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La agencia de inteligencia alemana declara al partido AfD como “extremista” y abre la puerta a su ilegalización

Los líderes de AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla, respondieron calificando la decisión como un “golpe para la democracia”. 

Buzón de Alternativa para Alemania (AfD)

Buzón de Alternativa para Alemania (AfD)AFP

Agustina Blanco
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La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), la agencia de inteligencia interior de Alemania, ha clasificado oficialmente al partido Alternativa para Alemania (AfD) como una “organización extremista de derecha”, una decisión que intensifica la vigilancia sobre la formación y reaviva el debate sobre su posible ilegalización, según reporta La Gaceta.

La medida, anunciada el viernes, marca un hito en la escalada de tensiones entre AfD, la principal fuerza de oposición en el Bundestag, y las autoridades alemanas.

Según un comunicado de la BfV, la calificación se basa en un “examen pericial intensivo y exhaustivo” que concluye que el posicionamiento antiinmigratorio de AfD “no es compatible con el orden fundamental libre y democrático”.

La agencia señala que el partido, fundado en 2013, promueve una concepción étnica del pueblo alemán que excluye a ciudadanos con antecedentes migratorios, especialmente de origen musulmán, violando su dignidad humana y los principios constitucionales. “Estamos convencidos de que Alternativa para Alemania es un movimiento claramente de extrema derecha”, declararon conjuntamente el vicepresidente de la BfV, Sinan Selen, y la vicepresidente, Dra. Silke Willems.

La decisión amplía la vigilancia sobre AfD a nivel nacional, permitiendo a las autoridades monitorear reuniones, intervenir comunicaciones e infiltrar informantes en la organización. Algunas facciones del partido, como su ala juvenil, ya habían sido clasificadas como extremistas, y las ramas regionales en Turingia, Sajonia y Sajonia-Anhalt enfrentaban esta designación desde hace tiempo. 

Desde 2021, la BfV había considerado a AfD un “caso sospechoso de extremismo de derechas”, pero la nueva clasificación, respaldada por un informe de más de 1.100 páginas, eleva la presión sobre la formación.

AfD, que obtuvo el 20.8% de los votos en las elecciones generales de febrero de 2025, consolidándose como la segunda fuerza en el Bundestag con 152 escaños, ha experimentado un ascenso constante en popularidad. Una encuesta de Ipsos en marzo de 2025 situó a AfD como la primera fuerza en intención de voto, con un respaldo de hasta el 23% según sondeos recientes. 

Los líderes de AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla, respondieron calificando la decisión como un “golpe para la democracia”. 

En un comunicado compartido en X, acusaron a la BfV de actuar por motivos políticos para desacreditar a la principal fuerza de oposición, especialmente a pocos días de la investidura del nuevo canciller, Friedrich Merz. “Al Gobierno federal le quedan solo cuatro días y la agencia de Inteligencia ni siquiera tiene presidente”, señalaron, cuestionando la legitimidad de la BfV, cuya presidencia está vacante desde noviembre de 2024. 

El vicepresidente del partido, Stephan Brandner, anunció que AfD analizará la decisión la próxima semana para evaluar posibles acciones legales.

Por su parte, la ministra del Interior en funciones, Nancy Faeser, defendió la independencia de la BfV, afirmando que el informe es una “evaluación clara e inequívoca” sin influencia política. Faeser destacó que AfD promueve una política de carácter neonazi con “declaraciones racistas, especialmente contra migrantes y musulmanes”.

Sin embargo, el canciller saliente, Olaf Scholz, pidió cautela ante una posible ilegalización, abogando por intensificar la vigilancia y estudiar las consecuencias de la nueva clasificación antes de tomar medidas drásticas.

La decisión de la BfV podría tener implicaciones significativas, incluyendo la limitación del acceso de AfD a financiación pública y la ruptura del cordón sanitario que otros partidos han impuesto para evitar colaborar con la formación. 

Mientras el debate sobre el futuro de AfD se intensifica, la formación ya ha anunciado su intención de impugnar la decisión en los tribunales, lo que podría prolongar la controversia en un momento de transición política en el país.

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