda en tribunales federales de Florida para obtener los nombres de los funcionarios responsables de las modificaciones en el sistema. Por ahora, los documentos entregados por la agencia llegaron con datos censurados, denunció O’Grady.

Potenciales implicaciones políticas y diplomáticas

El caso amenaza con aumentar las tensiones en la relación entre Washington y Brasilia, en un contexto en que el presidente Lula da Silva intenta recomponer su imagen internacional y proyectarse como socio un poco más confiable de la Administración Trump. Si se comprueba que funcionarios brasileños usaron indebidamente una base de datos federal de EEUU, el episodio podría desbaratar las intenciones de Lula.