Italia: Meloni asesta un duro golpe contra la ocupación ilegal y las protestas con un mega decreto de seguridad aprobado por el Senado
En su cuenta de X, Giorgia Meloni, defendió la aprobación del Senado al señalar: “La legalidad y la seguridad son pilares de la libertad. Y seguiremos defendiéndolas con determinación”.
Giorgia Meloni (Archivo)
El Gobierno italiano, liderado por la presidente del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, ha implementado un nuevo decreto de seguridad que introduce medidas severas contra la ocupación ilegal de viviendas, entre otras disposiciones.
Aprobado por el Senado italiano el jueves con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención, el decreto refuerza las leyes contra los "okupas" y establece procedimientos de urgencia para desalojos, según señala La Razón.
Nuevos delitos en el Código Penal
El decreto introduce 14 nuevos delitos en el Código Penal italiano, destacando el delito de “ocupación arbitraria de un inmueble destinado a domicilio ajeno”, tipificado en el nuevo artículo 634-bis.
Este delito conlleva penas de prisión que van de dos a siete años, un endurecimiento significativo frente a la legislación anterior. Además, se establece un procedimiento de urgencia que permite a las autoridades actuar de manera inmediata para liberar los inmuebles ocupados, siempre que se cumplan las condiciones de usurpación definidas en la ley.
En su cuenta de X, Meloni señaló:
“Con la aprobación definitiva del Decreto de Seguridad en el Senado, el Gobierno da un paso decisivo para reforzar la protección de los ciudadanos, de los colectivos más vulnerables y de nuestros hombres y mujeres uniformados. Intervenimos con determinación contra las ocupaciones ilegales, acelerando los desalojos y protegiendo a las familias, a las personas mayores y a los propietarios honestos, demasiado a menudo abandonados ante injusticias intolerables. Luchamos contra las estafas a las personas mayores, un fenómeno vil que afecta a quienes más merecen respeto y protección. Por último, fortalezcamos las herramientas con que cuentan las fuerzas policiales, para defender a quienes defienden a los ciudadanos cada día. La legalidad y la seguridad son pilares de la libertad. Y seguiremos defendiéndolas con determinación”.
Con l’approvazione definitiva del Decreto Sicurezza al Senato, il Governo compie un passo decisivo per rafforzare la tutela dei cittadini, delle fasce più vulnerabili e dei nostri uomini e donne in divisa.
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 4, 2025
Interveniamo con determinazione contro le occupazioni abusive,… pic.twitter.com/hDHM1XSW8e
El objetivo de estas medidas, según el Gobierno de Meloni, es proteger a los propietarios de inmuebles que, durante años, han enfrentado ocupaciones ilegales sin una tutela efectiva por parte del Estado. La normativa busca garantizar la devolución rápida de las propiedades a sus legítimos dueños y sancionar con mayor severidad las actividades ilícitas.
Objetivos del decreto
Sin embargo, el decreto de seguridad de Meloni no solo se centra en la ocupación ilegal, sino que también aborda otras cuestiones, como el endurecimiento de penas para delitos relacionados con el terrorismo y la protección de las fuerzas de seguridad.
La líder italiana ha defendido estas reformas como un paso necesario para reforzar la legalidad y la seguridad en Italia.
Nuevos delitos y sanciones a la desobediencia civi
Sin embargo, los detractores consideran que la normativa restringe el derecho a manifestarse pacíficamente, una preocupación respaldada por el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, quien alertó sobre el riesgo de limitar las reuniones públicas.
Otra es la “protección jurídica específica” a policías y militares investigados o imputados por actos relacionados con su servicio. El Estado cubrirá hasta 10.000 euros por etapa del proceso judicial, permitiendo que los agentes sigan trabajando durante las investigaciones. Esta medida, como señaló Meloni en su cuenta de X, busca proteger a las fuerzas del orden.
Además, el decreto elimina la suspensión de penas para mujeres embarazadas o con hijos menores de un año, permitiendo su encarcelamiento junto a los menores.
De igual manera, se introducen sanciones más estrictas para actos de resistencia pasiva en cárceles, ampliando el control sobre los reclusos.
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