Un juez federal desestima una demanda de México que culpa a los fabricantes de armas de la violencia en su país

Un juez federal de Boston (Massachusetts) desestimó este miércoles la demanda por 10.000 millones de dólares que México presentó contra varios fabricantes de armas estadounidenses en 2021.

En el escrito, el Gobierno mexicano reclamaba esa suma a siete fabricantes de armas (Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett y al vendedor y distribuidor Interstate Arms) al considerarlos responsables, en parte, de la violencia criminal de su territorio.

En concreto, señalaba la demanda, estos fabricantes situados en Massachusetts vendían armas a los carteles de la droga que luego las empleaban en sus crímenes y, por ello, México les pedía que asumiesen su parte de culpa.

Sin embargo, tres años después, el juez Dennis Saylor alegó, según pudo saber The Guardian, "falta de jurisdicción" y, lo que es más importante, aseguró que no se podía probar que el crimen en México "surgía" de las transacciones comerciales entre los fabricantes de armas en Massachusetts y los carteles de la droga sino que esa pregunta que se intentaba plantear en el escrito judicial "es, en el mejor de los casos, muy tenue".

Ya se desestimó otra demanda en 2022 pero el gobierno mexicano presentó una nueva querella en un intento de responsabilizar a los fabricantes de armas que esta vez no ha continuado adelante ya que ninguna de las seis fabricantes de armas que aparecen en el escrito están constituidas en el estado.

Si permanece vigente la demanda contra las empresas Smith and Wesson así como el distribuidor Interstate Arms. Ambas empresas deberán responder al litigio que presentó el gobierno de México y que aún continúa adelante. 

Así lo aseguró la Cancillería de México mediante un comunicado publicado en la red social X en el que aseguró que "esta decisión no afecta a la demanda contra estas dos empresas ni absuelve de responsabilidad a las otras seis empresas. Las acciones contra estas seis empresas continúa":

La Cancillería de México también aseguró que pretendían responsabilizar al resto de empresas por colaborar en el crimen organizado en su país, llegando incluso, a plantearse "si se presenta una apelación o si las demanda en otras cortes estadounidenses".