Un juez federal bloquea los operativos del DHS contra el fraude electoral en nueve estados
La medida limita las investigaciones de campo que puedan involucrar a ciudadanos estadounidenses y estará vigente hasta las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.
Una jueza federal de California ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspender determinados operativos relacionados con presuntos casos de fraude electoral en nueve estados, a menos de dos semanas de las elecciones de mitad de mandato.
La magistrada Araceli Martínez-Olguín emitió el fallo el miércoles 21 de octubre, en respuesta a una demanda presentada por la Asociación de Enfermeras de California, National Nurses United, Voto Latino y autoridades locales, que cuestionaron los métodos utilizados por el DHS para investigar posibles irregularidades en el registro y la participación electoral.
Política
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La resolución afecta a California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin, donde las autoridades federales habían impulsado investigaciones sobre posibles casos de votación ilegal de personas sin ciudadanía estadounidense.
La jueza determinó que los procedimientos utilizados para identificar a posibles infractores presentaban deficiencias y podían incluir a ciudadanos estadounidenses con derecho a votar, lo que planteaba riesgos de intimidación electoral.
La orden prohíbe específicamente las entrevistas e investigaciones de campo dirigidas a personas que los agentes sepan o tengan motivos razonables para sospechar que son ciudadanos estadounidenses. También restringe determinadas operaciones basadas en los registros utilizados por el DHS para identificar posibles irregularidades. No constituye una suspensión general de todas las investigaciones de fraude electoral.
La restricción permanecerá vigente hasta el 3 de noviembre, día de las elecciones, aunque su aplicación quedó temporalmente suspendida hasta las 5:00 pm del viernes 23 de octubre, lo que deja margen para una eventual impugnación del Gobierno.
La decisión representa un revés judicial para una de las iniciativas de la Administración Trump destinadas a reforzar los controles contra la participación electoral de personas que no reúnen los requisitos legales para votar.
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