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El Gobierno británico podrá actuar contra las plataformas que no censuren según sus dictados

Advierten que las autoridades "podrán silenciar el discurso de los usuarios e incluso encarcelar a aquellos que publiquen mensajes que no les gusten".

Canva.

Publicado por
Verónica Silveri Pazos

En Reino Unido, el proyecto de ley de seguridad en línea lleva casi un año tramitándose en el Parlamento. La norma establece responsabilidades de "deber de diligencia" para que las plataformas tecnológicas respondan a lo que el gobierno considera "daños en línea".

La norma será supervisada por la Oficina de Comunicaciones del Reino Unido (OFCOM) -el regulador gubernamental de los medios de comunicación británicos- quien, en caso de incumplimientos de parte de las plataformas, sería el encargado de imponer multas de 22 millones de dólares (18 millones de libras) o el 10% de los ingresos globales de la empresa, la cantidad que sea mayor.

"El gobierno podrá silenciar a los usuarios"

"La cura es mucho peor que la enfermedad", señaló Matthew Feeney, director de Tecnología e Innovación del Servicio Público de Chipre. El polémico proyecto de ley ha sido enmendado por un grupo de legisladores, añadiendo también penas de encarcelamiento para los administradores de las tecnológicas que infrinjan las regulaciones.

La ley obligaría a las redes sociales a actuar como "censores" de contenido. Joe Mullin analista político de Electronic Frontier Foundation (EFF) advirtió:

Si se aprueba el proyecto de ley de seguridad en línea, el Gobierno del Reino Unido podrá silenciar directamente el discurso de los usuarios e incluso encarcelar a aquellos que publiquen mensajes que no le gusten (...) El proyecto de ley faculta a la OFCOM para imponer fuertes multas o incluso bloquear el acceso a sitios que ofenden a las personas (...) Esos poderes plantean serias preocupaciones sobre la libertad de expresión. Desde entonces, el proyecto de ley ha sido enmendado, y ha empeorado.

Contenidos "dañinos" y la ley de comunicaciones

La Ley de Comunicaciones de 2003 ya le da el poder a los tribunales de sancionar a los residentes del país que hayan cometido faltas "gravemente ofensivas" en línea. Además, se permitiría que un funcionario del Gobierno determine cuál es el contenido dañino. Es decir, sería decisión del secretario de Estado de Digital, Cultura, Medios y Deporte precisar los incumplimientos cometidos por las plataformas y ordenarles eliminar o evitar el contenido que considere que no cumple los estándares de la norma, con los cuales se pretende:

- Evitar la difusión de contenidos y actividades ilegales, como imágenes de abusos a menores, material terrorista y delitos de odio.

- Proteger a los niños de los contenidos nocivos.

- Proteger a todos de los contenidos "legales pero dañinos".

Paul Bernal, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de East Anglia, dijo en marzo:

Los ataques masivos a la privacidad (incluido un terrible requisito de supervisión general) y la libertad de expresión (a través del concepto altamente polémico 'legal, pero dañino') son solo el punto de partida. El uso probable del 'deber de cuidado' exigido de proveedores de servicios en línea que limiten o incluso prohíban tanto el cifrado como el anonimato, nos hace a todos menos seguros y menos libres.
El control político de la censura a través de Ofcom es en cierto modo incluso peor, como casi cierta incapacidad para realizar las tareas gigantescas que se le exigen, y eso ni siquiera comienza con las cargas burocráticas gigantescas y costosas que se imponen a las personas que operan servicios en línea.

¿Qué dicen las plataformas tecnológicas?

Meta Platforms Inc. -empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp- declaró que la legislación "amenaza con vigilar y censurar constantemente los mensajes privados de las personas" si no se modifica.

Twitter apuntó en julio de 2022 -antes de ser adquirida por Elon Musk- que le preocupaban los problemas del proyecto en torno a la libertad de expresión. Por su parte, Google señaló que el proyecto de ley parece incentivar "la vigilancia general automatizada, y la eliminación excesiva de contenidos".

Un portavoz del Departamento de Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte de Reino Unido declaró al respecto:

Las empresas tecnológicas han fracasado en la lucha contra los abusos a menores y la encriptación de extremo a extremo podría cegarlos en sus sitios, al tiempo que obstaculiza los esfuerzos para atrapar a los agresores (...) Como último recurso, OFCOM tiene el poder de exigir a las aplicaciones de mensajería privada que utilicen la tecnología para detectar el material de abuso sexual infantil; esto sólo puede utilizarse cuando sea proporcionado y con estrictas garantías legales de privacidad.

Gigantes de Silicon Valley, medios de comunicación, aseguradoras, el Grupo LEGO, el fabricante de cigarrillos electrónicos Juul Labs, la aplicación de citas Bumble, periodistas, religiosos, entre otros, también se han mostrado en contra de la aprobación de la ley.

"El proyecto de ley hará que sea política del Gobierno decirle a las plataformas tecnológicas de qué pueden hablar las personas (...) "Ya hemos visto muchos ejemplos de plataformas de redes sociales que censuran ampliamente el contenido sobre varios temas controvertidos, a menudo para complacer a los reguladores gubernamentales, señaló periodista de Reason.

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