El fiscal acusado de proteger al narco en Bolivia y el chivo expiatorio favorito de la izquierda: Estados Unidos

El 30 de septiembre, la Policía de Bolivia detuvo al fiscal general del país, Roger Mariaca, acusado de proteger a narcotraficantes y lavar dinero. El hombre encargado de perseguir a los criminales se encontraba ahora acusado de protegerlos. Sin embargo, sectores de la izquierda han dirigido la mirada hacia Washington, denunciando una supuesta injerencia estadounidense y vinculando la detención con la investigación de Mariaca sobre Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz que ha trabajado con líderes y campañas de derecha en toda América Latina. La narrativa de la izquierda busca debilitar al Gobierno de Paz, exacerbar las tensiones y desviar la atención de la pregunta que Bolivia necesita responder con urgencia: ¿hasta qué punto han penetrado los narcotraficantes en las instituciones bolivianas?

El 28 de septiembre, Estados Unidos revocó la visa de Mariaca y prohibió la entrada al país a sus familiares directos. La justificación fue grave: funcionarios estadounidenses acusaron al exfiscal general boliviano de solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a eludir la justicia. Mariaca rechazó las acusaciones y las calificó de presión política. Dos días después, la Policía boliviana lo detuvo cerca del aeropuerto internacional de Santa Cruz. Lo que comenzó como una sanción diplomática se había convertido en un proceso penal que alcanzaba los niveles más altos del Ministerio Público.

En el centro del caso se encuentra Sebastián Marset, presunto capo uruguayo del narcotráfico, capturado en Bolivia en marzo y posteriormente trasladado a Estados Unidos para ser juzgado. Antes de la detención de Mariaca circularon grabaciones atribuidas a Marset, incluido un video en el que describe al fiscal como su amigo. El material también contiene la afirmación de que un pago de 500.000 dólares le permitió permanecer en Bolivia y continuar sus operaciones. Las autoridades bolivianas acusan a Mariaca de encabezar una red que protegía al narcotráfico, con imputaciones que incluyen organización criminal, lavado de dinero y tráfico de sustancias controladas.

Las autoridades también informaron que interceptaron una ambulancia que salía de la casa de Mariaca con aproximadamente 300.000 dólares en efectivo, presuntamente provenientes de extorsiones. Si los fiscales demuestran que las redes criminales compraban protección dentro del organismo encargado de investigarlas, el problema de Bolivia va mucho más allá de las drogas que cruzan sus fronteras. Significa que la propia autoridad pública estaba en venta y que restablecer el Estado de derecho exige perseguir a los funcionarios que presuntamente hicieron posible esa protección.

Frente a acusaciones de esta gravedad, la izquierda ha recurrido a una vieja táctica política: convertir a Estados Unidos en el villano y relegar la presunta corrupción a un segundo plano. El debate deja de centrarse en si los fiscales protegían a una red de narcotráfico y pasa a discutir si Estados Unidos tenía algún derecho a confrontarlos. Es una salida conveniente para eludir la rendición de cuentas.

La izquierda asegura que el caso de Mariaca está ligado a una violación de la soberanía boliviana por parte de Estados Unidos. No es cierto. Pero ya que se pone sobre la mesa el tema de soberanía, vale la pena recordar que esa palabra también implica contar con instituciones que no puedan comprarse. Un país cuyos fiscales sirven a intereses criminales pierde la capacidad de hacer cumplir sus propias leyes, proteger a sus ciudadanos y gobernar su territorio. Erradicar la corrupción es una afirmación de independencia nacional.

Bolivia tiene razones propias para llevar adelante esta investigación, más allá de los intereses de Washington de proteger su país del daño que producen las estructuras transnacionales del narcotráfico. Los bolivianos merecen fiscales que investiguen delitos en lugar de negociar protección para quienes están acusados de cometerlos. La respuesta patriótica consiste en exigir que el caso alcance a todos los funcionarios que las pruebas impliquen.

Precisamente por eso, los bolivianos que quieren liberar a su país de la influencia criminal tendrían incluso motivos para agradecer la asistencia estadounidense si su Gobierno la solicita. Cuando las redes criminales operan a través de las fronteras y compran protección dentro del Estado, la cooperación internacional es fundamental ayudar a las autoridades nacionales a recuperar el poder que esas redes les han arrebatado. La asistencia proporcionada a petición de Bolivia reforzaría su soberanía al ayudar a que las instituciones bolivianas respondan ante sus ciudadanos, en lugar de hacerlo ante los narcotraficantes. El Gobierno de Paz ya ha retomado la cooperación antidrogas con la DEA, incluido el intercambio de inteligencia y el apoyo para capacitar a agentes y evaluar su integridad. Aceptar esas herramientas también es una decisión soberana.

Los límites de la autoridad del Estado boliviano resultan particularmente visibles en el Chapare, la región productora de coca donde el expresidente Evo Morales permanece protegido por sus seguidores. Morales tiene órdenes de captura pendientes en procesos distintos: uno por trata agravada de personas, relacionado con una presunta relación con una menor cuando era presidente, y otro por presunto terrorismo y alzamiento armado vinculados a protestas contra el Gobierno. Las autoridades han atribuido la falta de ejecución de las órdenes a la dificultad de ingresar en su bastión sin provocar un enfrentamiento con sus seguidores. Su paradero no es un misterio; el obstáculo es hacer cumplir la ley cuando el acusado tiene un ejército privado que lo impide.

Que integrantes de sindicatos cocaleros protejan a un expresidente que enfrenta graves acusaciones penales ilustra con crudeza los enormes desafíos que afrontan las autoridades bolivianas. En un país donde las órdenes de captura no bastan para llevar a un expresidente ante un tribunal, exigir responsabilidades a los funcionarios poderosos es fundamental. El caso Mariaca plantea una prueba decisiva: ¿pueden las autoridades bolivianas hacer cumplir la ley incluso cuando el propio fiscal general del país es quien está bajo investigación?

Sectores de la izquierda prefieren desviar la atención hacia una supuesta injerencia estadounidense. Ese conocido estribillo no ofrece respuestas sobre quién pudo haber vendido protección, quién se benefició ni hasta dónde penetraron las redes criminales en el Estado. Bolivia no puede permitirse que las acusaciones contra Washington opaquen las denuncias contra sus propios funcionarios. Estas investigaciones deben continuar y alcanzar a todos los que las pruebas impliquen, por poderosos que sean.